Un año difícil para la eólica en busca de la estabilidad regulatoria

El sector eólico español vivió en 2010 uno de los año más difíciles, sin duda, de su corta historia al tener que enfrentarse, por una parte, a la situación creada por la resolución del Gobierno en diciembre de 2009 respecto al Registro de Pre Asignación con la creación de tres cupos anuales para la instalación de la potencia admitida en dicho registro; por otra, a la incertidumbre creada por el anuncio, en primavera, de una reducción de la retribución de la energía eólica –junto con otras tecnologías de energías renovables– que no se plasmó hasta diciembre, con un acuerdo con el sector en el camino, pero dejando atrás un rastro de desconfianza para inversiones futuras; y, finalmente, a la ausencia de un marco regulatorio y retributivo para la potencia a instalar a partir de 2013 que, dados los plazos de maduración de un proyecto eólico, asegura ya un parón en el desarrollo de la energía eólica en nuestro país.

Al mismo tiempo, durante 2010 asistimos a una reducción paulatina de los objetivos para las energías renovables a 2020. La expectativa abierta por la decisión de la Unión Europea, en el Consejo Europeo de marzo de 2007, de alcanzar para el final de esta década un 20 por ciento de energías renovables en la energía final consumida se concretaba en la Directiva de Renovables aprobada en diciembre de 2009 que obligaba a los países miembros a presentar unos planes de acción nacionales.

El Gobierno, a lo largo de 2010, ha ido reduciendo sus objetivos. El escenario presentado en marzo a los partidos, en el marco del llamado Pacto de Zurbano, fijaba una penetración de renovables en la generación eléctrica del 42,8% que se ha reducido finalmente a un 37,6%, mientras que los objetivos de la eólica marina pasaban de 5.000 MW a 3.000 MW en los objetivos presentados por el Gobierno y asumidos por la Subcomisión del Congreso de los Diputados, para finalmente quedarse en 750 MW eólicos en el borrador del Plan de Energías Renovables 2011/2020, presentado en mayo de 2011.

La potencia instalada en tierra se mantenía en 35.000 MW frente a los 40.000 MW que en su día propuso AEE. Sin embargo, frente a este panorama, la eólica demostraba su eficiencia y eficacia como pilar del sistema eléctrico, no solo en nuestro país sino en el mundo entero, manteniendo unas tasas de crecimiento muy altas y demostrando su perfecta integración en la red. La generación eólica seguía alcanzando cotas de penetración impensables años atrás y contribuía como primera tecnología renovable a la producción.

La situación creada por la resolución del Registro de Pre Asignación para instalaciones eólicas del Régimen Especial creado por el Real Decreto Ley 6/2009, que tardó ocho meses en producirse, no solucionó definitivamente la paralización que había generado en el sector, con la consecuente pérdida de miles de empleos en la industria eólica que ya se abordaba en el anuario “Eólica 2010”.

Al contrario, la relación de proyectos eólicos admitidos, publicada el 15 de diciembre de 2009, creaba nuevos problemas por el reparto en tres cupos de la potencia admitida en el citado Registro y por dejar fuera a instalaciones eólicas que habían entrado ya en funcionamiento o estaban a punto de hacerlo.

Durante todo el año 2010 la Asociación Empresarial Eólica ha realizado un inmenso esfuerzo de diálogo con el Gobierno, a distintos niveles, y con los representantes de administraciones autonómicas, de la Comisión Nacional de la Energía, parlamentarios de las principales fuerzas políticas, sindicatos y organizaciones sociales, etcétera, para explicar las consecuencias de esa situación y para urgir a la toma de medidas que evitarán un daño irreparable al tejido industrial.

Esas entrevistas se iniciaron en enero con responsables de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno y con el propio Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín. Las demandas de AEE, avanzadas en la rueda de prensa del 21 de diciembre de 2009, eran fundamentalmente el adelanto de parte del cupo de 2011 a 2010, unos 800 MW, y todo el cupo de 2012 a 2011, con el objetivo de que la industria eólica recuperase un ritmo de actividad que evitara la posible deslocalización de las principales fábricas eólicas y situara a la industria nacional en una situación desfavorable ante la competencia de los próximos años; la aprobación de una convocatoria especial que acogiera a las instalaciones que estuvieran en funcionamiento antes del 30 de abril de 2010 y que habían quedado fuera del Registro, instalaciones para las que el sector cifraba entre 300 y 400 MW; y, por último, AEE pedía la aprobación del nuevo decreto de regulación de su actividad, en el plazo más breve posible, para que entre en vigor simultáneamente a la inauguración de las últimas instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007, reivindicación que sigue vigente en mayo de 2011.

En los primeros contactos, los responsables de la política energética del Gobierno se mostraron poco flexibles en la aplicación del Registro de Pre Asignación así como en la rectificación que solicitaba el sector para evitar la paralización de la industria, especialmente en lo que se refería a la posibilidad de adelantar la potencia de las Fases II y III para dar trabajo al sector industrial.

En esas primeras reuniones se expuso un nuevo problema que había provocado el Registro al suponer una barrera para el desarrollo tecnológico, puesto que no se contemplaba la instalación de nuevos prototipos de aerogeneradores hasta el año 2012, reivindicación para la que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunció una solución que estudiaría conjuntamente con el Ministerio de Innovación.

En cuanto a la nueva legislación, el Ministerio señaló que “se iría hablando a lo largo del año” pese a que AEE insistió en que era imprescindible que se cerrara durante el primer semestre y comunicó que se barajaba la idea de aplicarnos una fórmula similar a la “fotovoltaica”, es decir, cuotas con periodos cortos, con flexibilidad a la tarifa en función del cumplimiento de las cuotas.

La noticia positiva, que sin embargo no se llegó a concretar, fue el anuncio de darle prioridad a la repotenciación en las nuevas convocatorias para Pre Registro.

En marzo, el Gobierno incluía, en su propuesta de Acuerdo Político para la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo –conocido como Pacto de Zurbano–, cuatro medidas que contenían una definición del mix energético para 2020 que situaba a la eólica como principal pilar del Sistema Eléctrico, con una aportación de 83.750 GWh muy por delante de los 62.036 GWh que aportaría el ciclo combinado y los 55.600 GWh de la energía nuclear.

AEE hizo pública una nota de prensa en la que el sector se felicitaba “por el reconocimiento al rol tan importante que puede desempeñar la energía del viento”. En términos de potencia instalada el documento fijaba, para 2020, como objetivos 35.000 MW de eólica terrestre y 5.000 MW de eólica marina, objetivos, que, teniendo en cuenta el descenso de la demanda eléctrica de este último año, AEE consideraba razonable.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno anunciaba también una medida para revisar antes del 31 de diciembre: el sistema de incentivos a las energías renovables, a la que AEE contestó que la primera premisa para este ejercicio era el análisis, una por una, de las tecnologías y de sus características, mientras insistía en que “es fundamental que, para que esos objetivos puedan alcanzarse, se atiendan sus demandas para flexibilizar el acuerdo del Gobierno sobre el Registro y definir en este primer semestre, el nuevo entorno normativo”.

En una reunión posterior a la publicación de este documento, AEE tuvo una nueva reunión con el Secretario de Estado de Energía en la que se comprometió a tener lista la nueva regulación antes del 31 de diciembre de 2010. La postura de AEE sería solicitar una retribución correcta y unos cupos lo suficientemente amplios y sin segmentación territorial. También anunció el MITyC su compromiso de resolver los temas de Convocatoria Cero y de los parques desfasados “en las próximas dos semanas”. En cuanto a los proyectos de I+D+i se anunció que se prepararía un nuevo borrador en la línea de las propuestas que se le han hecho llegar desde la Asociación.

Fruto de las conversaciones con los sindicatos para analizar la pérdida de más de 6.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos que la creación del Registro de Pre-Asignación (RDL 6/2009, de 6 de mayo) había supuesto por la paralización de la industria eólica, AEE y la Federación de Industrias Afines de la Unión General de Trabajadores y la Federación de Industria de Comisiones Obreras presentaron el 16 de marzo el “Manifiesto por el empleo en la eólica”, en el que reclamaban al Gobierno dos medidas: adelantar los cupos de potencia eólica a instalar para que el cupo de 2011 pase a formar parte del de 2010 y que el de 2012 se desplace a 2011 para aumentar la carga de trabajo de la industria eólica.

Por otra parte, sindicatos y empresarios pedían la elaboración, negociación y aprobación, con el apoyo de estas tres entidades, y durante el primer semestre del presente ejercicio, del nuevo marco retributivo, recordando que “la situación que vive el sector actualmente era impensable hace un año porque la eólica siempre ha sido una industria modélica, especialmente en los últimos años (sólo en 2008 aportó 3.803 millones al PIB -0,39%-, exportó 2.900 millones de euros y sumó 4.000 empleos hasta alcanzar los 41.000 puestos de trabajo)”.

En ese acto, el Presidente de AEE, José Donoso, señaló que la eólica debía haber sido una industria “mimada por el Gobierno” y que el hecho de haber seguido de forma estricta lo marcado por el Plan de Energías Renovables 2005-2010, hacía aún más innecesaria la modificación de las reglas estipuladas por el RD 661/2007. Se recordó que desde la creación del Registro de Pre-Asignación hasta la publicación de los proyectos eólicos que finalmente se habían inscrito en el mismo, pasaron ocho meses, lo que se tradujo en una fuerte reducción de la carga de trabajo para las empresas fabricantes.

Según AEE, “ya se han perdido 6.000 empleos directos y otros 10.000 indirectos” y la situación parece que continuará empeorando en los próximos meses. El fenómeno de la deslocalización es una seria amenaza, ya que muchos fabricantes pueden optar por trasladar sus instalaciones industriales a otros países ante la falta de mercado interno. Por su parte, los representantes sindicales destacaron la importancia del sector eólico en concreto, y las renovables en general, como sustitutas de las fuentes tradicionales (carbón y petróleo) y la posición de liderazgo en el ámbito tecnológico de un sector que, cada año, va siendo más importante en todo el planeta.

A la propuesta de revisión de la retribución de las energías renovables en el ámbito del Pacto de Zurbano siguieron diversas declaraciones de los responsables de la política energética del Gobierno y de otros agentes del sector y medios de comunicación, en las que se cuestionaba el sistema de primas, campaña ante la que AEE se defendió especialmente “en el caso de la eólica porque significa una garantía de competitividad para el futuro frente a la incertidumbre de los precios de los combustibles fósiles que en cualquier caso tendrá una tendencia al alza”.

En un importante acto del sector energético, celebrado en abril, AEE presentó también sus objetivos para 2020 y 2030, que alcanzan los 45.000 MW y 60.000 MW respectivamente, en este caso gracias a la repotenciación que aportaría más de 30.000 MW que deberán aprovechar, en el futuro, los mejores emplazamientos con máquinas más eficientes.

Foro de las Renovables

Como la campaña contra las energías renovables arreciaba y ya se hablaba de medidas retroactivas en la retribución, las asociaciones del sector (AEE, AEF, Protermosolar, ASIF y APPA) reunidas en el denominado Foro de las Renovables, decidieron elaborar una declaración conjunta, el 22 de abril, en la que se advertía que la posible aplicación de retroactividad en la legislación sobre renovables pone en riesgo la credibilidad de España e incrementa su riesgo-país, en un entorno de crisis económica global.

La medida, además de amenazar al sector renovable español, impedirá alcanzar los compromisos adquiridos en materia energética y ambiental de nuestro país con la Unión Europea.

En este sentido, las asociaciones pedían al Gobierno:

Coherencia entre su discurso de apoyo a las energías renovables y la legislación, que ahuyenta la inversión y paraliza el desarrollo del sector.

Un pronunciamiento público, inmediato e inequívoco del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) que elimine la incertidumbre regulatoria, devuelva la confianza en el marco jurídico español y rechace la retroactividad en renovables y en cualquier
sector económico regulado.

La reanudación, también inmediata, de las negociaciones sobre el futuro marco regulatorio para el sector de las energías renovables en España.

Además, el Foro de las Renovables consideraba que la posible aplicación de la retroactividad, al vulnerar la seguridad jurídica, frenaría la financiación de nuevos proyectos, conllevaría la destrucción de miles de empleos, el hundimiento de la inversión en I+D+i y, en definitiva, pondría en peligro un sector en el que España es líder mundial y que está llamado a ser uno de los motores para superar la crisis económica.

Encuentro con Sebastián

En este ambiente, en el mes de mayo la Asociación Empresarial Eólica tenía su primera entrevista con el Ministro de Industria Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en la que sus representantes transmitieron la necesidad “urgente” que tenía el sector eólico de un marco que le aporte estabilidad para su desarrollo futuro. Asimismo, AEE se mostró contraria a la aplicación de una posible retroactividad en el cobro de la retribución al sector, ya que apenas tendría impacto en el déficit de tarifa y, sin embargo, pondría en juego el futuro del sector y la posibilidad de conseguir financiación.

AEE recordó que la energía eólica representó en 2009 un 34% de las primas a las renovables, pero aportó el 72,7% de la producción del sector y que además, las primas a la eólica en España están entre las más bajas de los países del entorno.

En ese encuentro AEE también insistió en que el Gobierno debía modificar algunos aspectos del Registro de Pre-Asignación que ha paralizado la actividad del sector desde su publicación, hacía un año, reivindicaciones que seguían vigentes pese a los numerosos contactos con el Ministerio, y que son: la petición de flexibilidad en el traspaso de proyectos entre unas fases y otras; la inscripción de los parques con acta de puesta en funcionamiento anterior al 30 de abril de 2010 que no habían sido registrados (más de 400 MW); y un procedimiento regulatorio especial para los nuevos prototipos de aerogeneradores, con el fin de evitar la paralización de los desarrollos tecnológicos.

Sobre la futura retribución para la energía eólica, AEE destacó la importancia de que garantice una “rentabilidad razonable y suficiente” a los proyectos para poder seguir atrayendo financiación e inversiones a un sector que ha protagonizado, hasta la fecha, una historia de éxito y ha sido un ejemplo para otros países. La Asociación Empresarial Eólica dio muestras en todo momento de su voluntad de diálogo y transmitió la idea de que, tan importante como la retribución de los proyectos eólicos, es el marco legal en el que se desarrolle.

La Asociación considera que la energía eólica debe seguir siendo una apuesta estratégica para reducir la vulnerabilidad energética de España y uno de los sectores clave en el cambio de modelo productivo.

Semanas más tarde, un encuentro con periodistas económicos permitió al presidente de la Asociación ratificar estos planteamientos recordando que “la energía eólica no es la responsable del déficit de tarifa y tampoco puede ser la solución”, ya que las primas a la energía eólica no son directamente responsables del déficit de tarifa. Las primas sólo son imputables al déficit cuando se produce un desvío entre lo que prevé el Gobierno que cuesten y su coste real. “En el caso de la energía eólica, en 2009 este desvío fue de sólo 230 millones de euros, es decir, menos del 5% del déficit de tarifa total”, explicó José Donoso. 

Del total de primas que se concedieron en España en 2009 a las energías renovables, las de la eólica representaron el 34%, mientras que esta tecnología generó el 72,7% de la energía renovable. En este sentido, el presidente de AEE insistió en que el sector no estaba de acuerdo con el planteamiento inicial del Ministerio de Industria de rebajar las primas de forma retroactiva a los parques eólicos que están en funcionamiento, ya que “el coste para el sector sería muy superior al beneficio para el Gobierno”.

José Donoso aprovechó este encuentro para insistir también en que la eólica no es cara: en los últimos cinco años, el coste de la eólica para un hogar medio español ha sido de 1,3 euros al mes. “Además, en 2009, cada gran consumidor industrial se ahorró 160.000 euros gracias a la eólica”.

Las primas a esta tecnología en España son más bajas que en otros países. En nuestro país, se paga a la eólica 77 euros, sumando el precio del pool eléctrico más la prima. En Alemania son 92 euros, en Francia, 86, y en Reino Unido, 101.

Todos estos datos son fundamentales para el debate sobre la retribución de las renovables que se estaba produciendo en esos momentos, por eso concluyó señalando que sería un “error histórico, en un momento como éste, en el que recogemos los frutos y somos líderes mundiales, dar un paso atrás”.

Pacto de Estado de Energía

Cuando las negociaciones entre la Asociación Empresarial Eólica y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio parecían haber entrado en fase decisiva, el anuncio sorpresa, a finales de junio, por parte del Gobierno y del Partido Popular de un gran Pacto de Estado en materia energética, forzó su aplazamiento.

A pesar de ello, AEE valoró positivamente, en aquel momento, que los dos grandes partidos tuvieran la intención de firmar un gran Pacto de Estado siempre que supusiera una mayor estabilidad, pero manifestó que el aplazamiento de las negociaciones sobre la nueva regulación volvía a sumir al sector eólico en un estado de incertidumbre que ya se prolongaba desde hacía más de un año. El sector reclamó ser tenido en cuenta en las conversaciones sobre la definición del nuevo modelo energético.

Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.

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