La industria fotovoltaica española fabricó casi 700 megavatios (MW) en 2010, de los que exportó el 70% para compensar la ralentización del sector en España, donde este año también espera un ejercicio "sombrío" debido a la "desconfianza" generada por los últimos recortes "retroactivos" del Gobierno y la falta de crédito, anunció la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif).
Durante la presentación del informe anual 2011, el presidente de Asif, Javier Anta, explicó que ni siquiera la disposición del Ejecutivo a habilitar una línea especial del ICO para la fotovoltaica ha surtido efecto, ya que la medida está pendiente de desarrollo y las garantías exigidas son "del 120% o del 130%" con respecto al coste del proyecto. "La financiación es muy escasa y la mortalidad de los proyectos muy elevada, del orden del 25%", señaló Anta, quien además lamentó los retrasos en la publicación de los distintos prerregistros trimestrales del Ministerio de Industria de nueva potencia fotovoltaica. Este nuevo sistema contempla la instalación de 400 MW nuevos en 2011, un tercio de ellos en suelo.
El presidente de Asif también reconoció que el modelo de retribución del real decreto 661/2007 "era insostenible", pero dijo que "hay que vivir con ello" y no recortar las primas del sector a través de "la alternativa de la retroactividad". Además, calificó de "bastante penoso" la persecución por parte de Industria y la Comisión Nacional de la Energía (CNE) del fraude fotovoltaico. Asif, dijo, defiende la máxima legalidad y estabilidad en el sector, pero también advierte de que "hay instalaciones que tienen todo en orden, y cautelarmente se les ha quitado la tarifa".
Por otro lado, la asociación calcula que en otoño se cumplirá el máximo de horas de retribución anuales contemplado en el real decreto ley 14/2010, con el que se pretende ahorrar unos 700 millones en primas anuales durante tres años. A partir de esa estación y hasta final de año, las plantas deberán ir al mercado.
Pese a la "regulación disuasoria", Anta se mostró "optimista" y aseguró que la industria fotovoltaica es "un balón bien inflado al que quieren meter en el fondo del mar, pero va a salir a flote". "El Gobierno se ha encontrado con unas circunstancias muy difíciles y con unas consignas muy claras para no acabar como Grecia. Y nosotros hemos resultado afectados", añadió.
En el informe anual de 2010 presentado por Asif y elaborado con ayuda de la consultora de renovables Eclareon, se aprecia que el empleo de la industria de fabricantes fotovoltaicos aumentó un 10% tras la creación de 12.100 nuevos puestos de trabajo, y que la retribución total para el sector durante el ejercicio ascendió a 2.870 millones, frente a 2.840 millones en 2009.
El valor del mercado español fotovoltaico fue el año pasado de 1.439 millones, el doble de los 722 millones de 2009, aunque menos de una décima parte de los 16.380 millones de 2008, cuando se produjo el ‘boom’ de instalaciones para no perder la prima del 661/2007.
Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha es la que dispone de una mayor potencia conectada, con 856 MW, por delante de los 713 MW de Andalucía, los 464 MW de Extremadura, los 386 MW de Castilla y León, los 335 MW de Murcia, los 257 MW de Valencia y los 186 MW de Cataluña. La potencia instalada total a cierre de 2010 fue de 3.807 MW, casi 400 MW más que los 3.415 MW registrados en 2009. La fabricación de módulos aumentó un 160%, hasta 699 MW, mientras que la de inversores alcanzó 1.330 MW, un 490% más.
La crisis económica y la subsiguiente necesidad de ajustar el gasto y aumentar la competitividad del país, llevaron a adoptar medidas económicas drásticas. En el ámbito energético, la necesidad de acometer recortes se combinó con otros problemas sectoriales, como la urgencia de liquidar el déficit de tarifa o el exceso de capacidad térmica de gas. Todo ello se reflejó en una agresiva campaña mediática contra la fotovoltaica, que generó gran desconfianza e inseguridad jurídica sobre la tecnología, y preparó el terreno para que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) aprobase, a final de año, normas retroactivas.
Si en 2009 el MITyC adjudicó 502 MW fotovoltaicos, durante 2010 adjudicó 477, 28 MW, repartidos del siguiente modo: 25,01 MW para el segmento de mercado de pequeñas cubiertas, 244,27 MW para las cubiertas de gran tamaño, y 208 MW para las plantas de suelo. En total, se inscribieron 3.594 instalaciones, de las que 1.701 fueron pequeñas cubiertas, 1.602 fueron grandes cubiertas y 291 fueron instalaciones en suelo.
A diferencia de lo que ocurriera en 2009, en el que no se llenaron los cupos reservados para las instalaciones incorporadas a la edificación, durante 2010 se cubrió el cupo para las cubiertas pequeñas a partir de la tercera Convocatoria y se llenaron todas las convocatorias para los tejados grandes, originándose una pequeña lista de espera de 108 MW de proyectos pendientes de recibir tarifa. En el caso de suelo, cuyo cupo ya nació saturado, la lista de espera cerró el año con casi 978,91 MW y, de acuerdo con la mecánica evolutiva de cupos establecida por el Real Decreto 1578/2008, alcanza hasta finales de 2015.
El mercado fotovoltaico español, tras un año de transición, ha revertido su orientación y ahora se centra mayoritariamente en las instalaciones incorporadas a la edificación en detrimento de las plantas en suelo. El fin de los cupos extraordinarios para 2009 (100 MW) y 2010 (60 MW) establecidos por el RD 1578/08, así como la regulación aprobada en 2010, incrementará aún más la preponderancia de la edificación.
Por otro lado, en 2010 se acentuó la mala tendencia iniciada en 2009 y ninguna de las convocatorias del Registro de Preasignación de Retribución (RPR) se resolvió en la fecha prevista; es más, los retrasos fueron incrementándose y ya a inicios de 2011 fue necesario modificar el calendario previsto. Finalmente, la Administración, asumiendo que no dispone de recursos suficientes para gestionar el RPR, optó por externalizar su gestión.
El hecho de que se llenaran casi todos los cupos llevó a que las bajadas de tarifas –en virtud de la aplicación de la fórmula matemática recogida en el RD 1578/08– fueran superiores al 10% en los segmentos principales. Concretamente, bajaron un 5,3% para las pequeñas cubiertas, un 10,36% para las grandes cubiertas y un 11,09% para las plantas en suelo. Fruto de las reducciones experimentadas, las tarifas en 2011 comenzaron con 32,2 c€/kWh para las pequeñas cubiertas, 28,68 c€/kWh para las grandes cubiertas y 25,86 c€/kWh para las plantas en suelo.
Si en 2009 fue Castilla y León la Comunidad Autónoma que más potencia inscribió en el RPR, en 2010 le superaron Andalucía, con 68,465 MW, y Murcia, curiosamente con casi exactamente la misma cantidad: 68,464 MW; ahora bien, teniendo en cuenta la grandes diferencias entre la extensión y la población de ambas comunidades, Murcia debería recibir el reconocimiento de su liderazgo durante el ejercicio. A la cola se hallan las comunidades con menos irradiación, ubicadas en la Cornisa Cantábrica y, sin una justificación clara, las Islas Baleares.
El hecho de que el mercado se haya reconvertido hacia los tejados ha causado un gran cambio respecto a 2009, en el que las instalaciones incorporadas a la edificación eran mayoritarias sólo en Valencia, Cataluña y Madrid. En 2010, por el contrario, predominan en todas las comunidades, excepto en Extremadura, Castilla y León, y Galicia. Esta última Comunidad, adicionalmente, experimenta un muy importante crecimiento respecto al año anterior. Llama la atención cómo en el mercado de instalaciones incorporadas a la edificación entre 20 kW y 2 MW, correspondiente a grandes cubiertas industriales, hay cuatro comunidades autónomas claramente destacadas de las demás: Valencia, Murcia, Cataluña y Andalucía.
A finales de junio se remitió a Bruselas el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020, un prolijo documento –especialmente su anexo, dedicado a la normativa autonómica– elaborado según las pautas marcadas por la Comisión Europea el año anterior, en el que se detallan la legislación aplicable, las políticas de fomento y los objetivos de cada tecnología renovable con vistas a la consecución del objetivo de cubrir un 20% del consumo de energía final con renovables en 2020 establecido por la Directiva
2009/28/CE.
El PANER analiza dos posibles escenarios a 2020, uno denominado ‘de referencia’ y otro denominado ‘de eficiencia energética adicional’, que contempla una reducción de la demanda de energía primaria del 11%, en el que se incluye el desarrollo de un mercado de servicios energéticos, la aplicación relevante de la fiscalidad ambiental en general –más concretamente, una discriminación fiscal favorable a las fuentes renovables–, entre otras medidas específicas para la industria, el transporte o el parque de edificios. Este escenario ‘de eficiencia energética adicional’ incluye un desglose de la potencia y la producción renovable. En conjunto, prevé que las renovables aumentarán un 6,34% de media anual, siendo las únicas fuentes que crecen en términos relativos y absolutos, llegando a aportar unos 152.000 GWh en 2020 y un porcentaje de generación “cercano al 40%”. La eólica cubrirá casi el 20% de la demanda eléctrica total, la hidráulica el 8,3%, la energía solar termoeléctrica el 3,8%, y la fotovoltaica el 3,6%.
El PANER estima la contribución fotovoltaica en 2020 en 14.316 GWh, generados con una potencia acumulada total de 8.367 MW. Según esta cifra, el incremento de potencia entre 2011 y 2020 se estima en 4.346 MW. El análisis contempla que un 67% de esa potencia corresponda a instalaciones fijas en edificaciones y un 33% a plantas en suelo con seguimiento, valorando también que haya un desplazamiento progresivo de la ubicación de las instalaciones a las zonas con mayor irradiación.
A pesar de este descenso del volumen del mercado fotovoltaico durante los próximos años, el PANER augura que a partir de 2015 haya una penetración creciente de la fotovoltaica en sistemas para autoconsumo de energía conectados a la red de distribución y asociados a suministros existentes, según se vaya alcanzando la paridad del coste de generación solar con el precio de la electricidad para el consumidor.
El incremento previsto de la fotovoltaica implicará disponer de 47.527 empleos directos –de un total de 128.373 empleos generados por las renovables–, de los cuales 40.873 corresponderán a fabricación e instalación y 6.654 a operación y mantenimiento. En cuanto a las emisiones contaminantes, el desarrollo fotovoltaico permitirá, en comparación con las centrales de gas, el ahorro de 2.949.347 millones de toneladas de CO2; en términos acumulados, esa cifra aumenta hasta 15.209.234 toneladas de CO2. Tras la publicación del PANER y de sus objetivos para 2020 se produjo un agrio debate público sobre la participación de las distintas fuentes de energía en el mix de generación al final de la década, y los objetivos para las renovables en general y para fotovoltaica en particular sufrieron una revisión a la baja, culminada con el trabajo de la Subcomisión del Congreso de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años.
El objetivo español de 2020 para fotovoltaica, los 8.367 MW, colocan a España como segundo mercado fotovoltaico de la UE en ese momento, si bien a una grandísima distancia de Alemania, que aspira a conseguir 51.753 MW. Inmediatamente después estaría Italia, con 8.000 MW, aunque acaba de aumentar su objetivo a 23.000 MW en 2016. Como era de esperar por su escasa irradiación, los países nórdicos prácticamente no confían en que la tecnología solar vaya a resultar competitiva para ellos en esta década.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
