La propuesta normativa pretende dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones y conseguir reducir la factura de la luz
El Fondo se crea con el objetivo de financiar los costes de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos
Se trata de un mecanismo socialmente progresivo: cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su “cesta energética”, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos
Este Fondo prevé un calendario de implantación gradual de cinco años y estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE)
1 junio 2021.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy el proyecto de ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con un cuádruple objetivo: dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones para la transición energética y conseguir reducir la factura para hogares y empresas.
Este Fondo, que prevé un calendario de implantación gradual de cinco años, permitirá financiar y redistribuir entre todos los vectores energéticos los costes fijos de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos (RECORE), un coste que hasta el momento solo estaba asociado al sector eléctrico. De esta manera, “el proyecto pretende avanzar en los objetivos de descarbonización de la manera más eficaz y eficiente posible”, ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, “habilitando el marco normativo necesario para la electrificación de la economía y la sustitución de la generación eléctrica de origen fósil por tecnologías basadas en energías renovables, generando, a su vez, oportunidades de competitividad e innovación para el conjunto de la economía”.
Este Fondo, que estará gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), acerca el modelo español al de otros países europeos como Francia o Alemania y establece un nuevo sistema de reparto que permitirá reconfigurar la financiación de esos costes regulados, equilibrando el balance entre costes e ingresos.
Se trata de una actuación que ha sido propuesta desde distintas instancias, como la Comisión de Expertos sobre Transición Energética, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, más recientemente, la Agencia Internacional de la Energía en su revisión de las políticas energéticas de España (IDR Spain 2021).
EQUILIBRAR EL SISTEMA Y REDUCIR LA FACTURA ELÉCTRICA
El diseño actual del sistema energético se planteó en un contexto de precios de la electricidad altos, un mix de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente. Sin embargo, los objetivos de descarbonización y la situación actual son muy diferentes. El descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, la disminución de los precios por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir energía) y la salida del carbón del mix generan una menor recaudación, lo que obliga a reequilibrar el sistema eléctrico para alinearlo con los objetivos de transición energética y optimizar las condiciones para los consumidores.
Por ello es necesario un nuevo mecanismo de financiación de los costes regulados que dé las señales adecuadas y otorgue certidumbre al sistema eléctrico. La creación del FNSSE equilibra el sistema sin aumentar los cargos fijos ni elevar su endeudamiento, al tiempo que anticipa respuestas para dar seguridad a las inversiones en el ámbito de las energías renovables, donde España es puntera en cadena de valor consolidada y tiene gran potencial en el desarrollo de nuevas tecnologías como el almacenamiento, el hidrógeno verde, la movilidad sin emisiones o la mejora de la eficiencia en el sector residencial.
El FNSSE forma parte de las respuestas asociadas a la transición energética para reactivar la economía en el corto plazo, alineando la recuperación con un modelo energético y económico sostenible que fomente la creación de empleo de calidad y duradero y contribuya a la descarbonización y electrificación de la economía española, cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.
FINANCIACIÓN DEL FONDO
El Fondo se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de los ingresos procedentes de subastas de CO2.
Las aportaciones de los sectores energéticos se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. El objetivo total de recaudación y el reparto entre los distintos sujetos obligados se calculará cada año a partir de las estimaciones de ventas comunicadas por los agentes, una vez descontados los ingresos provenientes de otras fuentes de financiación anteriormente citadas como tributos o ingresos de las subastas de CO2.
Se trata de una regulación que no modifica ni las cantidades totales destinadas a la retribución de RECORE ni la rentabilidad reconocida a los titulares de las instalaciones.
La implantación gradual permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición.
En este sentido, el MITECO ya ha activado, con carácter prioritario, un plan de 1.670 millones de euros para para poner en marcha las primeras líneas de actuación en materia de autoconsumo, almacenamiento detrás del contador, climatización renovable, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en municipios de menos de 5.000 habitantes vinculadas al PRTR, así como el Plan MOVES III, dotado con un presupuesto inicial de hasta 800 millones de euros que financiará la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y la instalación de infraestructuras de recarga.
GARANTIZAR LA ADAPTACIÓN Y LA EQUIDAD
El diseño del FNSSE contempla mecanismos para garantizar la equidad y la redistribución justa de rentas en su implementación, con exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y para evitar el doble cómputo en usos intermedios de la energía:
Exenciones: consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación, gasóleo y gas natural para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
Bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el FNSSE: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”.
UN MECANISMO SOCIALMENTE PROGRESIVO
Se trata, además, de un mecanismo socialmente progresivo: cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su “cesta energética”, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos y expuestos a la pobreza energética. En concreto, el recibo eléctrico podrá reducirse al menos un 13% (antes de impuestos) en cinco años para los consumidores domésticos.
Las medidas para reducir el coste de la factura eléctrica se suman a las políticas para proteger a los consumidores vulnerables enmarcadas en el desarrollo de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024.
