Defienden el valor de la eólica marina para la economía del país, que ha sido capaz de atraer a algunas de las compañías de energía más sofisticadas para invertir en sus costas.
Los gobernadores de cinco de los principales estados del Este de Estados Unidos han instado al Gobierno de Donald Trump a resolver con urgencia la situación de bloqueo en la que se encuentra Vineyard Wind, el megaproyecto de eólica marina que Iberdrola llevará a cabo en aguas de Massachusetts.
En una misiva remitida a los secretarios del Departamento de Interior y de Comercio de Estados Unidos, David Bernhardt y Wilbur Ross, respectivamente, a la que ha tenido acceso Europa Press, los gobernadores, representantes tanto del partido demócrata como republicano, apresuran al Gobierno a «explorar opciones» que garanticen que la revisión adicional de la Declaración Ambiental del proyecto se resuelva en marzo de 2020.
«Si bien apoyamos la evaluación y la mitigación de los impactos del desarrollo eólico marino a gran escala, estamos decepcionados de que esta revisión haya afectado negativamente el cronograma del proyecto Vineyard Wind», subrayan.
En concreto, la carta está firmada por los gobernadores de los estados de Massachusetts (Charlie Baker), Connecticut (Ned Lamont), Maine (Janet Mills), New Hampshire (Chris Sununu) y Virginia (Ralph Northam), que muestran su apoyo al desarrollo de la energía eólica marina en Estados Unidos, así como su «preocupación» por la situación de bloqueo en la que se encuentra Vineyard Wind, «que potencialmente socavará los esfuerzos para promover la certeza regulatoria para esta industria».
Así, defienden el valor de la eólica marina para la economía del país, que ha sido capaz de «atraer a algunas de las compañías de energía más sofisticadas de los Estados Unidos y del mundo para invertir en nuestras costas».
«Esta inversión es una victoria para nuestro país, ya que no solo aumentará nuestra producción de energía doméstica y aumentará la independencia energética de Estados Unidos, sino que también creará miles de empleos -incluidos los empleos en el sector de la fabricación- en nuestros estados y otros estados lejos de la costa», subrayan.
De esta manera, señalan la fecha del próximo 20 de marzo como límite para dar una solución y advierten de que una mayor demora por parte del Gobierno de Donald Trump «tendría impactos negativos en este proyecto, en el desarrollo de la energía eólica en alta mar a lo largo de la costa Este y en una mayor expansión de los empleos estadounidenses que apoyan esta industria».
Este nuevo movimiento político a favor de Vineyard Wind se une al que ya la semana pasada encabezaron varios senadores y congresistas de Estados Unidos, que también pidieron desbloquear la situación en la que se encuentra el proyecto.
Declaración de impacto ambiental adicional
Este bloqueo se produjo tras la decisión de hace unas semanas del Departamento de Interior de Estados Unidos de someter el proyecto a un estudio de impacto ambiental adicional, lo que provocará, como reconoció la sociedad promotora del parque eólico marino -participada al 50% por Iberdrola y el fondo Copenhagen Infraestructure Partners (CIP)-, un retraso en el calendario estimado, que preveía la puesta en marcha de la instalación a inicios de 2022.
No obstante, Vineyard Wind ha reafirmado su apuesta por el desarrollo del parque eólico marino y ha subrayado que utilizaría la demora «para mejorar aún más el proyecto y sus múltiples beneficios, en la medida de lo posible».
Con una potencia instalada de 800 MW, Vineyard Wind, adjudicado el año pasado, se trata del mayor parque eólico marino promovido a gran escala en Estados Unidos y supondrá una inversión de unos 2.800 millones de dólares (unos 2.500 millones de euros).
Además, la sociedad ha planteado el desarrollo de un nuevo parque en aguas de Massachusetts (Estados Unidos), adicional a Vineyard Wind, que incluye una opción de 400 megavatios (MW) y otras dos opciones para un proyecto de 800 MW.
Posibilidad de extender los créditos fiscales
Una demora en el comienzo del proyecto pondría en peligro la obtención de los créditos fiscales a la inversión (ITC) vinculados a la fecha de la puesta en operación de Vineyard Wind.
No obstante, el gobernador de Massachussets, Charlie Baker, del partido republicano, señaló que su administración está en conversaciones con los reguladores federales para extender el crédito fiscal federal, según señala la prensa local.
