Según ha explicado Navarro, la Junta de Extremadura entiende que "hay fundamentos" para interponer este recurso, porque "determinados aspectos" de este Real Decreto "perjudican los intereses de Extremadura y discriminan de una manera injustificada" a la región extremeña.
En concreto, Navarro ha destacado que la Junta de Extremadura "no comparte" la disposición transitoria segunda, que establece para los años 2011, 2012 y 2013 una limitación de horas anuales de funcionamiento "única para toda España", cuando esta limitación, "para toda la vida de la central es diferente en función de la zona climática".
En una rueda de prensa que ha ofrecido junto con la vicepresidenta Primera y portavoz de la Junta, Dolores Pallero, José Luis Navarro ha explicado que el Gobierno extremeño ha tenido una reacción "instantánea" en este asunto, ya que el mismo día que se aprobó este decreto en el Congreso de los Diputados, el pasado miércoles, el presidente del Gobierno regional encargó un informe para estudiarlo en el Consejo de Gobierno.
Tras analizar este informe, el Consejo de Gobierno ha concluido que "hay fundamentos" para interponer este recurso de inconstitucionalidad, aunque ha advertido de que su presentación finalmente dependerá de las conclusiones que arroje el estudio que realicen los servicios jurídicos.
Una ley que "no tiene nada que ver con el déficit tarifario", pero sin embargo, algunas de las enmiendas presentadas proponer incluir disposiciones adicionales a la Ley de Economía Sostenible, que corregirían el Real Decreto sobre fotovoltaicas, como la que "modifica la tabla de limitación de horas para el año 2011, 2012 y 2013".
Sin embargo esta enmienda, tal y como está expresada, a pesar de modificar la tabla de limitación de horas "sigue sin diferenciar zonas climáticas", por lo tanto no resuelve la discrepancia de Extremadura con el decreto.
En cualquier caso "estaremos muy pendientes del trámite, primero en el Senado y cuando vuelva al Congreso, de esa Ley de Economía Sostenible", por si se corrigiera satisfactoriamente el asunto de la limitación de horas para esos tres años, y en ese caso no sería necesaria la interposición del recurso de inconstitucionalidad.
Navarro ha explicado que el Gobierno extremeño comparte el establecimiento de "peajes" a la generación de energía eléctrica, la ampliación en el tiempo del bono social para los consumidores de electricidad más desfavorecidos, o la imposición a las empresas eléctricas que asuman los gastos de los programas de ahorro y eficiencia energética.
En el caso de la energía fotovoltaica, Extremadura también comparte el principio de que éste tipo de energía colabore con la corrección del déficit tarifario. "Si ha habido ajustes por la limitación de horas de funcionamiento a la energía termosolar y eólica, consideramos coherente" que también los haya en la fotovoltaica.
Así, Navarro ha considerado "razonable" que "para el total de la vida de una central fotovoltaica este Real Decreto ley contemple una limitación de horas anuales equivalentes de funcionamiento con derecho a la prima", y apoya que la limitación se haga "en función de la pertenencia a una de las cinco zonas climáticas" de España.
El desacuerdo por tanto viene en el hecho de que el Real Decreto no distinga para los años 2011, 2012 y 2013 en zonas climáticas a la hora de establecer la limitación de horas anuales de funcionamiento, y se trate a todo el país por igual. "Ese es el punto en el que ponemos de manifiesto nuestra discrepancia", ha aseverado Navarro.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
