La energía es, sin duda, uno de los factores más determinantes de la competitividad de la economía y de las empresas, y eso es especialmente cierto en nuestro país, con un enorme grado de dependencia del exterior. Si en el conjunto europeo la dependencia energética está en torno al 50%, en el caso español superamos el 80%, debido, sobre todo, al petróleo y al gas natural.
En ese sentido, el desarrollo de las energías renovables es un motor económico y de empleo que está por encima de otras formas de generación eléctrica, y apostar por ellas supone además un grado cada vez mayor de independencia energética del exterior.
Sin embargo, la crisis está haciendo que se revisen las políticas de precios y primas a estas energías renovables, de tal modo que se está poniendo en peligro la apuesta de que éstas tengan un papel creciente en nuestro sistema energético.
La subcomisión de Energía del Congreso de los Diputados ha fijado en el 20,8% la aportación de las energías renovables al consumo final de energía en 2020, lo que supone un retroceso respecto al objetivo que el Gobierno había remitido a la Unión Europea en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (Paner).
Además, la reforma de urgencia en los costes del sistema eléctrico, aprobada a finales del pasado año por el Gobierno en un intento de frenar la escalada del precio de la luz, abunda en la dirección de recortar apoyo a los productores de energías renovables. Es cierto que también impone nuevas cargas a las compañías eléctricas, pero éstas resultarán compensadas con el aumento de otros ingresos que repercutirán en el recibo eléctrico. El ahorro principal vendrá por el recorte de incentivos a las energías renovables (eólica, termosolar y fotovoltaica), a las que se rebaja el 35% de sus actuales primas.
Estas decisiones del Gobierno no solo van a reducir el empleo industrial y de servicios que estas actividades generan directa e indirectamente, sino que nos hacen perder una oportunidad de pactar el escenario energético sostenible que requiere nuestro país.
Si de verdad creemos necesario mantener un esfuerzo que racionalice y aporte coherencia a una estrategia nacional que potencie el papel de las energías renovables, es imprescindible recabar recursos públicos suficientes para ello. Hemos de asumir -y el Gobierno parecía convencido de ello hace no mucho tiempo- que además de la tarifa hay que hacer un esfuerzo para atender el coste de la introducción de las renovables. Un esfuerzo que tendrá su recompensa, ya que en la medida que vayamos contando con un mayor porcentaje de renovables tendremos obviamente menos petróleo que comprar.
Se trata de fórmulas que nos permitirían, tal como recoge el estudio Roadmap 2050, apoyado por la Comisión Europea, que España sea la central de generación de energía renovable europea por sus abundantes recursos de viento y sol, para lo cual el Gobierno tendría que apoyar de forma decidida las actividades de investigación y desarrollo en energías renovables. Es fundamental que el Gobierno facilite el funcionamiento los prototipos que algunas empresas están desarrollando en tierra y, sobre todo, que potencie la tecnología eólica en el mar (off shore) para recuperar el tiempo perdido en un campo en el que nuestro país tiene un gran potencial.
Ninguna "mano invisible" orientará las actuaciones de la multitud de agentes implicados en el reto inversor de la próxima década. El Gobierno debería abandonar la visión cortoplacista de sus últimas decisiones, porque, tal y como señalábamos en el estudio presentado por MCA-UGT en 2009 para el Observatorio Industrial del sector de fabricantes de bienes de equipo, una apuesta por las energías renovables contribuirá a un importante incremento de la actividad económica y del empleo, ya que el ahorro y la eficiencia traerán también consigo nuevos servicios y nuevas actividades.
Los vehículos eléctricos con baterías de litio no emiten CO2 ni dañan el medio ambiente, siempre que la electricidad provenga de energías renovables, como la eólica, la energía solar fotovoltaica y la termosolar. Los aerogeneradores podrán suministrar la electricidad al vehículo eléctrico, que en un futuro servirán también para almacenar y regular la electricidad intermitente del sector eólico.
José Ignacio San Miguel. Secretario federal y responsable de industrias de energías renovables de MCA-UGT. www.elblogdemcaugt.com/tag/industria
