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El decreto municipal del pasado mes de febrero determinó que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) podrían circular con permiso expreso del Ayuntamiento dentro de unas rutas establecidas. Sin embargo, de manera inesperada, se ha prohibido por toda la ciudad el uso de patinetes eléctricos tipo scooter.
“El temor ante los titulares de prensa críticos con la gestión municipal, está provocando que la prohibición de la circulación de ciertos vehículos, se aplique más allá de las rutas establecidas en el decreto, lo cual amenaza a unos 50 trabajadores de una quincena de empresas”, explica Svetlana Molokhova, presidenta de la Asociación de Transporte Turístico Ecológico de Barcelona (BETTA), una entidad que agrupa a la tercera parte de las empresas que operan en Barcelona en el sector del transporte turístico y ecológico.
Una regulación necesaria
El sector ha acogido con agrado la iniciativa de regular el sector, pues en los últimos años, han proliferado múltiples tipos de VMP. “Esta variedad ha ocasionado que la normativa deba ser más amplia y compleja. El principal problemaes el uso de vehículos que doblan la velocidad límite, por parte de empresarios indiscriminados sin licencia para operar”, añade Molokhova.
Otra de las problemáticas, que el gremio acusa como causante de las molestias para los vecinos, es el escaso control de empresas low cost que no tienen reparos en poner en el espacio público vehículos que son conducidos sin ningún tipo de homologación. “Hay empresas ‘pirata’ sin ningún tipo de licencia o vehículos que no cumplen los requisitos mínimos de la normativa, que perjudica a los que sí cumplimos la normativa”, advierte la representante de la entidad.
La asociación defiende la necesidad de crear una nueva ordenanza municipal, con el fin de mejorar la convivencia entre turistas y vecinos. Lo que rechaza tajantemente, es que se ignoren las licencias municipales concedidas en los últimos años, que permitió a las empresas agrupadas en la entidad, operar de manera regular con el beneplácito del Ayuntamiento. Estas licencias contemplaban que los scooters eléctricos ligeros permitidos debían tener una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, un peso de 25 kilos y hasta 80 centímetros de ancho. Así fue desde con el Decreto del 7 de mayo de 2013.
En febrero de 2016, la alcaldesa Ada Colau decretó unas zonas específicas, para la circulación de scooter patinete eléctrico y segway. Sin embargo, de manera inesperada, en días recientes informó mediante un tríptico que “la circulación de patinetes a motor está prohibida en toda la ciudad por tratarse de vehículos no homologados para desplazarse”.
“Además de la inseguridad jurídica, esto ha producido prácticas poco acertadas por parte de agentes de la Guardia Urbana, que al desconocer los detalles técnicos de la normativa, ha llegado a confiscar vehículos conducido por usuarios de forma inapropiada. ¿Porqué las consecuencias recaen sobre la empresa, a diferencia de una empresa de alquiler de coches, en la cual el usuario final es el único responsable del uso indebido del vehículo?”, añade Molokhova
El perjuicio económico
El turismo no es la gallina de los huevos de oro. Al menos, no para las empresas que trabajan de manera responsable, pues la inversión inicial acorde a la normativa es muy elevada. En el caso de los patinetes eléctricos tipo scooter, el coste del VMP puede ascender a los 1.500 euros, si se incluye el precio del vehículo y un estándar de calidad mínima, que garantice la seguridad de los usuarios. Para triciclos y ciclomotores eléctricos, este valor puede llegar a unos 10.000 euros.
Los grandes beneficios económicos los consiguen empresas que adquieren vehículos deficientes, asegura la entidad, que no corresponden a mínimos estándares técnicos, que actúan sin permisos, que tienen empleados trabajando en negro. “Es una lástima que a ojos del Ayuntamiento ambos tipos de empresas son absolutamente iguales, pero las que hacemos un esfuerzo por establecer una actividad que respete la normativa, tardamos hasta tres años en alcanzar beneficios para los inversores”, Molokhova.
Las reacciones políticas
Aunque esta cuestión es de vital importancia para la gestión del espacio público de la ciudad, no fue incluido en el orden del día de la Comisión de Movilidad del pasado día 13 de julio. Fue mencionado como un apartado dentro del Informe sobre Movilidad 2015. Aun así, los cuatro partidos políticos de la oposición (CiU, PP, ERC, C’s), manifestaron sus críticas ante la medida que pretende erradicar de manera provisional en toda la ciudad, la actividad de las empresas que alquilan patinetes eléctricos en Barcelona.
“El Ayuntamiento está criminalizando el transporte privado. Prohibir la circulación de scooters en toda la ciudad es un ejemplo de cómo matar moscas a cañonazos”, intervino Xavier Mulleras, concejal del Partido Popular.
Los representantes recriminaron al equipo de gobierno la medida que se aplicará este verano a la espera de la aprobación de una nueva regulación de la normativa a finales de año. “Estamos delante de una tímida ordenanza, pero con una gran afectación al sector”, dijo el concejal de Convergència i Unió Raimond Blasi.
Por último, también hubo críticas por la transparencia de la acción de gobierno. “Hemos echado en falta que se incluyera esta medida restrictiva como punto en el orden del día”, cerró Jordi Coronas, por parte de Esquerra Republicana.
La Asociacion de Transporte Turístico Ecológico de Barcelona (BETTA), nació en febrero del 2016, después de conocer el nuevo decreto de la alcaldía de Barcelona respecto las condiciones de autorización de los vehículos de movilidad personal.
BETTA es un grupo de empresas que unidas tienen como principal objetivo la defensa de los intereses profesionales, laborales, económicos, social y cultural de sus afiliados. A su vez trabaja de una manera ecológica y sostenible para plantear el transporte del futuro, que es un bien para nuestros asociados, la comunidad y el planeta. Además, igualarse al nivel de las grandes capitales del mundo, que conviven con este tipo de estructura de movilidad.
