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La Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, y el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de varias universidades y entes multilaterales realizaron un estudio sobre el tema, el cual concluye que destinar recursos en estímulos para este sector es una apuesta segura.
Nadie pone en duda los beneficios de invertir en energías renovables no convencionales: disminución en las emisiones de gases y material particulado, menos dependencia de los precios internacionales de los combustibles fósiles, menor afectación a los ecosistemas…
Lo que sí genera inquietudes es qué tan rentable resulta para un país implementar una política de estímulos para estas fuentes de energía.
Pues bien, la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, y el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de varias universidades y entes multilaterales realizaron un estudio sobre el tema, el cual concluye que destinar recursos en estímulos para este sector es una apuesta segura.
En el informe, que será dado a conocer hoy por el Ministerio, la Upme dice que el costo total de implementar los incentivos fijados en la Ley de Energías Renovables No Convencionales (1715 de 2014) sería de 554 millones de dólares, en los próximos quince años.
La ley incluye entre este tipo de energías a la solar fotovoltaica, eólica, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, geotérmica y la producida con biomasa, como el bagazo de caña de azúcar.
Por otro lado, el beneficio de estos incentivos sería de 775 millones de dólares, lo que implica una ganancia neta de 221 millones de dólares en esos tres lustros.
El estudio contempla entre los gastos tanto los incentivos tributarios planteados en la ley de renovables (deducción en el impuesto de renta, la exención de aranceles y la exclusión de IVA), como las inversiones necesarias para conectar estas nuevas fuentes de energía al Sistema Interconectado Nacional, refuezo de las redes eléctricas, entre otros.
Entre los beneficios, tiene en cuenta tanto el desarrollo económico generado por la evolución de este negocio, como los beneficios sociales en generación de empleo, ambientales en reducción de emisiones y menores impactos para la salud y la biodiversidad.
PRIVILEGIO COLOMBIANO
Puede que en otros países no sean tan evidentes las ventajas de invertir en energías renovables como lo es en Colombia, porque en materia de sol, viento y residuos de biomasa el país cuenta con un potencial privilegiado.
“Los recursos disponibles a nivel nacional, como son una irradiación solar promedio de 194 W/m2 para el territorio nacional, vientos localizados de velocidades medias en el orden de 9 m/s (a 80 metros de altura) para el caso particular del departamento de La Guajira, y potenciales energéticos del orden de 450.000 TJ (terajoules) por año en residuos de biomasa, representan potenciales atractivos comparados con los de países ubicados en otras latitudes del planeta”, dice la Upme.
En materia solar, departamentos como Arauca, Casanare, Vichada y Meta tienen unos niveles de radiación que en ciertas épocas del año se comparan con algunas de las regiones con mejor recurso en el mundo, como en el desierto de Atacama en Chile, o los estados de Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos.
El potencial de biomasa, mientras tanto, podría permitir generar hasta el 41 por ciento de la demanda nacional, para fines eléctricos y térmicos, dicen los cálculos de la Upme.
La entidad proyecta que, de mantenerse los estímulos adecuados, el país va a pasar de tener una capacidad actual de 420 megavatios de potencia en fuentes no convencionales, a tener 3.622 megavatios instalados en el 2030, principalmente de energía eólica.
Esto, teniendo en cuenta que la energía generada con el viento se complementa a la perfección con la hidroelectricidad porque, cuando ocurren fenómenos como el de El Niño, que disminuye el caudal de los ríos, el viento sopla con más fuerza.
LAS BARRERAS
La inclusión de este tipo de tecnologías al sistema interconectado nacional tiene sus retos.
Por un lado la Upme asegura que es urgente reglamentar los incentivos contemplados en la Ley 1715 y crear procedimientos “sencillos, ágiles, claros y con los debidos controles, que resulten asequibles tanto a pequeños como a grandes inversionistas” para acceder a ellos.
Para la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Ángela Montoya, ya han llegado inversionistas al país interesados en apostar en este sector, pero están esperando que se definan cuáles serán los incentivos para definir sus proyectos.
“Estamos muy pendientes de que salga el decreto reglamentario de la ley 1715. Está demasiado demorado en el Ministerio de Hacienda, no entendemos por qué no ha salido y el sector lo necesita”, señaló.
La Upme también resaltó que es indispensable mejorar los trámites de consultas previas, fortalecer la infraestructura de transporte de este tipo de energías y adaptar el sistema de asignación de cargos por confiabilidad para permitir a las plantas eólicas ofrecer energía de manera estacional.
Estas medidas serán claves será fundamental para que las fuentes renovables ganen terreno en la canasta energética del país.
Nohora Celedón
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