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El Gobierno reconoce que España necesita más eólica y anuncia subastas, pero no resuelve la inseguridad jurídica del modelo de energías renovables.
El Gobierno quiere aplicar unos incentivos alrededor de un 60% más bajos que los de la Reforma Energética en marcha, en la que el sector eólico fue el que sufrió los recortes más importantes.
Mantiene el modelo que permite modificar las condiciones económicas cada seis años, por lo que es difícil que las empresas recuperen la confianza para invertir en energías renovables.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha lanzado una propuesta de real decreto para convocar subastas de potencia eólica y biomasa con derecho a incentivo (Retribución a la Inversión o Rinv) y un borrador de orden ministerial con los parámetros retributivos para ello. Esto supone un reconocimiento a la necesidad del país de instalar más potencia eólica de cara a cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables en 2020. No obstante, una vez más, la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor.
Los 500 MW eólicos que el Gobierno se propone subastar –que incluirían tanto nuevas instalaciones como la sustitución de máquinas antiguas por nuevas– están muy por debajo de los entre 4.553 y 6.473 MW eólicos que el propio Ministerio indica que son necesarios en el avance de Planificación hasta 2020 que lanzó en diciembre. Además, al mantenerse el modelo introducido por la Reforma Energética, que permite modificar las condiciones económicas cada seis años (la primera vez, que afectaría a los parques incluidos en esta subasta, tendría lugar en 2019), los inversores que se planteasen instalar nueva potencia eólica desconocerían la rentabilidad de sus proyectos más allá de los primeros años, lo que aumentaría exponencialmente el riesgo de la inversión. Esto, unido a las crecientes trabas administrativas que conlleva tanto la instalación de nuevos parques como las repotenciaciones, complica la situación y no contribuye a que se recupere la confianza.
El MINETUR no especifica ni las fechas de las subastas ni la metodología que se aplicará, pero sí el coste que le supondría en incentivos la instalación de los 500 MW eólicos: 21 millones de euros. Para ello, quiere aplicar una Rinv de 40.000 euros por MW, que es alrededor de un 60% inferior a la de los parques instalados en 2013 y 2014, ya con la Reforma Energética en vigor. Éste no es el único parámetro que se modifica respecto a la regulación aprobada hace menos de un año, en junio de 2014. El CAPEX (inversión inicial de capital) es un 20% inferior a la considerada entonces; los costes de explotación, un 21% menores; y las horas medias de funcionamiento de un parque eólico, un 52% superiores.
Estos datos ponen de manifiesto que, una vez más, el Gobierno no ha contado con el sector eólico, el más perjudicado por los recortes de la Reforma Energética, para elaborar una normativa importante para su funcionamiento. No obstante y dado que el proceso se encuentra ahora en periodo de alegaciones, AEE se muestra dispuesta a colaborar para mejorar el sistema y garantizar un futuro para la eólica en España. Máxime cuando la potente industria eólica española, que está sufriendo la falta de pedidos domésticos como consecuencia del parón del mercado, necesita señales claras para no llevarse las fábricas y el empleo fuera de España.
