Navarro explicó que "es posible que no se construyan en su totalidad" porque los recursos eólicos de la región son "más bien escasos" en comparación con otras regiones en las que los molinillos funcionan 2.500 horas al año. "Aquí nos conformamos con que funcionen 2.000 horas al año", matizó.
La apuesta por las energías renovables en Extremadura "es una auténtica realidad", dijo en unas jornadas celebradas en Cáceres, lo que permitirá que la región cumpla "con mucho adelanto" la normativa europea en cuanto a la contribución que las energías renovables deben suponer al consumo energético en su totalidad.
Navarro defendió este tipo de energías porque contribuyen a paliar el cambio climático y a la vez "se crea empleo y se genera actividad en momentos en que otros sectores están parados", concluyó.
La Junta de Extremadura ha confirmado que los 22 parques eólicos, que crearán 1.896 puestos de trabajo directos, siguen adelante y que ninguno de los proyectos de empleo asociados a ellos ha sido modificado. Las empresas promotoras deben crear tres empleos directos por megavatio autorizado, pero la media final es de 4,034.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó el 28 de agosto de 2008 la instalación de 22 parques eólicos en la región, correspondientes a diez promotores, con una potencia global de 470 megavatios y una inversión prevista de 500 millones de euros, que al final se ampliaron a 501 MW tras ver los recursos. Los promotores, que en su mayoría tienen el domicilio social en Extremadura, se comprometieron a crear 1.900 puestos de trabajo estables al margen de los vinculados al propio funcionamiento de las plantas.
Los 22 parques autorizados corresponden a la convocatoria del 6 de junio 2007, abierta por la Junta de Extremadura tras haber rechazado una semana antes los 116 proyectos que habían concurrido a una primera convocatoria, a la que se presentaron inicialmente 98 solicitudes, aunque la cifra final se redujo a 91, con una potencia total de 2.704,5 megavatios. Los parques eólicos autorizados se ubicarán en las mancomunidades de Sierra de Gata, Riberos del Tajo, Las Villuercas-Ibores-Jara, Siberia, La Serena-Campiña Sur, Río Bodión y Tentudía, además de en el término municipal de Plasencia .
En febrero de 2005 se anunció una normativa que regulaba la instalación de parques, pero sólo en zonas que no fueran de gran valor medioambiental y siempre que crearan riqueza y empleo. En el decreto regulador se exigía que la empresa interesada creara tres puestos de trabajo por cada megavatio instalado y que realizara inversiones productivas en un área de 30 kilómetros. Paralelamente, se definía un ‘mapa eólico’ que definía dónde se podían poner aerogeneradores, y se fijaron 30 zonas de la región en las cuales, por su alto valor medioambiental, no podía instalarse ninguno.
El plazo para la admisión de solicitudes finalizó el último día de junio de 2006. A pesar de que la oposición denunció que las condiciones había echado para atrás a muchos posibles interesados, lo cierto es que se presentaron 24 empresas. Conjuntamente, contemplaban la construcción de 119 parques con una potencia instalada de 3.838 megavatios.
Sin embargo, la Administración ya avisaba que no podía aprobarlos todos. En 18 zonas se había recibido peticiones de más de una empresa. En algún caso hubo hasta de nueve. Entre ellas, se debía decidir a quién se concedía la autorización. En teoría, el concurso se debía fallar antes de final de año, pero la Junta amplió por dos veces el plazo. En total, seis meses para decidir ante la "complejidad" de los expedientes. Al final, en junio de 2007 la Junta rechazó los 116 proyectos en liza por incumplir total o parcialmente el decreto autonómico del 2005.
Ante la marejada política que se levantó, la Junta tuvo que defender públicamente su interés en la energía eólica. Rodríguez Ibarra en persona explicó que habían recibido más de 4.000 alegaciones contra las propuestas. Muchas eran de particulares, pero también las hubo de empresas solicitantes. Al parecer, alegaban las unas contra las otras.
En una segunda convocatoria, el número de solicitantes fue ligeramente inferior, 98. El plazo de presentación acabó en diciembre de 2007, y el de resolución en junio de 2008. Sin embargo, la Junta se concedió otro aplazamiento, de tres meses.
Iberdrola recibió 138 megavatios, casi un tercio de lo que se va a instalar, con la sociedad Electra Sierra de San Pedro, una con Electra de Montánchez (ambas explotarán el viento en Villarta de los Montes, Peraleda del Zaucejo, Zalamea de la Serena y Monterrubio) y en el caso restante con Electra de Malvana (Cilleros, Hoyos, Villamiel y Perales del Puerto).
El segundo grupo es Enel Unión Fenosa Renovables (acompañada de cooperativas agrarias y Fundación Maimona en la sociedad Energías Especiales de Extremadura) con cinco parques autorizados y 94 megavatios; tres parques y 64 MW se lleva Desarrollos Eólicos Extremeños (Sacyr Vallehermoso), y el mismo número de proyectos pero 60 megavatios Parques Eólicos de Extremadura (Acciona, Eléctrica del Oeste, Caja Rural, Construcciones Pinilla).
Caja Extremadura y Joca se asociaban en el Instituto de Energías Renovables S.L. que ha obtenido una sola autorización de ocho megavatios en Monesterio y Montemolín. Otras empresas adjudicatarias son Infraestructuras Energéticas y Medioambientales Extremeñas con dos parques que suman 46 MW en Cilleros, Hoyos, Villamiel y Perales del Puerto; Proyectos Energéticos de Extremadura con una instalación de 10 MW en Plasencia y Eólica Valle de Peraleda para su proyecto de 50 MW en Peraleda del Zaucejo.
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