Ineficiencias del sistema regulatorio actual del sector eléctrico, ajenas a las renovables, generan “sobre costes” innecesarios de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales.
De mantenerse el sistema actual, la energía fotovoltaica podrá alcanzar en 2011 su tarifa de equilibrio. Con ello, su producción generará unos ahorros en el sistema eléctrico equivalentes a las tarifas que recibe, con un coste nulo para los consumidores e incluso consolidando un saldo cada vez más positivo.
Así se expone en un estudio realizado por la Asociación Empresarial Fotovoltaica, AEF. Este supuesto se basa en el mantenimiento de un precio del gas medio de 2008 y 2009, un 2011 hidráulico y eólico normal y una demanda del consumo eléctrico con un leve incremento. En esas condiciones, la tarifa de equilibrio fotovoltaico rondaría los 200 euros por megavatio hora, una tarifa a la que los nuevos proyectos podrían llegar el año que viene si se ponen en marcha las medidas propuestas por AEF.
En ese supuesto, Juan Laso, presidente de AEF, subrayó que “el coste de la fotovoltaica vía primas se compensará desde el año que viene con los ahorros que esa misma energía genera (reducción del precio del mercado eléctrico diario, ahorros energéticos indirectos en los mercados a plazo y bilaterales, reducción de pérdidas en la red de transporte y distribución, ahorros en derechos de emisiones de CO2 e inversiones en redes de distribución, entre otros), con lo que el coste para los consumidores sería cero”, indicó.
Sobre esa base, AEF ha respondido a la oferta de encontrar soluciones consensuadas que le hizo el Ministerio de Industria con una propuesta doble: aplicar concursos a la producción fotovoltaica en los futuros proyectos, descartando cualquier cambio retroactivo a los que están en operación o construcción, así como revisar las mayores ineficiencias existentes en el sistema regulatorio del sector eléctrico, ninguna de ellas achacable a las renovables, y que en su conjunto podrían tener un impacto negativo de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales, aproximadamente, de sobre costes innecesarios
Estos resultados han sido incorporados por AEF al documento-propuesta que ha entregado al Ministerio de Industria, y que ha presentado hoy en rueda de prensa. Entre esas ineficiencias ajenas a las renovables, se citan varios ejemplos para analizar, tales como los importantes beneficios sobrevenidos (windfall profits) del parque histórico de generación ya amortizado, los sobrecostes extrapeninsulares y por restricciones técnicas, o la optimización del sistema tarifario del último recurso.
Incertidumbre regulatoria, más de 10.000 millones paralizados
Juan Laso, presidente de AEF, ha solicitado al Ministerio que despeje cuanto antes cualquier atisbo de duda sobre la retroactividad en el sector, mediante una declaración expresa de que no realizará ningún cambio en el régimen económico de las instalaciones actualmente en operación, construcción o preasignadas.
“La incertidumbre regulatoria existente en el sector de las renovables tiene paralizados más de 10.000 millones de euros en nuevos proyectos, tanto fotovoltaicos como de otras tecnologías renovables, que pueden generar una gran actividad económica en España sin utilizar fondos públicos, en un momento en que la inversión pública está cayendo y España necesita crear empleo e impulsar su crecimiento”, se dice en la propuesta.
AEF argumenta que la práctica totalidad de los 23.000 millones de inversión acumulada en el sector fotovoltaico corresponde a normativas anteriores, con costes reales por megavatio instalado muy superiores a los actuales, pero que son “costes hundidos” que no tienen palancas operativas para asumir una bajada de tarifa, y con un endeudamiento medio de esos proyectos que oscila entre el 80% y el 90%, con los tipos de interés cerrados, con coberturas a largo plazo y unos márgenes muy inferiores a los actuales. “El resultado es una deuda próxima a los 20.000 millones de euros, repartida mayoritariamente entre cajas y bancos nacionales e internacionales y sin posibilidades de refinanciación”.
La asociación fotovoltaica ha solicitado también al Ministerio que se haga cumplir la normativa vigente, suspendiendo en su caso del pago de tarifa y cancelando la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial (RAIPRE) de aquellas instalaciones que la hayan obtenido u operen irregularmente.
Se pide también una modificación normativa que amplíe las competencias regulatorias y sancionadoras de la Comisión Nacional de Energía, CNE, para que dicho organismo se configure como auténtico regulador supervisor independiente del mercado eléctrico.
Pide además al Gobierno una clara posición de apoyo a la industria fotovoltaica nacional, y que colabore para un mejor conocimiento público de un sector, que “en un tiempo récord ha creado un importante tejido industrial que puede y debe contribuir significativamente al crecimiento de la economía española”.
Modelo de concursos
AEF considera urgente modificar la regulación del sector para futuros proyectos hacia un modelo de concursos para suelo, donde el Ministerio fije un techo de precio máximo, y a partir de ahí los proyectos se seleccionen tanto por el precio ofertado como por la calidad y solidez del proyecto técnico, y por la construcción, financiación y garantías.
La industria hubiera preferido plantear un mercado feed-in-tariff sin cupos y con tarifas más o menos decrecientes en función del volumen instalado (sistema similar al alemán) si bien las circunstancias actuales hicieron a AEF decidirse por sugerir el modelo de concurso.
El principal objetivo de los concursos es desterrar la estricta antigüedad en la presentación de los proyectos, único requisito de valoración en la vigente normativa. A juicio de AEF, “no garantiza la realización del proyecto y no permite trasladar al precio del kilovatio hora las mejoras de eficiencia de la tecnología fotovoltaica”. Desde la entrada en vigor de esa normativa, los nuevos proyectos puestos en marcha en España suman tan sólo unos cien megavatios, frente a los quinientos megavatios previstos.
Se subraya también la importancia de aplicar una transición ordenada del actual Real Decreto 1.578/2008, manteniendo su calendario de asignaciones y cupos hasta la completa aplicación del modelo de concursos. De esa forma se evitan “paradas artificiales como la del 2009, que impidió la inversión de más de 2.000 millones de euros y supuso la pérdida de un elevado número de puestos de trabajo y la ralentización del tejido industrial español”.
AEF. Propuestas para la producción de energía fotovoltaica
1 Instalaciones en suelo:
i| Aplicar para futuros proyectos un sistema de asignación de tarifa mediante concurso con precio techo, que valore tanto el precio ofertado como la calidad y la solidez técnica y financiera del proyecto.
ii| La transición a ese nuevo modelo debería evitar paradas artificiales como la de 2009. Para ello, debería mantenerse el actual sistema de asignación y cupos hasta la aplicación efectiva del nuevo modelo.
2 Instalaciones en cubiertas:
iii| Incentivar el autoconsumo.
iv| Facilitar la obtención de puntos de conexión, la autorización administrativa, los proyectos de ejecución y las licencias.
v| Reducir el límite máximo de autoconsumo en función de limitaciones técnicas.
vi| Permitir la ampliación de instalaciones en cubiertas hasta un máximo de 10 MW.
3 Sancionar los proyectos irregulares y ejecutar de los avales aportados ante incumplimientos en las condiciones vigentes.
4 Medidas de apoyo a la eficiencia y el coste de la fotovoltaica:
vii| A través de medidas financieras (creación de una línea de financiación pública ligada al ICO) y fiscales (deducciones de impuestos y tasas locales, como el IBI, el IAE o el ICIO) que podrían incorporarse a la Ley de Economía Sostenible.
5 Comité Observador para combatir actividades especulativas y dilatorias, formado por miembros de las asociaciones y la administración.
AEF plantea al Ministerio la necesidad de impulsar las instalaciones en cubiertas y tejados incentivando el autoconsumo. En concreto, sugiere simplificar las obtenciones de puntos de conexión doméstica, comercial o industrial, así como los trámites administrativos y de licencias a cargo de las Comunidades Autónomas.
Recomiendan también establecer algún método para facilitar a los consumidores la generación limpia de su propia electricidad por sistemas fotovoltaicos, vertiendo el excedente a la red o recibiendo de ésta cuando sea necesario.
Demandan igualmente al Ministerio y a las Comunidades Autónomas que extremen sus controles y sanciones, inspeccionando y sancionando todos los proyectos irregulares que estén cobrando la tarifa fotovoltaica sin derecho a ella, y que procedan a la inmediata ejecución de avales en caso de incumplimientos de las condiciones legalmente establecidas.
Como garantía de eficacia del sistema de las energías renovables, se propone crear un Comité Observador, formado por las entidades representativas del sector fotovoltaico y la Administración, y especializado en detectar posibles prácticas especulativas y dilatorias.
La Asociación Empresarial Fotovoltaica sugiere diferentes medidas de apoyo a la eficiencia y la reducción de coste de esta energía. Se propone incorporar a la Ley de Economía Sostenible incentivos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial, así como deducciones y reducciones de impuestos y tasas de las entidades locales, como los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, IBI, de Actividades Económicas, IAE, o sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO.
Corregir ineficiencias en el sector eléctrico
Dado que el principal problema del sector eléctrico es la necesaria reducción del déficit tarifario para minimizar la subida del coste de la energía, AEF incluye en su propuesta un capítulo de sugerencias para reducir ese déficit y hacerlo compatible con la sostenibilidad económica y el mantenimiento de la Política Energética del Gobierno. Se demuestra que “las energías renovables, especialmente la fotovoltaica, no son ni exclusiva ni directamente responsables del déficit tarifario heredado del periodo 2006-2009 con el que se enfrenta actualmente el sector eléctrico”.
Para la Asociación, el déficit tarifario “se viene generando en su mayor parte por ineficiencias del sistema eléctrico, y su corrección requiere eliminar dichas ineficiencias y aquellas otras actividades que no aportan valor añadido y, sin embargo, generan elevados costes en el proceso de suministro de electricidad al consumidor final”.
Sobre esa base, AEF solicita de la Administración “la urgente puesta en marcha de un estudio (de esas características) que permita en el corto plazo tomar las medidas adecuadas, respetando siempre la seguridad jurídica y evitando medidas retroactivas, para hacer compatible la reducción necesaria del déficit tarifario con el mantenimiento de una política energética de apoyo a las renovables”.
“El sector de las energías renovables, y particularmente el fotovoltaico, ha hecho un extraordinario esfuerzo en las sucesivas revisiones a la baja de su marco retributivo, con un recorte acumulado del 40%, y está en condiciones de mantenerlo en los próximos años, con la certeza de que será la tecnología que más deprisa reducirá sus costes”, añade.
“No se puede hacer recaer sobre la industria fotovoltaica la insostenibilidad económica del sistema en su conjunto, ni culpar de los crecimientos desorbitados del coste energético en los últimos años a unas energías renovables todavía incipientes”, según AEF.
“Hay que definir – añade- una política energética alejada de continuos cambios regulatorios –a veces contradictorios entre sí-, que garantice beneficios equilibrados para el riesgo asumido por los inversores, y que actúe con ecuanimidad en el respeto a los derechos adquiridos y en el tratamiento de todas las fuentes de energía”.
Sobre los precios de la energía, señala que el sistema sigue retribuyendo al parque de generación histórico ya amortizado a precios muy superiores a sus costes variables, cita también la liquidación pendiente – desde 2006 – de los Costes de Transición a la Competencia y añade otros posibles ejemplos, como la situación real de las concesiones públicas hidroeléctricas, las rentas de monopolio generadas ante restricciones técnicas en cuya resolución interviene una única central, o la necesaria optimización del sistema de fijación de precio y comercialización de la Tarifa de Último Recurso.
Externalidades positivas y ahorros directos generados por las renovables
La Asociación critica también la forma en que suelen presentarse el coste de las primas de las renovables, que parecen representar para los consumidores el más alto de los costes regulados, con 5.880 millones de euros previstos para el total de las primas del Régimen Especial en el 2010. En realidad, de esa cifra no se separan las renovables del resto de energías no renovables del régimen especial, ni se tienen en cuenta sus efectos positivos, como las externalidades positivas, tales como las medioambientales o su contribución positiva al saldo del comercio exterior y a la independencia energética”
Por otra parte, la Asociación estima que, además, sólo los ahorros directos obtenidos gracias a la entrada de las renovables, bajando el precio medio del mercado eléctrico diario, suponen un promedio de 2.000 millones de euros anuales. Se deberían añadir los ahorros directos achacables a las renovables al disminuir pérdidas de transporte y distribución, reducir las necesidades de la red, aplanar la curva de carga o rebajar los precios del mercado de la electricidad, “Todo lo cual –subraya- nos llevaría a una cifra neta muy inferior a la que normalmente se presenta como coste para el sistema”.
Después de realizar un detenido análisis a través de diversas simulaciones, la Asociación plantea las posibilidades que tiene el Gobierno para poder ajustar, a través de diversas medidas, un conjunto de sobrecostes innecesarios o injustificados de entre 4.000 y 5.000 millones de Euros anuales cuya eliminación, al menos, parcialmente, sería necesaria para conseguir la compatibilidad antes señalada.
La industria fotovoltaica recomienda que el sector de las renovables contribuya a la sostenibilidad futura del sistema mediante “una razonable revisión a la baja de las tarifas a las nuevas instalaciones, de acuerdo con la evolución actual de los costes de dichas plantas y de sus previsiones”. De ahí que AEF pida un sistema de concursos, con el que se garantizaría el mejor precio y podrían conseguirse reducciones superiores al 25% en las tarifas.
Para terminar, la Asociación Empresarial Fotovoltaica tiene confianza en el proceso actualmente abierto de conversaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y espera que como resultado de dichas conversaciones se pongan en marcha, una vez oídas a todas partes implicadas, las medidas oportunas que permitan la compatibilidad entre la necesaria reducción del déficit tarifario y el mantenimiento imprescindible, por sus positivos efectos a medio y largo plazo para este país, de la Política Energética del Gobierno de apoyo a las energías renovables.
