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La otra gran crisis, la que hemos olvidado acuciados por las exigencias del presente, es la crisis climática. Solo nos acordamos de ella cuando ocurre una nueva catástrofe natural. O cuando los científicos del Panel Internacional de las Naciones Unidas (IPCC) emiten un nuevo informe advirtiéndonos de las dramáticas consecuencias del calentamiento atmosférico, sin que hagamos casi nada para evitarlo.
Así ocurrió, por ejemplo, cuando los muertos del tifón Haiyan en las Filipinas dieron relevancia a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de Varsovia, que sin ellos hubiera pasado bastante desapercibida.
Pero, a pesar de esa nueva catástrofe climática, la cumbre de Varsovia, solo se acordó seguir preparando el terreno para alcanzar, en el 2015 en París, un acuerdo global de carácter vinculante para contener las emisiones y evitar que la temperatura media de la Tierra aumente más de 2°C. Siendo realistas, eso dependerá fundamentalmente de lo que decidan China y EE.UU., como ya quedó demostrado en la fallida cumbre de Copenhague en el 2009.
Y así está ocurriendo de nuevo estos días, en los que conocemos el último informe del IPCC. Una nueva advertencia sobre el aumento de las emisiones, y de lo que se debería hacer para evitar un calentamiento que puede llegar a 4 °. No voy a repetir las cifras y los argumentos del IPCC, porque toda la prensa se hace eco de ellos y los editoriales predican, de una forma casi ritual y un tanto hipócrita, sobre la necesidad de invertir en energías bajas en carbono.
Pero, casi al mismo tiempo, la Comisión Europea fija nuevas normas para limitar las ayudas a las energías renovables. Australia está en pleno desmantelamiento de sus instrumentos de lucha contra el cambia climático, y Japón anuncia que aumentará sus emisiones un 3 % como consecuencia del apagón nuclear post Fukushima.
Ya antes de la Cumbre de Varsovia el IPCC presentó un presupuesto global del carbono. Para tener una probabilidad del 50 % de evitar que la temperatura media de la Tierra no aumente mas de 2°C, hay que limitar las emisiones futuras entre 820 y 1.450 miles de millones de toneladas equivalentes de Co2. Cada año emitimos 50 miles de millones. Al ritmo actual, en 30 años habremos agotado el límite máximo de emisiones. O antes, si el ritmo sigue aumentando como ahora.
A pesar de esta nueva advertencia, la lucha contra el cambio climático ha perdido importancia en la agenda política. La crisis ha planteado necesidades más acuciantes y hasta la UE parece dispuesta a priorizar la competitividad, reduciendo costes de producción energética a cambio de menores exigencias en la reducción de emisiones. El impulso a las energías renovables disminuye, mientras el mundo se gasta 545.000 millones de dólares en subvencionar las energías carbonadas. El carbón que los americanos dejan de consumir gracias al shale gas, lo importamos los europeos que estamos aumentando la producción eléctrica con carbón mientras el mercado de los derechos de emisión se ha derrumbado hasta 3 €/Tn de Co2 cuando para penalizar adecuadamente las emisiones debería estar, como se esperaba en los 30 €/Tn.
Esta ceguera colectiva, cuyas consecuencias afectarán más gravemente a los más pobres del planeta, se explica al menos por tres razones. Primero por la contradicción ente la lógica cortoplacista de la acción política y el largo plazo en el que se plantea el problema. Vivimos pendientes de la decima de crecimiento del último trimestre, la prima de riesgo de mañana y de las próximas elecciones. Hay que encontrar forma de actuar que respondan a la vez a las exigencias del corto y el largo plazo. Y Las hay, como los programas de ahorro y eficiencia energética a través de la renovación térmica de los edificios que crean empleo, reducen la factura energética y ahorran emisiones.
Segundo, porque el cambio climático plantea también un enorme problema de equidad, en un mundo cada vez más desigual dentro y entre los países. El discurso de la lucha contra el cambio climático se convierte en inaudible cuando los ricos derrochan y los pobres no acceden a los niveles mínimos de una vida digna.
Y tercero, porque nuestro mundo esta mas preparado para competir que para cooperar. Competimos para apropiarnos del crecimiento y este es el que crea empleo para la gente y poder para las naciones. Pero la lucha contra un problema global como el cambio climático exige mucha cooperación. Mucha más de la que los agentes económicos y estatales están dispuestos a ofrecerse mutuamente. Evitar la tragedia que se nos anuncia exigirá un cambio en las actitudes políticas para no exceder del presupuesto de carbono del que la Humanidad dispone.
De aquí al 2015 en la Cumbre del Clima de París, se abre pues un espacio y un tiempo de enorme importancia para conseguir llegar a ese acuerdo tomando las decisiones que armonicen los contradictorios intereses de los distintos países. Y para ello tendrá una gran importancia la comprensión que la opinión pública tenga del problema y de sus soluciones.
Pero por muy trascendentes que sean los acuerdos internacionales que se alcancen, solo serán útiles si se aplican efectivamente. Y ello requerirá importantes inversiones en la construcción de redes inteligentes, eficiencia energética, almacenamiento de energía y desarrollo de energías renovables, que cambien los actuales sistemas de producción y consumo de energía.
La Agencia Internacional de la Energía estima que las inversiones necesarias para situar a la economía mundial en un trayectoria climático-compatible son del orden de 1 billón de dólares de aquí al 2050.
Puede parecer mucho, pero es el equivalente del 1 % del PIB mundial, o menos del 0,3 % de los activos financieros mundiales. O, si se quiere otra comparación interesante, es el equivalente de aumento producido desde el 2007 en los balances de los grandes Bancos Centrales para hacer frente a la crisis financiera. En otras palabras, el mundo tiene los suficientes recursos financieros para hacer frente al problema del cambio climático y financiar la transición hacia una economía baja en carbono.
Lo que hace falta no es tanto el dinero, sino la voluntad política que debería empezar corrigiendo los fallos del mercado modificando las formas de medir el valor y los componentes de los precios, las instituciones y las políticas que determinan la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. Es decir, hay que fijar un precio al Co2 que refleje la externalidad negativa que producen las emisiones. Si ese coste social no se incorpora al precio, las peores actividades contaminantes seguirán siendo aparentemente rentables.
Por otra parte, la crisis de Ucrania nos ha recordado la dependencia de Europa del gas ruso, que representa la mitad de nuestro consume. Y los 160.000 millones de euros que pagamos por el llenan los bolsillos de los oligarcas rusos y mantienen el régimen de Putin. Con sorna se dice en Bruselas que Gazprom es el 29 Estado miembro de la UE.
Ucrania por una parte y el informe del IPCC por otra nos deberían hacer comprender que la descarbonización de la economía y la transición energética no es un problema que deban resolver las generaciones futuras, sino que es una urgencia inapelable, de ahora mismo, tanto para salir de la crisis económica, liberarnos de dependencias exteriores y tener una probabilidad de evitar una catástrofe climática.
Josep Borrell
Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Investigación Operativa por la Universidad de Stanford en Palo Alto (California, EE. UU.), máster en Economía de la Energía por el Instituto Francés del Petróleo en París (Francia), doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid en Madrid (España) y catedrático en excedencia de Matemáticas Empresariales. Trabajó siete años para CEPSA.
Desde su llegada a la política en 1979 ha ocupado diversos cargos:
- Fue concejal en Majadahonda (Madrid).
- Responsable de la política fiscal del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
- En 1982 fue nombrado Secretario de Estado de Presupuesto y Gasto Público del Ministerio de Hacienda.
- Fue Secretario de Estado de Hacienda de 1984 a 1991
- En 1991, Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Estando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la oposición, ganó las elecciones primarias del 24 de abril de 1998.
En 2002 fue uno de los representantes del Parlamento Español en la Convención Europea encargada de elaborar el borrador de la Constitución Europea. Borrell participó dentro de ésta en los grupos de trabajo de gobierno económico, Europa social, política exterior y defensa.
De 2004 a 2007 fue Presidente del Parlamento Europeo.
De 2007 a 2009 presidente de la comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo
Desde enero de 2010 hasta junio de 2012 ocupó el cargo de Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia).
