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La Asociación Empresarial Eólica (AEE), APPA Eólica y la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) se reunieron el lunes con representantes de los servicios jurídicos de la Comisión Europea para informarles sobre los pormenores legales de las medidas tomadas por el Gobierno este año en materia de energía eólica.
En su ‘blog’, la AEE explica que, en concreto, la reunión sirvió para analizar si la reforma energética aprobada el pasado viernes por el Gobierno vulnera la Directiva de Energías Renovables u otros preceptos legales comunitarios.
Las asociaciones pusieron el acento en tres aspectos: la retroactividad de las medidas, la discriminación a la eólica y la arbitrariedad con la que se ha fijado el criterio de rentabilidad razonable.
Los Servicios Jurídicos de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea analizan si la reforma energética vulnera la Directiva de Energías Renovables u otros preceptos legales comunitarios. La Asociación Empresarial Eólica (AEE), APPA Eólica y la Asociación Europea de Energía Eólica (EWEA) se reunieron el lunes con representantes de los Servicios Jurídicos para informarles sobre los pormenores legales de las medidas tomadas por el Gobierno este año en materia de energía eólica.
Las asociaciones pusieron el acento en tres aspectos: la retroactividad de las medidas, la discriminación a la eólica y la arbitrariedad con la que se ha fijado el criterio de rentabilidad razonable. Tras la reunión mantenida por las tres asociaciones en junio con el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger, éste mostró su preocupación por la falta de diálogo con el Gobierno y por el impacto en el sector de las medidas regulatorias y su retroactividad, aunque entonces aún no se conocía el contenido de la reforma energética, pero sí el del Real Decreto Ley-2/2013. El comisario pidió al sector que le enviase los datos sobre el impacto económico de esas medidas y aseguró que su misión es velar por el cumplimiento de las directivas europeas, incluida la de Energías Renovables.
El encuentro del lunes fue continuación del celebrado con Oettinger, y las tres asociaciones tuvieron ocasión de explicar no ya sólo el impacto del impuesto del 7% sobre la generación eléctrica y del Real Decreto-Ley 2/2013 aplicado con efectos retroactivos –que han tenido como consecuencia la pérdida de 25 empleos eólicos al día y el cierre de nueve fábricas, además de una merma de ingresos de 255 millones para el sector sólo en el primer semestre–, sino también el desarrollo normativo de la reforma energética conocida el pasado viernes.
Los Servicios Jurídicos mostraron su preocupación por el hecho de que el Real Decreto-Ley 9/2013, por el que se elimina el sistema de primas para la eólica y se establece un complemento a la inversión basado en un criterio arbitrario sobre la rentabilidad razonable para toda la vida útil de una instalación, sea retroactivo y discriminatorio, ya que en el caso de la eólica afectará a las instalaciones en funcionamiento. De esta manera, se ignora el riesgo que asumieron los inversores al apostar por la eólica hace unos años, por lo que se penaliza la apuesta por la innovación que impulsa la normativa comunitaria.
Un portavoz de la Comisión Europea anunció el lunes que vigilará si la reforma energética aprobada por el Gobierno español plantea “riesgos regulatorios” a la inversión en energías renovables, no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. “La Comisión vigilará de cerca si los cambios regulatorios relacionados con este tipo de energía influirán en el logro del objetivo del 20% de renovables en 2020, así como los riesgos regulatorios que pueden dificultar aun más la inversión privada en este ámbito”, afirmó.
La Asociación Empresarial Eólica considera que el Gobierno ha tratado al sector eólico, que no es culpable del déficit de tarifa y siempre se ha desarrollado de acuerdo a los objetivos, de una forma tremendamente injusta. Las medidas aprobadas vulneran los principios de seguridad jurídica al ser claramente retroactivas, porque cambian las condiciones de las inversiones realizadas por el sector durante más de veinte años. Vulneran también el principio de rentabilidad razonable, al no cumplir los principios de rentabilidad razonable de la CNE y fijarla con criterios arbitrarios.
Asimismo, las medidas alteran radicalmente los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España, lo que supondrá una cascada de problemas financieros para el sector y, eventualmente, para la banca. A la vez, tiene un fuerte impacto en el valor de las empresas, como se ha visto en su evolución en bolsa desde que el Consejo de Ministros aprobó la reforma el pasado viernes.
