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Las energías renovables en España deben 40.000 millones de euros, entre la energía solar fotovoltaica, eólica y termosolar.
«Estamos contra las cuerdas», ha alertado José Manuel Villarig, presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables.
Los representantes de las asociaciones sostienen, además, que esta reforma hecha “a espaldas del sector” genera una gran inseguridad jurídica para los inversores. “Este es el quinto cambio normativo retroactivo en dos años”, ha lamentado Miguel Ángel Martínez-Aroca, de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier). “El Gobierno ha cogido lo publicado en el BOE, donde invitaba a los inversores a poner su dinero en las renovables garantizándoles unas condiciones, y lo ha roto”, ha añadido.
El sector de las energías renovables en España, que creció exponencialmente desde el año 2005, acumula una deuda de más de 40.000 millones de euros con los bancos, la mitad en proyectos de energía solar fotovoltaica y la otra mitad a partes iguales entre eólica y termosolar, indicó el presidente de Protermosolar, Luis Crespo.
Esta fuerte exposición bancaria podría trasladar el problema de las energías renovables al balance de los bancos, ya fuertemente lastrados por las continuas provisiones inmobiliarias, aunque la bola de nieve podría llegar también hasta los inversores internacionales, puesto la deuda de muchos proyectos renovables ha sido titulizada.
“Los covenants (contratos) con la banca ya han saltado (…) la banca está en posición de ejecutar los proyectos, las refinanciaciones son imposibles (…) estamos en contacto constante con la banca”, explicó Donoso, que afirmó que el problema renovable va camino de convertirse en un problema para la banca.
La estrategia del sector va a seguir adelante con las ya innumerables demandas y denuncias en todas las instancias nacionales e internacionales contra una normativa que consideran discriminatoria, retroactiva y que instala la inseguridad jurídica en el sector.
“Por supuesto que tomaremos acciones legales, ya están nuestros abogados estudiando todas las acciones legales en el sector tanto en España como en Bruselas”, agregó el presidente de UNEF.
Las principales asociaciones de productores de energía solar ofrecieron el miércoles una rueda de prensa conjunta en la que cargaron de nuevo contra el Ministerio de Industria y aseguraron que la nueva regulación pone en riesgo de quiebra a la gran mayoría del sector y que no está inspirada en criterios técnicos.
“La reforma está inspirada en dos principios, uno recaudatorio y el otro ideológico, pero ninguno técnico. No podemos hacer todavía un balance global de la misma porque nos falta una variable, que es la de los costes estándar (…) van a ir a unos TIR (rentabilidades) mínimas para un sector que es muy diverso”, indicó José Donoso, presidente de la patronal UNEF.
El Gobierno lanzó el viernes una reforma destinada a atajar el déficit de tarifa de más de 26.000 millones de euros que pesa sobre el sector eléctrico, una deuda de los consumidores con el sector por la diferencia entre los costes e ingresos regulados.
Aunque se desconoce el impacto específico sobre las cuentas de las renovables, el Gobierno calcula que para 2013 las renovables verán caer su remuneración en 749,58 millones de euros consecuencia de las medidas tomadas para este año.
La reforma elimina el sistema de primas, que para este año supondrá un coste para el sistema eléctrico de 10.000 millones de euros por unas condiciones climáticas más favorables para el sector renovable, que dispararon las primas en 950 millones de euros por encima de lo previsto.
Para 2014 en adelante, el recorte con el nuevo sistema de pagos por capacidad, tras eliminar el sistema de primas y fijar una rentabilidad fija del 7,5 por ciento para el proyecto, ascenderá al entorno de los 1.350 millones de euros, según indicó el ministro de Industria José Manuel Soria en una rueda de prensa reciente.
Los productores de energía solar, tanto fotovoltaica como termosolar, se quejan que esta “rentabilidad razonable” no es tal ya que no tiene en cuenta ni los costes financieros ni los impuestos lo que hará que la rentabilidad real de los proyectos estará muy por debajo de las cifras que maneja el Gobierno.
También reclaman que, al tener en cuenta la rentabilidad por proyecto y por capacidad instalada a lo largo de toda la vida del mismo (entre 20 y 25 años) y no desde la entrada en vigor de la ley, penaliza a las empresas más eficientes que han recibido mayores primas en los últimos años.
“Prima la ineficiencia, el que ha hecho la central más ineficiente, se ve más afectado”, apostillo Donoso que cifró en el entorno de 7.000 los puestos de trabajo que podrían verse en peligro por la puesta en marcha de la reforma en el sector fotovoltaico.
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