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Según datos oficiales del año 2011, el precio medio de la producción de electricidad en Canarias en régimen ordinario (a partir de combustibles fósiles) fue de alrededor de 194 euros/MWh; el precio medio de retribución de la energía eólica en Canarias se situaba en unos 85 euros/MWh y la prima que se asignaba en aquel año a los proyectos de instalaciones en el ámbito de la energía solar fotovoltaica estaba en el entorno de los 125 euros/MWh.
Es decir, el ahorro financiero que se podría obtener en aquel año por cada megavatio-hora (Mwh) de energía eléctrica producida a partir de energía eólica o fotovoltaica se situaba en torno a 109 euros (194-85) y 69 euros (194-125) para cada una de esas modalidades. Es decir, producir electricidad mediante instalaciones eólicas o solares fotovoltaicas resulta más barato que mediante el consumo de gasoil o de fuel-oil en una instalación convencional, si bien es cierto que no siempre hace viento y sol intenso. Conviene dar a conocer que mientras que las energías renovables cubrieron en el sistema eléctrico peninsular alrededor del 34% de la demanda eléctrica de ese año de 2011, en los sistemas eléctricos de Canarias solamente alcanzaron alrededor del 7%. En el mes de enero de 2012 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-Ley 1/2012 por el que se procedía a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Se convalidó en el Congreso con el voto en contra del grupo parlamentario socialista. ¿Qué supuso ello en Canarias? Pues sencillamente que por orden del Gobierno de España se paralizó la instalación de 1.215 megavatios de potencia renovable, 440 de eólica ya adjudicadas tras el último concurso de asignación de potencia convocado por el Gobierno de Canarias y otras cantidades de fotovoltaica, minihidráulica, biogás…, además de varios bombeos reversibles. Lamentablemente, la decisión del Gobierno de España trajo consigo la paralización de los referidos proyectos que suponían una inversión superior a los 1.400 millones de euros, ingresos fiscales a las administraciones públicas, la generación de puestos de trabajo en número relevante, dado que al ser más intensivo el uso en mano de obra con tales tecnologías renovables que el que se genera en las plantas abastecidas por energías convencionales, de forma tal que la predicción no excesivamente rigurosa preveía la generación de 5.000 puestos de trabajo. Además de ello, análisis realizados por colectivos diversos habían establecido en unos 60 millones de euros el ahorro en la compra de casi ochocientas mil toneladas de combustibles y además de la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El proyecto de ley gubernamental utiliza un título sugestivo que no se corresponde con su contenido. Naturalmente que coincidimos en la intención de incrementar la competencia. Por ello hemos planteado un texto alternativo inspirado en la voluntad de impulsar medidas que mejoren la competencia; es decir, un proyecto de ley con contenidos claramente diferenciados de los del Gobierno y en los que entre otras medidas se plantea la derogación del Real Decreto-Ley 1/2012 en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, así como en Baleares y Canarias. Derogando pues el referido real decreto-ley se podrá incrementar en más de 1.000 Mw la potencia útil y se produciría energía más barata y habríamás empleo. Esto es lo mínimo que podemos pedir desde Canarias. ¿Por qué no se deroga en Canarias esa norma? Veremos que vota eel grupo parlamentario popular.
En comunicación periodística anterior, exponía unas reflexiones acerca de la sorprendente iniciativa del Ministerio de Industria que, ignorando a los gobiernos de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias -a los que debía haber pedido informe previo tal como establece la Ley del Sector Eléctrico-, elaboró un proyecto de ley para la introducción de nuevas normas en los sectores eléctricos de esas comunidades y ciudades. Una vez aprobado dicho proyecto de ley por el Consejo de Ministros, éste fue remitido al Congreso.
Se trata de una ley inspirada esencialmente en la intencionalidad de recortar las ayudas solidarias que, procedentes de todos los consumidores eléctricos españoles, llegan a esos territorios. Además de que es un proyecto de ley profundamente discutible, sorprende su aparición dado que, tal como prometió el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación, a finales de junio, el Consejo de Ministros aprobará una nueva Ley del Sector Eléctrico español de ámbito global en el país, de cuyo tratamiento general parece ser que se nos quiere separar. Consiguientemente, en los meses venideros desvelaremos las verdaderas intenciones que encubre el actual proyecto de ley y entenderemos las razones por las cuales el Gobierno español ha venido convocando a los consejeros responsables del ramo de los cuatro territorios para comunicarles las enmiendas que el grupo parlamentario popular en el Congreso presentará con el objeto de deshacer los nudos disparatados que contiene el proyecto de ley y que, ante el aturdimiento del Ministerio, han venido ampliando durante semanas el plazo de presentación de enmiendas parciales. A veces, en Canarias, la dinámica político-social nos lleva a olvidar acontecimientos o decisiones gubernamentales de no mucho tiempo atrás. Precisamente esto es lo que viene ocurriendo y se denota en los múltiples comentarios que en los diferentes medios de comunicación aparecen al debatir sobre el proyecto de ley gubernamental sobre “la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares”. Si bien es cierto que se trata de un proyecto de ley que afecta a Ceuta, Melilla, islas Baleares e Islas Canarias; mi condición de diputado socialista por esta tierra, me ha llevado a referirme fundamentalmente a nuestras islas.
Desde el grupo parlamentario socialista hemos elaborado una enmienda a la totalidad del texto. Pedimos que el gobierno lo retirara, lo hemos argumentado extensamente y como prueba positiva de colaboración parlamentaria, dado que es en el Parlamento donde se produce la tramitación del proyecto de ley. Hemos presentado, además, un proyecto de ley alternativo con variados contenidos que explicitaremos en próximas colaboraciones periodísticas.
Por José Segura Clavell, DIPUTADO SOCIALISTA EN EL CONGRESO.
