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Las productoras de energías renovables (termosolar, fotovoltaica y eólica, Protermosolar, APPA, UNEF, Anpier) emprenderán acciones legales contra el Gobierno.
Así lo han señalado hoy representantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) y la patronal termosolar (Protermosolar).
Las principales asociaciones de energías renovables (Anpier, APPA, Protermoslar y UNEF) se proponen denunciar los recortes del Gobierno al sector incluso ante organismos internacionales. Este colectivo se opone radicalmente al Real Decreto-ley 2/2013 que supone una rebaja en sus ingresos de casi 500 millones de euros.
Aunque no forma parte de esta alianza, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) también estudia acciones legales contra esta reforma que consideran como “inaceptable” y que sitúan a este ámbito de las energías renovables “en una situación insostenible”.
Cuatro asociaciones de productores de energías renovables han anunciado hoy que emprenderán acciones legales contra las últimas medidas aprobadas por el Gobierno para reducir su retribución, al considerar que alteran la seguridad jurídica.
La otra opción, según han explicado, es conseguir el apoyo de una comunidad autónoma, cincuenta diputados o cincuenta senadores para que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra las normativas.
Las asociaciones han pedido también que el real decreto aprobado el viernes por el Gobierno, por el que se cambió el método de actualizar y acogerse a las primas, se tramite como proyecto de ley con el objetivo de que pueda admitir modificaciones durante el proceso parlamentario.
El presidente de APPA, José Miguel Villarig, ha considerado que el último real decreto es “la guinda” a la “política de acoso y derribo contra las renovables” del Gobierno, al que ha acusado de “comprar todos los argumentos” a las grandes eléctricas.
Villarig ha criticado las últimas normativas, en especial la que obliga a las plantas renovables a optar entre una tarifa fija o el mercado, porque altera sus parámetros de retribución, que queda sujeta a criterios políticos.
“Nos sentimos estafados”, ha apuntado, al tiempo que ha lamentado la falta de diálogo con el Gobierno y ha asegurado que, a la hora de ajustar costes, “solo se estudian las alternativas que vienen desde (la patronal de las grandes eléctricas) Unesa”.
Por su parte, el presidente de Protermosolar, Luis Crespo, ha dicho que la aplicación de la ley de medidas fiscales para la generación eléctrica y el cambio en la normativa de primas supone reducir en un 33 % los ingresos de las plantas termosolares.
Ha considerado que de esta manera se reduce “retroactivamente la rentabilidad de las inversiones”, lo que supone “una expropiación en toda regla” que lleva a los proyectos a “pérdidas” e incluso de quiebra.
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha asegurado que los pequeños productores están “en la ruina” tras ver reducida la retribución prevista inicialmente en un 40 %.
Por su parte, el director general de UNEF, José Donoso, ha señalado que, debido a los cambios en la regulación, los fondos internacionales han empezado a considerar las renovables españolas como “no elegibles” y ha estimado que los productores nacionales “se han convertido en rehenes de su propio Gobierno”.
Las asociaciones han añadido que todas mantienen contactos con la Unión Europea para defender sus intereses y han alertado de que la quiebra de las plantas puede derivar en un problema financiero que sobrecargaría los balances de los bancos.
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