EolicCat, la asociación que reúne a buena parte de las empresas vinculadas al sector eólico que operan en Cataluña, prevé que el año que viene no se construya ningún parque eólico en Cataluña, de forma que teme que el parón de la eólica en Cataluña se alargará como mínimo hasta 2015. En una entrevista con Efe, el presidente de esta asociación, Miquel Cabré, que es director de estrategia y desarrollo de negocio de Alstom Wind, ha asegurado que es "francamente difícil" que el año que viene se construya algún parque eólico en Cataluña. En 2013 sólo se ha acabado un parque eólico de 9 megavatios en la Sierra de Vilobí, en los términos municipales de Fulleda y Tarrés, en la comarca de Les Garrigues (Lleida), y "no habrá más este año", concluye Cabré. Esta asociación, que forma parte a su vez de la Asociación Empresarial Eólica, culpa de esta "incertidumbre" que afecta al sector a la reforma energética elaborada por el Gobierno español, que ha suprimido los incentivos a las futuras plantas de renovables y ha recortado la retribución a las instalaciones existentes, entre ellas a los parques eólicos. "El Gobierno ha destruido cualquier indicio de confianza jurídica con una reforma energética que se ha enfocado muy mal", ha lamentado Cabré, que ha recordado que las inversiones en parques eólicos se planean a muy largo plazo y ha avisado de que "el daño" al sector de las renovables "ya está hecho". "Las reglas del juego aún no están sobre la mesa y tampoco está claro cuándo se conocerán, por lo que es inviable invertir si el marco retributivo no se aclara", ha asegurado. Actualmente, Cataluña tiene en operación un total de 43 parques eólicos que suman una capacidad eólica instalada de 1.272,32 megavatios, con lo que esta comunidad se sitúa en una zona media en relación al conjunto de España, pero a gran distancia de comunidades punteras en eólica como Castilla León, Castilla La Mancha o Galicia. Aunque Cataluña tiene actualmente proyectos autorizados o en tramitación que suman 2.116 megavatios, la patronal eólica sostiene que no se construirá ningún parque ni este año ni el próximo. Esos 2.116 megavatios se dividen en tres bloques: los ya autorizados (644,60 megavatios), los que están en tramitación (704,15 megavatios) y los vinculados a las llamadas Zonas de Desarrollo Prioritario, que aportan otros 768 megavatios, aunque una de las siete zonas -la del Alt Empordà- ha quedado de momento excluida por parte del gobierno catalán.

España perderá niveles importantes de inversión y empleo sin un marco regulatorio que incentive a la eólica

REVE

Durante la presentación del informe, Rocío Sicre, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), ha reforzado este mensaje: “El sector eólico necesita un marco regulatorio que le dé visibilidad a largo plazo para poder hacer su trabajo”, afirmó, y “la eólica está dispuesta a dialogar con el Gobierno para ello”.

“La solución para dar continuidad en España al sector pasa por un marco regulatorio estable y predecible, que incentive la generación eólica. De lo contrario, el país perderá niveles importantes de inversión y empleo en los próximos años”, señala el Estudio del impacto macroeconómico del sector eólico en España en 2011, elaborado por la firma de consultoría Deloitte.

En sus conclusiones, el informe indica que “la industria eólica confirma en 2011 su importancia para la economía española, pero reduce por tercer año consecutivo su aportación al PIB. El potencial del sector para contribuir al crecimiento económico del país está claramente infrautilizado”. Y añade: “Esta situación ha sido provocada por decisiones políticas (la falta de un marco retributivo para nuevas instalaciones más allá de 2012, la moratoria que suspende los incentivos renovables, etcétera) que amenazan la permanencia de la industria eólica en España: se está perdiendo una oportunidad histórica de liderar un sector industrial de vanguardia a nivel global”.

Una de las consecuencias de estas decisiones es la pérdida de 14.319 empleos desde finales de 2008, lo que sitúa en 27.119 los trabajadores (directos e indirectos) del sector a finales de 2011. En ese año, se perdieron 2.085 puestos de trabajo directos y 1.543 indirectos (en total, 3.628), una tendencia que se ha agravado en 2012 por la moratoria para nuevas instalaciones.

Según Deloitte, la contribución total del sector al PIB fue de 2.623 millones de euros (suma de la aportación directa e indirecta) en 2011, lo que representa el 0,24% sobre el total. Esto significa una caída en términos reales del 12,62% respecto a 2010.

La eólica en 2011 sustituyó 8,3 millones de teps en importaciones de combustible fósil, por valor de 1.919 millones de euros. Asimismo, evitó la emisión de 21,97 millones de toneladas de CO2, valoradas en más de 282 millones. Si se comparan las primas percibidas por la eólica durante el periodo 2005-2011 (9.028 millones) con el impacto económico que supone evitar importaciones de combustibles fósiles y emisiones de CO2 (12.101 millones), se observa que el ahorro para el país ha sido de 3.073 millones, según el informe.

El esfuerzo de la industria eólica española en I+D+i durante el ejercicio 2011 fue de 118 millones de € (el 7,25% de la contribución sectorial al PIB, frente al 1,35% que representa la I+D+i total sobre el conjunto del PIB español). Las exportaciones del sector fueron de 1.893 millones de euros, tras caer un 14,2%.

Deloitte destaca que fuera de España existen oportunidades derivadas del aumento de capacidad instalada que se producirá en los próximos años: la Agencia Internacional de la Energía estima que a nivel mundial la potencia eólica instalada en 2020 alcanzará los 582 GW, de los que 213 GW estarán en la UE. “Ello constituye una importante oportunidad para la empresas del sector, que podría desaprovecharse si se produce un desmantelamiento de la industria nacional derivado de la falta de proyectos en nuestro país (se perderían las capacidades y experiencias acumuladas de los últimos años) y no se contaría con la referencia de una industria nacional líder”, dice el informe.

Ante esta situación de crisis, Deloitte recomienda al Gobierno la puesta en marcha de un marco regulatorio apropiado y estable a largo plazo en el que no exista incertidumbre con respecto a la evolución futura de las reglas del mercado. Y a las empresas, el replanteamiento de los modelos de negocio para permitir aprovechar las capacidades desarrolladas y el conocimiento adquirido.

Asimismo, señaló que el sector entiende que acabar con el déficit de tarifa sea una prioridad para el Ejecutivo, pero debe entender que “las primas a la eólica no son responsables del déficit”.

Para consultar el Estudio del impacto macroeconómico del sector eólico en España en 2011, pincha aquí.