Los beneficios de las energías renovables

Recientemente he visto como en los periódicos se ha venido presentando la importancia de mantener los beneficios fiscales que tiene la ley 57-07, dentro del paquete de medidas que contempla la reforma fiscal que está promoviendo la nueva administración.

En vista de eso, he decidido hacer un pequeño ensayo para demostrar con números contundentes los beneficios de las energías renovables, al ser esta un ingrediente imprescindible para el desarrollo económico y el bienestar social.

Para desarrollar nuestra presentación debemos de mencionar cinco factores importantes que afectan esta industria: 1) El constante crecimiento que han tenido las energías renovables, aún en la actual coyuntura económica, el cual ha sobrepasado del 25% en el ámbito internacional.

2) La sistemática reducción en los precios del kilovatio hora que ha experimentado este renglón en los últimos años.

Solo en el 2011 el precio del kilovatio hora en energía solar se redujo en más del 50%. 3) La capacidad de generación de empleos que tiene esta industria.

Se habla de que solo en Estados Unidos, en agosto de 2011, había más de 100,000 empleados en la industria de energía solar.

Esta cifra corresponde a más del doble de los que había en 2009. A su vez, estos empleados laboraban en más de 5,600 negocios en ese país, muchos de los cuales eran pequeñas empresas e instalaciones residenciales. Esto es una clara muestra de la repercusión que tiene esta actividad en la micro y pequeña empresa. Ya en nuestro país existen más de 60 empresas registradas en la Comisión Nacional de Energía (CNE) que crean empleos en este segmento de la economía. 4) Los incentivos a las energías renovables son solo una fracción de los incentivos que se le dan a los combustibles y al gas natural, no solo en nuestro país, sino en todo el contexto mundial.

5) Las energías renovables deben ser una parte importante de la matriz energética del país. Si eliminamos los incentivos, la matriz energética nacional continuará en la misma situación en que se encuentra actualmente, lo que está harto probado que no es el modelo más eficiente.

Solo hay que ver el déficit de US$1,500 millones que tiene el sector eléctrico en la actualidad.

Veamos un caso específico.

Si el sector privado decide invertir en 100 megavatios de energía solar, el costo estimado sería de unos US$400 millones. Según establece la ley 57-07, el crédito fiscal que se obtendría por esta inversión alcanzaría US$300 millones distribuido sobre un período de tres años (ver artículo 12 de la ley 57-07), o su equi- valente a US$100 millones anuales. Ahora bien, como afectaría esto al Estado? Hay dos formas en que este se vería afectado: una a nivel de balanza de pagos y otra a nivel fiscal. Si consideramos que 100 megavatios pueden consumir unos 48 millones de galones de combustible al año, que un barril de petróleo tiene 42 galones de combustible y que el precio del barril de petróleo sea de US$90.00, los ahorros en divisas sobrepasarían los US$102.0 millones anualmente.

Asimismo, si se obtiene un préstamo del 60% del valor de esos productos por un período de 20 años (plazo común para el financiamiento de los mismos), eso le representaría un ingreso para efecto de balanza de pagos de US$240.0 millones en el primer año, totalizando ingresos de efectivo cercano a los US$250.0 millones.

En la segunda parte, la fiscal, el Gobierno dejaría de percibir por el crédito fiscal contemplado en la Ley, la suma de los US$100 millones, pero a su vez, las empresas obtendrían una mejoría en sus ingresos que resultaría en impuestos adicionales equivalentes a US$36 millones, como resultado de la reducción en sus costos operacionales.

A su vez, se generarían intereses, que en caso de que fuera el Gobierno que hiciera la inversión y no el sector privado, los mismos ascenderían a US$20 millones anuales. Por lo tanto, el efecto en la recaudación fiscal sería de US$100 millones menos los US$36 millones menos los US$20 miilones. Es decir, solo tendría un efecto neto de reducción de US$44 millones en las recaudaciones del fisco.

Si conjugamos esas dos partidas, es decir, la fiscal con la del efecto en las divisas, el resultado es una posición favorable para mantener los incentivos a la ley 57-07 de unos US$202.0 millones anualmente durante los primeros tres años y de casi US$140 millones a partir del cuarto año y por 25 años, que es la vida asegurada de los sistemas de energía solar.

Aunque el ejemplo sería similar en las demás partidas, como eólica, biogás, hidrógeno y las otras partidas contempladas en la Ley, hemos tomado la energía solar como un modelo inicial para hacer los cálculos.

Sin embargo, y para complementar lo expresado anteriormente, lo mismo sería si utilizáramos biomasa.

En este sentido, a continuación pasamos a desarrollar el tema.

Con una inversión de igual magnitud, es decir de US$400.0 millones para generar electricidad con biomasa, se pudieran producir unos 50 megavatios de energía eléctrica. Esto, a su vez, generaría unos 35.0 millones de galones de etanol anualmente y generaría mas de 6,000 empleos directos, con ingresos en el área rural que sobrepasarían los US$72.0 millones anuales. En resumen, este otro componente, de la hoy en peligro ley 57-07, le pudiera representar a nuestro país, entre ahorros en la generación eléctrica y posibles exportaciones de etanol celulósico, más de US$280 millones anuales, amen de la seguridad en el suministro de combustibles y de un cambio en la matriz energética.

La pregunta final sería, ¿qué buscamos? ¿Arreglar el vaso roto cambiando la matriz energética manteniendo la ley 57-07 o le echamos más agua al vaso roto, dejando todo como está y quitamos los incentivos establecidos en la Ley que ayudan a cambiar la matriz energética? La respuesta la obtendremos cuando se apruebe el nuevo pacto fiscal… pero hay números que hacen inclinar la balanza hacia mantener los incentivos que promuevan el desarrollo de este sector y no hacia el de mantener una obsolescencia energética como la actual.

José Vela, http://www.listindiario.com.do/