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Cristina Narbona pidió ayer al Gobierno que corrija y rectifique su política energética, porque pone en riesgo al sector de las energías renovables y en consecuencia el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos en el horizonte 2020 por la UE.
En su intervención en la comparecencia del Secretario de Estado de Medio Ambiente en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático, la portavoz socialista denunció que el Gobierno está haciendo retroceder el sector de las energías renovables desde el principio de la legislatura con la consiguiente pérdida de empleos y de inversión tanto española como extranjera, y advirtió de que difícilmente España podrá cumplir con los objetivos marcados por la UE si el Gobierno no corrige radicalmente su política energética.
Cristina Narbona recordó la ardua tarea que hizo el Gobierno del PSOE frente a la herencia recibida en 2004 de Aznar –quien se guiaba por la premisa “de que cumplir el protocolo de Kyoto era la muerte de las empresas españolas”, recordó la exministra de Medio Ambiente-, y denunció, gráfico en mano, que de 1996 a 2004 los Gobiernos del PP aumentaron en 40 puntos las emisiones de CO2.
“Si se ha producido una reducción de más de 20 puntos durante el período 2004-2011 de emisiones de CO2 a la atmósfera es porque se ha multiplicado por dos el contenido del mix energético español de energías renovables, esas dos palabras que usted no ha mencionado en su intervención”, subrayó Narbona.
Ninguna referencia a las energías renovables ni al Fondo Verde
“El cumplimiento del protocolo de Kyoto del que ahora el actual Gobierno se ufana es el resultado en realidad del extraordinario avance de las energias renovables en España y solo en menor medida de la compra de créditos de carbono llevada a cabo recientemente”, subrayó Narbona, que lamentó que el Secretario de Estado en su intervención haya hablado de cambio radical en la política de lucha contra cambio climático para referirse exclusivamente a la compra de derechos de emisión de carbono –que “tiene que ver con que se ha hundido literalmente el precio de la tonelada de CO2 y el gobierno ha conseguido una operación a coste más beneficioso para el Presupuesto del Estado”, aclaró la portavoz socialista-.
Cristina Narbona lamentó que en su intervención el Secretario de Estado no se haya referido ni a energías renovables ni al Fondo Verde, y recordó que la CE en su informe de evaluación del programa nacional de reformas de este año “ya daba una señal muy critica en relación con la política energética en España en relación con las energías renovables”.
Efectos del cambio climático sobre el litoral
En su intervención, la responsable del GPS en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático preguntó al Secretario de Estado de Medio Ambiente si cree que la legislación que se está aprobando en esta legislatura va a contribuir a la hoja de ruta 2020 y 2050. También pidió información sobre cuántas toneladas de CO2 ahorran los proyectos que van a ser financiados por el fondo español de carbono; preguntó por la aportación de España a la fase temprana de financiación del fondo verde durante los años 2012 y 2013; y si el nuevo plan nacional de reformas va a tener algún capítulo dedicado a la lucha contra el cambio climático como impulsor de una transformación de la economía española, entre otras preguntas.
Por último, la portavoz socialista preguntó al Secretario de Estado si la reforma de la ley de Costas ha tenido en cuenta los efectos del cambio climático sobre el litoral, en particular sobre los propietarios de inmuebles construidos en las playas a los que la reforma les otorga una ampliación de sus concesiones de hasta 75 años, y si se había evaluado el coste para el erario público de la protección y compensación a los afectados por la subida del nivel del mar y de temporales de mayor magnitud, ya evidentes en nuestro litoral. El Secretario de Estado ha afirmado que “el Estado no contempla ninguna compensación por razones de fuerza mayor”, eludiendo así cualquier reconocimiento de la gravedad de estos efectos, crecientes a lo largo de los próximos años, de acuerdo con todos los estudios sobre la vulnerabilidad de la costa española.
“El Ministerio ha presentado una reforma supuestamente encaminada a aumentar la seguridad jurídica de los propietarios de estos inmuebles”, rebatió Narbona, “y en realidad, lo que genera esta reforma es un escenario de grave inseguridad física e incluso económica, ya que esos inmuebles iran perdiendo valor como consecuencia del riesgo creciente de afección por los efectos del cambio climático”.
