Un total de veintitrés asociaciones de energías renovables han suscrito un comunicado conjunto en el que aseguran que la reforma energética que prepara el Gobierno aboca al sector «a la deslocalización o la desaparición» y en el que advierten de los «efectos devastadores» de los nuevos impuestos planteados.
El sector también considera que hay 111.000 empleos en peligro por la «paralización» del sector renovable y previene al Gobierno de las consecuencias de sacar adelante una norma cuya «inseguridad jurídica y retroactividad multiplicarán los contenciosos» con la Administración.
Entre los firmantes del comunicado figuran APPA, UNEF, y la patronal de la termosolar, Protermosolar. El sector renovable, señalan, ya se encuentra paralizado por la moratoria de enero y «no podrá soportar nuevas tasas», con lo que una reforma como la planteada «pondrá en serio peligro» una actividad en la que «hasta hace poco España era líder mundial».
La reforma incumplirá además los objetivos de energías renovables comprometidos con Europa, incrementará la dependencia energética e impedirá que el país aproveche uno de los mercados de mayor crecimiento mundial, señala.
Los impuestos que baraja el Gobierno, señalan, llevarán a la «práctica destrucción» al sector y gravará en 1.180 millones de euros anuales adicionales la actividad del sector, que ya se encuentra «muy castigado» por los recortes retroactivos y la moratoria de enero.
«De materializarse las medidas anunciadas, las tecnologías renovables verán aumentados sus gravámenes hasta situaciones absolutamente insostenibles y se vulnerará además el principio de rentabilidad razonable recogido en la Ley del Sector Eléctrico», lo que hará que «crezcan exponencialmente las reclamaciones judiciales y que se multipliquen los numerosos contenciosos que tendrá que afrontar el Gobierno español», afirman.
La tasas anunciadas será además, a juicio de las asociaciones, «claramente discriminatorias con respecto a las tecnologías del régimen ordinario», que podrán trasladar los gravámenes al precio del ‘pool’ y no sufrirán efecto en sus cuentas de resultados.
«El Gobierno, consciente de que está realizando una expropiación de derechos, compensa al régimen ordinario aumentando la vida de sus concesiones hidráulica y nuclear», pero «no actúa con el mismo rasero con las renovables, para las que no arbitra compensación ni justiprecio alguno», lamenta.
Aparte de por APPA, UNEF y Protermosolar, el comunicado aparece firmado por ACER (Asociación Canaria de Energías Renovables), Acluxega (Asociación Cluster da Xeotermia Galega), Aebig (Asociación Española del Biogás); Aemga (Asociación de Energía Minieólica de Galicia), AEPA (Asociación Eólica del Principado de Asturias), Aeversu (Asociación Empresarial de Valorización de RSU) y Aifoc (Asociación de Instaladores de Energía Solar Fotovoltaica sobre Cubierta).
También suscriben la iniciativa Aprean (Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía), Apuee (Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica), Aremur (Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia), Aserma (Asociación Española de Gestores de Biomasas de Madera Recuperadas) y ASIT (Asociación Solar de la Industria Térmica).
Junto a ellos, figuran Avaesen (Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía), Avebiom (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa), Cluster Ricam (Cluster Empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos de Canarias), Donostia Sustapena (Cluster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Donostialdea), EGA (Asociación Eólica de Galicia) y Eolicat (Associació Eòlica de Catalunya), así como Giwatt (Asociación de Productores Hidroeléctricos de Guipúzcoa) y Solartys (Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las Empresas Solares).
