Varios parques eólicos gallegos entrarán en pérdidas una vez que se aplique el nuevo impuesto con el que el Gobierno central penalizará a la energía eólica.
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) entiende que algunas instalaciones no podrán soportar la obligación de abonar un impuesto del 11% sobre su facturación y otras quedarán en el límite de la viabilidad. Esta nueva carga se acumula sobre otras de carácter autonómico y local que no se aplican en las restantes comunidades.
Precisamente los gravámenes autonómicos harán que el consumidor gallego pague la luz más cara que el residente en zonas donde no existen esos recargos.
EGA considera que el nuevo impuesto forzará a algunas sociedades eólicas a parar sus parques, lo que desencadenará efectos en la industria auxiliar e incluso en entidades financieras. El nuevo impuesto es demasiado oneroso porque no se aplica sobre el beneficio generado, sino sobre el volumen de facturación, con lo que fuerzan al sector a pagar sumas exorbitantes. Además, se trata de una medida discriminatoria porque penaliza a las fuentes renovables mientras la energía convencional sólo soportará una carga del 4%.
El impuesto confunde la generación de ingresos con la capacidad económica de la empresa e ignora el elevado peso que las amortizaciones e intereses financieros tienen en los promotores de energías renovables. Al pago de la deuda dedican las compañías eólicas su caja, lo que no es comparable con el beneficio que obtienen aquellos que explotan desde hace años tecnologías más amortizadas.
En este contexto, la supervivencia de nuevos entrantes en el sector de las energías renovables es muy difícil, por lo que se propiciará una concentración empresarial. También incidirá negativamente en las entidades financiadoras que, como mínimo, deberán aumentar sus provisiones o incluso asumir un mayor volumen de préstamos fallidos.
Un gravamen discriminatorio por tecnologías como el que ahora aplicará el Gobierno, vinculado a los ingresos y no a los beneficios, equivale en la práctica a una revisión retroactiva de los incentivos que las energías renovables tienen reconocidos por ley. Esta situación de inseguridad jurídica sitúa a España en una senda impropia de un país europeo.
La nueva política fiscal, sumada a la moratoria impuesta a principios de año para los proyectos eólicos, equivale a la destrucción del sector eólico, lo que resulta particularmente lamentable en Galicia, ya que la comunidad fue líder nacional tanto en potencia instalada como en la industria de fabricación.
Además, la aplicación del impuesto adquiere mayor gravedad en Galicia porque aquí los parques soportan cargas autonómicas que no existen en otros lugares. En concreto, junto a los impuestos municipales, la Xunta estableció un canon eólico y ahora aplica también el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava con 40.000 euros cada megavatio que se vaya a instalar.
Pero las consecuencias negativas de la nueva fiscalidad no sólo la pagarán las empresas eólicas; también directamente los consumidores gallegos. El Gobierno central ha establecido que los impuestos de carácter regional han de ser repercutidos en el recibo de la luz, por lo que los 22 millones de euros que cada año han venido pagando a la Xunta, hasta ahora, las empresas eólicas habrán de ser recargados en lo sucesivo en la factura que las eléctricas pasan a sus clientes de Galicia, mientras que en el resto de España tendrán la luz más barata. Es decir, las empresas gallegas perderán competitividad al pagar más cara la energía y los consumidores domésticos sufrirán un nuevo perjuicio público en la economía familiar.
Sólo la Xunta podrá librarlos de esta contribución adicional retirando el canon eólico con el que ha venido penalizando el desarrollo del sector eólico.
En este contexto, es muy dudoso que los 2.300 megavatios distribuidos en el último concurso eólico autonómico lleguen alguna vez a instalarse, porque los impuestos, las dificultades de financiación y la obligación de realizar un plan industrial asociado a los proyectos eólicos hacen inviable cualquier iniciativa. Las obligaciones dictadas por la Xunta anulan las ventajas naturales que Galicia tiene sobre otras comunidades para el eficiente funcionamiento de los aerogeneradores; el nuevo impuesto del Ministerio de Industria sitúa al sector al borde de las pérdidas.
Por todo ello, EGA insta a la Xunta a resolver los graves problemas específicos del sector eólico gallego, a revisar su política fiscal y a plantear a la Administración Central un cambio de la suya. Después de una larga e infructuosa etapa de mesas de trabajo entre las empresas eólicas y la Consellería de Economía e Industria, ésta ha superar la fase de conversaciones para aplicarse en retirar sus penalizaciones fiscales y materializar las soluciones reales que la energía eólica precisa.
De otro modo, también desaparecerá lo que quedaba de un sector eólico gallego que en 2004 alcanzó una destacada posición a nivel mundial.
