Un repaso al referido documento permite concluir que España aplica una política fiscal anticuada. No se castigan los usos inadecuados de la energía. Bruselas pide introducir la fiscalidad ambiental como instrumento para incentivar la innovación tecnológica y mejorar la eficiencia energética. De hecho, los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales en España (en relación al PIB) “fueron los más bajos de la UE en el año 2010”.
Mientras las deducciones fiscales por la compra de vivienda han tenido un efecto perverso (alentaron el endeudamiento de las familias y la formación de la burbuja inmobiliaria), sigue habiendo una “amplia gama de reducciones y exenciones tributarias, así como subvenciones para actividades que resultan perjudiciales para el medio ambiente”.
El informe destaca que aún “hay margen de maniobra para aumentos de los impuestos especiales sobre los combustibles de transporte (gasolina sin plomo y gasóleo)”. Además, el Gobierno que tiene “pendiente” el plan para detallar “la forma en que España se propone reducir gradualmente hasta suprimir las ayudas a la producción de carbón y cerrar las minas de aquí al 2018”.
Yacimientos, en el reciclado
El informe lamenta que el Plan Estratégico español no recoja gravámenes para incentivar la adecuada gestión de los residuos, con el objetivo de generar menos y reciclar más. Es la única manera de “cubrir los costes de recogida, selección y reciclado”, que son tan bajos que han motivado una denuncia a la UE de los grupos conservacionistas. Con estas políticas se generarían 54.000 empleos y aumentaría el negocio anual del sector de los residuos en unos 5.700 millones euros. Además, las tarifas del agua, las más bajas de la UE, favorecen los regadíos sin incentivos para reducir el consumo de agua, lo cual genera insuficientes recursos económicos para recuperar los ríos.
“La UE nos está diciendo que debemos dejar de penalizar las actividades virtuosas; que no hay que premiar el ‘vicio’. Se necesita cambiar el modelo fiscal para gravar lo ‘malo’ y subsidiar lo ‘bueno’, para evitar el deterioro ecológico y la ineficiencia económica”, señala Jordi Ortega, investigador en cambio climático y sostenibilidad de la Universidad Carlos III.
Fiscalidad verde, poca
En España, la fiscalidad ecológico ha tenido escaso desarrollo. Baleares aplicó su ecotasa turística; Castilla-La Mancha tiene una tasa para los contaminantes de las térmicas (NOx y SO2). Y la Generalitat grava los residuos en vertederos e incineradoras.
Contra la idea de que el déficit de la tarifa eléctrica lo provocan las energías renovables, el informe de la UE critica que se hayan paralizado las ayudas a este sector, pues se ven comprometidas las metas en materia de energía y cambio climático para el 2020.
El dictamen apunta que no se están tomando en origen las medidas suficientes para reducir los costes de la energía, a consecuencia de los beneficios extraordinarios que obtienen la nuclear e hidráulica, “ya amortizadas”, según la UE, lo que también obstaculiza el crecimiento económico. “Un texto que sorprende por su claridad al mostrar que el Gobierno no ha comprendido la dirección que deben tomar las reformas estructurales”, dice Ortega.
Energías renovables, bloqueadas
En este mismo documento, la Unión Europea ha recriminado a España por bloquear los nuevos proyectos de energías renovables, que han quedado paralizados con la congelación de las ayudas a las fuentes limpias a partir de este año. La Comisión Europea juzga que "la suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en este sector y hará difícil que España alcance sus objetivos energéticos y climáticos en el marcado de la Estrategia Europa 2020". La afirmación se incluye en la evaluación que ha hecho la Comisión de los programas nacionales de reforma y de estabilidad presentados por el Gobierno español a Bruselas. La Comisión recuerda que la altísima dependencia de España de la energía importada complica el cumplimiento de las metas europeas; y alerta de que, con una menor proporción de renovables, aumentaría la de tasa de dependencia, cifrada en un 79%, un nivel "muy superior a la media de la UE", que es del 54%. España está obligada a que en el 2020 el 20% de la energía final sea de origen renovable, pero, según los datos enviados a Bruselas, en el 2009 sólo se cubría el 9,3%. La Comisión también indica que en España "aún está pendiente" de resolver "la simplificación de los complejos procedimientos de autorización", así como la supresión de los "obstáculos al desarrollo de las energías renovables".
Decreto encallado
Sin citarlo, el informe se refiere a una burocracia que torpedea los intentos de descentralizar la producción de energía y mantiene encallado el decreto de autoconsumo, que permitiría producir energía limpia en las edificaciones y entregar el excedente a la red. El informe agrega que "el sistema de atribución de la electricidad en España sigue siendo ineficiente y presenta un nivel de competencia insuficiente".
Los precios no reflejan los costes del sistema eléctrico y, aunque se han introducido medidas para reducir esos costes, "la subida de las tarifas a los consumidores puede frenar el consumo interno y reducir la competitividad exterior de las empresas".
Compensaciones a nucleares e hidroeléctricas
Lo más revelador del informe es que hace suyos en gran medida los argumentos de quienes afirman que la tarifa eléctrica resulta hinchada por los beneficios extraordinarios de las nucleares y las hidroeléctricas. La falta de competencia y el déficit tarifario han favorecido -se dice- "unas compensaciones excesivas de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas", y se mantienen las subvenciones a las minas de carbón, que son "ineficientes y perjudiciales para el medio ambiente".
Javier García Breva, presidente de la Fundación Renovables, dice que el dictamen avala las tesis de su organización. "La absoluta falta de rigor de la conformación de precio del pool eléctrico ya ha sido denunciada por el anterior presidente de la Comisión Nacional de la Competencia", dice. "Y la falta de competencia seguirá sin resolverse con el proyecto del Gobierno de crear un único ente regulador de los mercados". La Fundación Renovables estima que el déficit tarifario se debe en gran parte a que, pese a que se ha reducido la demanda eléctrica por la crisis, han continuado las inversiones en el sector gasista, y existe una sobredimensión de instalaciones de generación eléctrica que el cliente paga igualmente. "Desde el 2009, y pese a la crisis, se han instalado 3.000 MW de plantas de ciclo combinado y han continuado las inversiones gasistas". Para la fundación, la regulación del sistema tarifario es "una sucesión de parches".
Todos, con ayudas
"A cada tecnología se le da una compensación: se subvenciona el carbón nacional, pero eso incrementa las emisiones de CO2, y causa pérdidas en el gas. Se autorizan plantas de gas, pero como sobran instalaciones, se les paga por estar paradas y disponibles. Y a las nucleares e hidroeléctricas se les está retribuyendo por encima de los costes reales. La gran hidráulica no paga ni un euro por disponer de un agua que es de todos…", se queja. Javier García Breva habla de falta de transparencia.
"La fórmula elegida para determinar el déficit tarifario es un artificio contable. Todos los costes los pagarán los futuros consumidores", agrega. "La dependencia energética lastra la competitividad del país. La intensidad energética es muy superior a la de la UE. España necesita entre un 20 y un 25% más energía para producir los mismos bienes y servicios que la UE. La mayor importación de gas y petróleo está perjudicando de manera significativa nuestra competitivad", resalta García Breva.
