Los fabricantes de aerogeneradores alertan de la deslocalización de la eólica

Los fabricantes advierten de que la carga de trabajo de la industria apenas llega a la mitad de su capacidad productiva. Dado que los pedidos de aerogeneradores en fábrica se realizan entre 1,5 y dos años antes de que empiece la instalación de un parque y al no haber un marco regulatorio más allá del 31 de diciembre de 2012, en lo que va de año no hay nuevos pedidos de turbinas para el mercado nacional. Esto se suma a que en 2011 los pedidos fueron para menos de 100 MW y los de 2010, para 220 MW, frente a una media superior a 1.500 MW en años anteriores.

La industria eólica, que emplea a unas 30.000 personas, ha perdido más de diez mil puestos de trabajo en los últimos años como consecuencia de la incertidumbre. Advierte que su situación ya es insostenible y pide al Gobierno que tenga en cuenta a la hora de regular que la eólica ha creado a su alrededor un tejido industrial con empresas en toda la cadena de suministro –de los grandes fabricantes a los pequeños proveedores-, exporta tecnología por más de 2.000 millones de euros anuales, invierte en I+D unos 150 millones al año y ha situado a España como el cuarto país del mundo en patentes eólicas.

Los fabricantes hacen hincapié en que el Gobierno no puede perder de vista que España necesita a la eólica para avanzar en su independencia energética de cara a la previsible subida de los precios de los combustibles fósiles y para cumplir los objetivos vinculantes de la Directiva Europea sobre renovables, ya que es la tecnología más madura del régimen especial. El problema es que, si la eólica se paraliza ahora, a pocos años de ser competitiva sin incentivos, cuando se quiera reactivarla se habrá perdido el talento nacional, así como uno de los pocos sectores en los que nuestro país es referente indiscutible a nivel mundial.

El sector eólico entiende la complicada situación económica por la que atraviesa España y ha demostrado en repetidas ocasiones su disponibilidad para hacer sacrificios. Pero considera que no es el responsable del déficit de tarifa –su aportación en 2011 fue cero-, por lo que la solución no puede pasar de ningún modo por la destrucción de su industria y de sus 30.000 puestos de trabajo. De ahí que solicite con urgencia una regulación sostenible para la economía que garantice la supervivencia de un sector clave para la economía española.

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