Según el protocolo de Kioto, España sólo puede aumentar las emisiones de gases invernadero un 15% en el período 2008-2012; sin embargo en el año 2010 ya rebasaba esas emisiones un 22%.
Según la previsión del Ministerio de Medio Ambiente, España acabará esta fase del cumplimiento de Kioto (2008-2012) con un exceso de 159 millones de toneladas de CO2. Por eso, el Gobierno (responsable de las emisiones generadas en los sectores difusos, como el transporte, la edificación o la agricultura) ya lleva tiempo destinando recursos para la compra de los derechos de emisión en distintos mercados.
En total, ya ha destinado 420 millones de euros a estos contratos con distintas instituciones, aunque queda por compensar “un tercio de emisiones”, según explica a este diario el Ministerio de Medio Ambiente.
El Gobierno no detalla el precio con el que ha pagado las toneladas de derechos de emisión (“cupos de aire limpio”), ya que son datos confidenciales, pero algunos expertos consideran que se sitúa entre los 5 y los 8 euros por tonelada de CO2.
No obstante, la factura será menor a lo inicialmente temido. España llegó a incrementar hasta un 50% sus emisiones (2007) respecto a 1990, pero la crisis y la mayor presencia de fuentes renovables en el mix energético ha hecho descender las emisiones totales estos tres últimos años.
El Gobierno dispone de un fondo de carbono del Banco Mundial, cuya función es adquirir reducciones certificadas de emisión (CERs, en inglés), que valida la ONU, a través de proyectos en energías renovables, eficiencia energética, eliminación de gases y gestión de residuos. Estas reducciones certificadas son las que permiten hacer los descuentos en el inventario nacional de emisiones.
Además, participa en otros fondos para adquirir certificados a través de actividades relacionadas con nuevas plantaciones y reforestaciones de bosques, o proyectos de pequeña escala en países pobres o con bajo desarrollo. Y también ha comprado derechos de emisión de los antiguos países del Este (unidades de cantidades asignadas).
Precisamente, el hecho de que estos países puedan vender estos cupos de ‘aire caliente’ y obtener ingresos (beneficiándose de un desplome económico que les ha llevado a reducir emisiones sin esfuerzos reales) ha sido un motivo de controversia en el seno de la UE en el debate de Durban sobre los esfuerzos de limitación de gases de estos países en el próximo período de cumplimiento de Kyoto (que se prolongará hasta el 2018 o el 2020).
En paralelo, las 1.100 industrias españolas afectadas por Kioto (cementeras, siderurgia, vidrio, papel,….) ya han estado repercutiendo en sus precios el coste de los derechos de emisión. Y las compañías eléctricas, sin distinción, no los hacen pagar en el recibo de la luz.
De hecho, el peculiar sistema de elaboración de la tarifa de la luz hace que el coste total incorpore los precios de los derechos de emisión; lo cual crea situaciones extravagantes, como que las energías limpias (eólico, solar…) también lleven este extracoste, puesto que los costes del sistema eléctrico se calculan en su integridad. Se calcula que las empresas sujetas al comercio de emisiones representan el 45% de las emisiones totales de CO2.
Mientras tanto, Canadá anunció que abandona el protocolo de Kioto contra el cambio climático. No sólo renuncia a estar en la nueva fase a partir del 2013 (junto con los otros países industrializados que sí harán reducciones de gases en esta década), sino que se baja de un tren en marcha. Renuncia a cubrir el actual periodo de cumplimiento que expira a finales del año próximo. Y todo para no tener que pagar la carísima factura que le supone incumplir este acuerdo jurídicamente vinculante.
Canadá tenía que reducir sus emisiones de gases invernadero un 6% en el periodo 2008-2012 respecto a 1990. Pero la previsión es que se situará en un incremento del 29%, según el ministro de medio ambiente, Peter Kent. Para compensar el saldo deficitario, debería comprar derechos de emisión de gases en los mercados internacionales o a los países excedentarios (toneladas de CO2 no emitidas). Pero alegó que comprar aire limpio costaría unos 10.400 millones de euros.
Canadá se ha acogido al artículo 27 del protocolo de Kioto, que establece que un país puede quedar libre de compromisos legales para limitar las emisiones de gases si comunica por escrito su retirada del acuerdo un año antes de la finalización del periodo de cumplimiento (que acaba el 31 de diciembre del 2012).
En cambio, los otros 36 países firmantes del protocolo tendrán que justificar antes de esa fecha cómo van a alcanzar las metas. El gobierno canadiense es el segundo país del mundo ausente de Kioto, ya que EE.UU. nunca lo ratificó.
El ministro Kent alegó que, para cumplir con Kioto, Canadá tendría que adoptar medidas “radicales e irresponsables”, para reducir las emisiones de los combustibles fósiles, como retirar todos los vehículos de las carreteras o eliminar la calefacción.
El gobierno conservador renuncia a Kioto para no condicionar la explotación de los yacimientos petrolíferos de la provincia de Alberta, uno de los mayores del mundo. El primer ministro, Spethen Harper, ha considerado que el desarrollo de los yacimientos de crudo son esenciales para el futuro económico de Canadá. Aida Vila, de Greenpeace, declaró que la decisión de Canadá es “una desgracia, una falta de responsabilidad climática total”.
"Canadá alega que se retira porque los grandes países emisores de CO2 no están en Kioto; pero con sus actitud lo empeora todo más. El acuerdo de Durban (que lanza una negociación para que los países ricos y pobres limiten sus gases en el 2020) es, al menos, algo", dice Ismael Romeo, director de la bolsa de CO2 Sendeco, con sede en Barcelona. Varios países, entre ellos México, han pedido a Canadá que siga en Kioto.
