El sector eólico pide a Industria que retire su propuesta. Las empresas eólicas, desde fabricantes de aerogeneradores a promotores eólicos, rechazan la propuesta de Industria.
El sector eólico pide al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que retire el borrador de real decreto eólico que está en tramitación. En un esfuerzo de aproximación al Gobierno debido a la urgencia que tiene el sector de contar con un nuevo marco regulatorio, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) transmitió el jueves una contrapropuesta al Ministerio, que fue rechazada. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseguró esta semana públicamente que el nuevo marco normativo no saldría adelante sin el consenso del sector.
AEE ha hecho saber al Ministerio de Industria que, con las modificaciones introducidas en su última propuesta, no se aborda el problema central: que el marco normativo impide la ejecución de nuevos proyectos y el acceso a la financiación, por lo que aboca al sector a la parálisis, la destrucción de una gran parte de su tejido industrial y la pérdida de más de 15.000 empleos, la mitad de los puestos de trabajo del sector. Además, la nueva norma haría imposible el cumplimiento de los objetivos del Plan de Energías Renovables 2011-20, que prevé la instalación de 1.430 MW eólicos anuales.
En este contexto y dada la proximidad de las elecciones generales, el sector insta al Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de noviembre a trabajar cuanto antes en el nuevo marco regulatorio para evitar un vacío legal a partir de 2013. AEE está abierta a colaborar activamente con el Gobierno en la formulación de un régimen estable y sostenible que permita al sector ser un motor de la reactivación económica a través de la creación de riqueza y empleo, la inversión en I+D+i, la exportación de tecnología de vanguardia y el freno a las importaciones de combustibles fósiles, entre otras cosas.
Por otro lado, quiere recordar al Ministerio de Industria que queda pendiente la inscripción en el Registro de Preasignación de 600 MW de Canarias (como quedó establecido en el Real Decreto 1614/2010), y la habilitación de prórrogas que permitan realizar los más de 1.000 MW inscritos en el Registro que tienen problemas para ser construidos antes de la fecha límite por razones no imputables a los promotores.
El Ministerio de Industria respeta la decisión adoptada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) de rechazar por unanimidad la última propuesta regulatoria elaborada por el Gobierno, aunque lamenta que no se haya podido alcanzar un consenso con el sector sobre el nuevo marco retributivo.
Según indicaron fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián, la voluntad del Ministerio era lograr un acuerdo con el sector eólico para sacar adelante la nueva normativa, que con unos cambios "más que razonables" reducía la volatilidad, mejoraba la financiación de los nuevos proyectos y garantizaba su viabilidad.
Desde Industria recuerdan además que, tal y como aseguró Sebastián el pasado miércoles, la nueva normativa sobre las primas eólicas no se aprobará sin un consenso con el sector, a pesar de que la intención del Ejecutivo era contar con un decreto antes de las próximas elecciones generales para evitar una posible paralización del sector y de las inversiones asociadas al mismo.
Asimismo, indican que las consecuencias de haber rechazado la normativa, así como la decisión de alargar la solución sobre el marco retributivo eólico es responsabilidad de la AEE.
En la nueva redacción, el Ministerio de Industria ha modificado el sistema de primas para la eólica a partir de 2013 aumentando el tiempo de concesión del suelo retributivo para las instalaciones de 12 a 20 años, elevando el suelo desde 55 a 60 euros por MWh generado para todas las horas de producción de los parques y extendiendo el periodo de cobro a 20 años.
Una propuesta con la que según Industria se ofrecía una rentabilidad del 8 %, un dato que niegan desde la asociación eólica, quienes sostienen que la normativa no garantiza la rentabilidad razonable de la inversión, lo que impedirá financiar los proyectos y supondrá la paralización del sector, así como la destrucción de unos 7.500 puestos de trabajo.
De hecho, entre los puntos más conflictivos para la asociación destacan la limitación de horas con derecho a prima así como los criterios utilizados en el cálculo de la rentabilidad.
