La Asociación Empresarial Eólica urge al Gobierno a que trasponga la normativa comunitaria durante 2025

«España debe implementar el “interés público superior” en los proyectos eólicos y trasponerlo a la normativa española durante 2025 para que el sector eólico pueda desarrollarse». Es una de las peticiones que han trasladado al Gobierno, en el programa Ondas del Viento, los directivos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
La Unión Europea ha establecido que los proyectos de energías renovables deben tener prioridad sobre otros intereses, es decir, deben considerarse como “interés público superior”, una decisión que busca acelerar la transición energética tras la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, España aún no ha transpuesto esta normativa y acumula ya un año de retraso.

El Reglamento de la Unión Europea 2022/2577, explica Juan Virgilio Márquez, establece que los proyectos renovables tienen preferencia sobre tres áreas principales a la hora de tramitar los mismos: conservación de la avifauna, efectos en las aguas y conservación de hábitats. Sin embargo, «esto no significa que las renovables pasen por encima de todo», aclara Márquez, sino de ponderar la importancia del proyecto frente a sus posibles impactos.
Retrasos en la implementación

España, junto con otros países como Bulgaria, Francia, Italia, Chipre, Holanda, Eslovaquia y Suecia, presenta retrasos en la transposición de esta normativa, que debería haberse implementado en febrero de 2023. La Comisión Europea ya ha emitido advertencias al respecto y podría tener consecuencias ya que se trata de un reglamento de obligado cumplimiento.
El caso alemán como referente

Alemania se presenta como ejemplo de éxito en la aplicación del interés público superior y ha logrado tramitar siete veces más de lo que permitía hace cinco años. Según los expertos, esto demuestra que «si se quiere hacer, se puede hacer», aunque reconocen que la proximidad al conflicto ucraniano ha influido en la urgencia de su implementación.

Los expertos coinciden en que es necesario establecer criterios únicos y claros para la tramitación de proyectos, evitando la actual «nebulosa de interpretaciones» que complica el desarrollo del sector en España. La prioridad del Gobierno debe ser implementar el interés público superior y trasponerlo a la normativa española durante 2025.