Ley en aprobación pone en peligro el futuro desarrollo de la eólica y la hidráulica en Galicia

Las asociaciones firmantes de este comunicado manifestamos nuestro desacuerdo con las medidas propuestas por la Xunta de Galicia, pues afectan de manera inmediata al sector renovable regional y a medio plazo al conjunto del sector eléctrico. Medidas como las propuestas tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector y, en último término, una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España.

La Xunta de Galicia ha propuesto una batería de medidas referidas al sector eólico y al hidráulico, que está tramitando en un proyecto de Ley cuya aprobación es próxima. En dicho proyecto se proponen las siguientes medidas que afectan al sector renovable: 

1.    La tramitación de proyectos eólicos e hidroeléctricos se verá facilitada si se vende determinada proporción de la energía a clientes radicados en Galicia.
2.    Se prevé el cierre de parques eólicos que decidan no repotenciar a los 25 años de su vida. 

En primer lugar, las asociaciones firmantes de este comunicado subrayamos que los parques cuya vida se prolonga más allá de los 25 años funcionan con absolutas garantías. De hecho, en la actualidad la generación anual de electricidad renovable de los parques eólicos es, en la inmensa mayoría de los casos, superior a la que tenían en el momento de su puesta en marcha, debido a las mejoras e inversiones introducidas durante su vida útil, y que se preveían recuperar más allá de los 25 años.

Los operadores de los parques deben tomar libremente sus decisiones de extensión de vida y repotenciación. El cierre de una instalación en perfectas condiciones de operación por una decisión administrativa es antieconómico y supone una seria distorsión de la competencia en el mercado, además de ser una medida retroactiva que condiciona la autorización en su día otorgada.

En segundo lugar, la propuesta de obligar a los promotores eólicos e hidráulicos a vender parte de su energía a clientes en la comunidad autónoma es contraria a Derecho. Las autorizaciones para la operación no deberían ser un obstáculo al libre mercado. Una obligación como la propuesta por el proyecto de Ley supone una distorsión competitiva y la fragmentación del mercado, comprometiendo los principios constitucionales en España, en particular el principio de unidad de mercado, y de mercado único europeo.

El sector eólico en Galicia lleva años sujeto a una gran inseguridad jurídica por la suspensión de autorizaciones, que en la práctica ha impedido el desarrollo de nuevos proyectos. Estas medidas suponen un golpe adicional al clima de inversión en el sector eléctrico en la región.

Por último, como asociaciones empresariales de ámbito nacional, queremos resaltar la enorme importancia de mantener un mercado español dinámico y sin barreras internas para todas las empresas del país. Obligar a las empresas a vender en una región para poder operar en ella es contrario a los fundamentos de competencia, de la prosperidad del país y en definitiva de todos sus territorios.

La transición energética es un proceso fundamental para España, desde el punto de vista ambiental y para la competitividad futura del país. Desde el sector eléctrico hemos demostrado un nuestro compromiso con su rápido desarrollo, siempre con el máximo respeto a las preocupaciones sociales y ambientales en el territorio. Medidas como las que se proponen desde la Xunta suponen un evidente paso atrás en ese empeño y tendrán como consecuencia inevitable un aumento de la incertidumbre y la litigiosidad en el sector y, en último término, una ralentización del proceso, en perjuicio de Galicia y del conjunto de España.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Con más de 350 empresas asociadas, incluye a promotores, fabricantes de aerogeneradores y componentes, asociaciones nacionales y regionales, organizaciones ligadas al sector, consultores, entidades financieras y aseguradoras, entre otros. Su objetivo es la representación de un sector industrial que emplea a más de 40.000 profesionales en España, cuenta con 250 centros industriales y es la primera tecnología del sistema energético español, generando el 24% de la electricidad en el país y cubriendo el 27% de la demanda.