España incorporó el año pasado a su red eléctrica una capacidad de generación renovable de 8.400 megavatios, compuesta por 5.899 megavatios de energía eólica y fotovoltaica, y alrededor de 2.500 megavatios fotovoltaicos para autoconsumo. Este dinamismo en el sector renovable no ha ido acompañado de un crecimiento similar en la infraestructura de la red, lo que ha generado áreas donde las redes locales carecen de capacidad para entregar la energía disponible a los consumidores, lo que ha provocado derrames de energía.
La reducción no compensada de la red eléctrica española, especialmente concentrada en Extremadura y las provincias de Ciudad Real y Granada, ha propiciado una perdida millonaria de recursos renovable para España agravado desde el pasado 2022. La situación generada por estos “vertidos” renovables afecta especialmente a la energía fotovoltaica y termosolar, y en menor medida la energía eólica. Todo esto a las puertas del masivo despliegue de la fotovoltaica y la eólica para sustituir la generación nuclear, y los ciclos combinados de gas en un horizonte más lejano.
Detrás de esta situación está la lento desarrollo de las redes eléctricas y la prometida electrificación de la economía, desde el transporte hasta la industria, que sitúan a España al final de este proceso en el conjunto de la Unión Europea. De hecho, en el caso del transporte, España está 7,7 puntos por debajo de la media europea y en antepenúltima posición, por encima de República Checa y Hungría según la asociación del motor Anfac con cerca de 30.000 puntos de recarga en 2023, un incremento de un tercio respecto al año anterior, pero lejos de los 45.000 puntos marcados como objetivo.
Un análisis reciente de la consultora Aurora –integrada por unos 500 expertos vinculados a la Universidad de Oxford– estima que alrededor de Los costes para España del despilfarro de energía verde ascienden a 2.100 millones de euros por falta de demanda y de redes necesarias para promocionarla.
Según el documento, los costes asociados a las restricciones técnicas se han disparado en los últimos años y algunos generadores de electricidad corren el riesgo de perder dinero al reducir su producción de energía sin recibir la compensación necesaria.
Aurora Energy destaca que la reducción de la producción renovable y los costes no compensados comenzaron a ser significativos a partir de mayo de 2022 y alcanzaron 1 teravatio hora (TWh) ese año, cifra que aumentó hasta 1,2 TWh en 2023, el 1,2% de la producción renovable de España y 18 veces más que en 2021 (67 GWh).
En consecuencia, el coste de estos vertidos para los consumidores se ha disparado en los últimos años. De una media de 390 millones de euros anuales entre 2017 y 2020, se ha pasado a 800 millones en 2021, 1.300 millones en 2022 y 2.100 millones en 2023. El coste de 2023 supone multiplicar por 8,4 el de 2019 (250 millones).
El informe de Aurora Energy destaca que, según el último Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, la inversión en la red será de tan solo 1.900 millones de euros, mientras que la congestión de los últimos tres años (2020 -2023) asciende a 4,2 mil millones de euros.
Los vertidos no compensados ??o su reducción representaron más del 1% de la generación renovable total tanto en 2022 como en 2023. Sin embargo, estas reducciones varían según la ubicación y en algunas provincias las tasas superan el 10%. Así, los vertidos de energía solar fotovoltaica se producen en mayor medida en Badajoz, Cáceres y Ciudad Real, con una media de 86 GWh en 2022.
Los recortes que afectan a la generación termosolar suponen un alto porcentaje de la generación en todas las provincias, excepto en Zamora, con una media del 9% en Cáceres, Badajoz y Granada, y del 25% de la generación en Ciudad Real.
La energía eólica es la tecnología menos afectada, con el 1,6% de la generación total en la provincia con mayores vertidos, Zaragoza. La principal causa de este desperdicio es que el crecimiento de la producción no va acompañado del desarrollo de la red de transporte eléctrico. A esto habría que sumar la falta de incentivos públicos para la electrificación de la economía (en el caso del coche eléctrico o la sustitución del gas por bombas de calor en la calefacción) y los numerosos impuestos que soportan. También se exige acelerar los planes de conexión a los países vecinos para evitar desperdiciar energías limpias, imprescindibles para alcanzar los objetivos de descarbonización.
Los derrames ocurren cuando la demanda es baja y la red no puede absorber más energía en ese momento. Esta situación lleva al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, a parar aerogeneradores o desconectar instalaciones solares, generando pérdidas económicas a los productores
