Galicia vive inmersa en una coyuntura de incertidumbre e indefensión, en cuanto al desarrollo eólico, como consecuencia de la judicialización masiva de proyectos que cuentan con la preceptiva declaración de impacto ambiental (DIA) y el correspondiente permiso de construcción. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de anunciar la paralización de 13 nuevos proyectos basándose en la “prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental”. Sin embargo, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de diciembre, anulando las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200 MW, quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente, según advierte la Asociación Empresarial Eólica (AEE).
El tribunal gallego se basa ahora en el mapa de zonificación ambiental, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como referencia al hipotético daño ambiental de los proyectos. Esta utilización es cuestionada desde varios ámbitos jurídicos, porque el mapa de zonificación no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos que pretende informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas. Es una herramienta de aviso de la dificultad, no de prohibición ni de habilitación de espacios. Igual que no puede prohibir, tampoco garantiza que un proyecto que se desarrolla en una zona favorable en el mapa vaya a obtener una autorización ambiental positiva.
El trámite realmente riguroso y vinculante que termina aprobando o no un proyecto, en el que los técnicos competentes de la Administraciones Públicas analizan todos los impactos ambientales de los proyectos, y que termina aprobando o denegando la autorización ambiental de los mismos – e imponiendo medidas preventivas, compensatorias o mitigadoras si proceden – es la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.
Estas paralizaciones vuelven a poner en cuestión la interpretación y aplicación que se ha venido realizando desde hace más de diez años de la ley 21/2013 de evaluación ambiental, ya que cuestiona la autoridad, el juicio técnico y la competencia de los expertos del órgano ambiental de la Administración para otorgar la autorización a los proyectos. Pero no solo la cuestionan con relación a los parques eólicos, sino que también se puede interpretar que podría invocarse el mismo principio para cualquier tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o infraestructura, ya no solo en Galicia, sino en España e incluso en toda Europa.
La reiterada situación actual contribuye a la pérdida de confianza y de reputación para atraer nuevas inversiones. Los inversores de cualquier proyecto renovable en Galicia no cuentan con las garantías jurídicas para, una vez superados con éxito todos los trámites pertinentes regulados en la normativa en vigor, poder afirmar que podrán desarrollar las instalaciones sin verse paralizados en el proceso, con los consiguientes perjuicios económicos y patrimoniales.
Galicia necesitará 8 TWh adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico. Supondrán 6.300 millones de euros de inversión y la creación de 14.000 empleos, entre directos e indirectos, según datos del estudio de impacto que se hizo público el pasado otoño. Todo esto se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático. Hay unos 60 proyectos eólicos, que suponen 3.000 MW de potencia, afectados por la judicialización. Hablamos de unos 4.200 millones de euros y alrededor de 4.800 empleos durante cinco años.
La situación actual perjudica claramente a la sociedad gallega frente a minorías que no se identifican como corresponsables en proyectos sociales y económicos de futuro para su propia tierra. De no solventar la situación actual, la paralización de estos proyectos tendrá un impacto directo en la sociedad y economía gallegas, pudiendo afectar a varias generaciones durante años, privando a las comunidades rurales de oportunidades de progreso local gracias a los ingresos de los parques eólicos; privando a la industria de energía competitiva, limpia y asegurada durante mucho tiempo y forzando a una emigración industrial hacia otros territorios; privando a la cadena de valor de proximidad –bienes de equipo, proveedores locales de servicios, constructores de obra civil, etcétera– de los encargos que vendrían de los parques en construcción, montaje y operación posterior; privando a los sectores indirectos, como la hostelería y la restauración, los servicios, etc, de los ingresos que generaría la actividad de los parques a lo largo de su ciclo de vida.
