El aumento del impuesto a la importación de paneles solares de fotovoltaica, anunciado por Brasil en 2023, pone en riesgo la instalación de 18 GW de plantas solares, responsables de 540 mil empleos verdes.
Así lo afirmó Rodrigo Sauaia, director general de ABSOLAR (Asociación Brasileña de Energía Solar Fotovoltaica), en una entrevista concedida a Canal Solar.
Según Sauaia, la decisión se tomó debido a la presión de los fabricantes nacionales que quieren medidas proteccionistas contra la importación de equipos fotovoltaicos al mercado brasileño.
Para Sauaia, sin embargo, la medida no resolverá esta cuestión, al contrario: perjudica a los consumidores brasileños y a la gran mayoría del sector solar, beneficiando sólo a un pequeño grupo de fabricantes nacionales ya instalados en Brasil.
Según él, hoy los fabricantes nacionales producen menos del 5% de lo que necesita el mercado fotovoltaico, con precios hasta un 50% más caros que los productos internacionales.
“Estas medidas van en contra del esfuerzo para acelerar la transición energética en Brasil, porque ponen en riesgo las inversiones actuales en el sector y amenazan con destruir miles de empleos creados en la última década”, afirmó.
En noviembre de 2023, ABSOLAR realizó un mapa con las 122 extarifas más utilizadas por los pequeños, medianos y grandes empresarios de energía solar y el documento fue entregado al MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y servicios).
La asociación recomendó que el Gobierno Federal no elimine las exenciones sobre estos componentes específicos. Sin embargo, según Sauaia, Pasta optó por cancelar 56 de los 122 ex aranceles enumerados por ABSOLAR.
“Tuvimos una reunión con Geraldo Alckmin, ministro y vicepresidente de Brasil, con sus secretarios y su equipo. Allí explicamos que para estos proyectos -la mayoría de mayor tamaño- hay un riesgo que está relacionado con el acceso al financiamiento”, dijo.
“Los bancos financieros necesitan la ex tarifa para garantizar la financiación de los proyectos. Si el Gobierno Federal baja la extarifa, la empresa de generación centralizada pierde financiamiento, pierde la garantía de financiamiento, o ese financiamiento corre el riesgo de no darse por falta de esa extarifa”, dijo.
La decisión del Gobierno Federal podría obstaculizar la implantación de los programas estratégicos del Gobierno Lula, como la inclusión de energía solar en viviendas populares en el marco del Programa Minha Casa Minha Vida, la inclusión de energía solar en edificios públicos (como escuelas y hospitales), la descarbonización de la Amazonia y la diversificación de la matriz eléctrica brasileña.
“Esta medida termina siendo un tiro en el pie, porque el Gobierno toma una medida que podría perjudicar al propio Gobierno al desarrollar y utilizar la tecnología solar, cada vez más estratégica, para fortalecer programas sociales y gubernamentales, que pueden apoyarse en esta tecnología una vez más. gran diferencia a favor de Brasil y de la población”, afirmó.
Solución más adecuada
Según Sauaia, la forma en que el Gobierno Federal quiere promover la industria nacional está lejos de ser la más eficiente. “Ésta es una estrategia que no da los resultados esperados. Varios otros países ya han seguido este camino y se arrepienten de haberlo seguido”, dijo.
Para Sauaia, la mejor manera de desarrollar la industria nacional sería establecer una política industrial competitiva, basada en la creación de incentivos para atraer fabricantes, como financiamiento diferenciado del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) para productos fabricados en Brasil. .
“Además, sería importante tener menos impuestos a las materias primas y a las maquinarias industriales para que esas fábricas se instalen en Brasil, con precios más bajos, compras públicas más competitivas de equipos solares fabricados en el país”, afirmó.
En este sentido, para minimizar posibles daños a la sociedad brasileña, Sauaia dijo que ABSOLAR recomienda al Gobierno Federal que se establezca un plazo, hasta el segundo semestre de 2024, para la inauguración de nuevas fábricas nacionales de equipos fotovoltaicos afectados por la medida.
