El sector eólico español observa con enorme preocupación la situación que se está desencadenando en Galicia con la sucesión de paralizaciones de proyectos eólicos, e insta a las instituciones a encontrar una solución urgente al bloqueo estructural actual.
Desde el máximo respeto a las decisiones de los tribunales de justicia, el sector reconoce que se está generando inseguridad jurídica para acometer inversiones en nuevos proyectos eólicos, que puede acarrear consecuencias socio económicas muy graves para el desarrollo de las energías renovables en Galicia. Los proyectos que están siendo paralizados cuentan ya con la aprobación ambiental y la autorización de construcción por parte de los órganos técnicos competentes por parte de la Xunta de Galicia.
Galicia cuenta con más de 3.800 MW eólicos instalados en las distintas provincias. Es la cuarta comunidad autónoma por potencia eólica instalada en España y cubre un 54% de la demanda eléctrica con energía eólica. Galicia ha destacado a lo largo de los últimos 20 años por un desarrollo eólico ejemplar, ordenado y sostenible.
En los últimos meses se está produciendo una paralización en la tramitación de los nuevos parques eólicos. Con la interpretación de los tribunales en Galicia de la aplicación de la Ley 21/2013 de evaluación de impacto ambiental y, en particular, del proceso de participación pública durante la tramitación ambiental de proyectos, se pone en peligro el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en Galicia. Con esta inédita interpretación judicial, también se pone en tela de juicio el proceso que se ha venido llevando a cabo durante más de 10 años, en la fase de consulta pública para la tramitación ambiental de cualquier instalación industrial o de infraestructuras públicas en nuestro país y en Europa.
Las tramitaciones de los nuevos parques eólicos cumplen con lo establecido en la ley y atienden a los informes técnicos preceptivos. No obstante, algunos colectivos anti-eólicos, amparados en interpretaciones de la ley, conducen al bloqueo estructural de las gestiones pertinentes, dilatando sine die los procesos y eliminando cualquier certidumbre para las empresas que tienen que invertir en el territorio.
¿Cómo es el proceso de consulta pública previo a la autorización de la construcción de un nuevo parque eólico?
El proceso de análisis ambiental de los proyectos renovables en nuestro país es garantista, pudiendo llegar a transcurrir – dependiendo de la complejidad del proyecto y de la comunidad autónoma– más de 900 días desde la aportación de los primeros estudios iniciales hasta la obtención o denegación final de la Autorización ambiental por parte del órgano competente.
El proceso de consulta pública lo inicia el órgano de la Administración responsable de la tramitación. Tal y como establece la ley, el proceso se inicia para recabar, a la vez, información por parte de otros órganos que pueden tener que emitir informes técnicos al respecto, y alegaciones o comentarios por parte de cualquier organización o persona que quiera contribuir en el proceso de consulta pública. Una vez cumplido el plazo para recibir comentarios, alegaciones o informes, el órgano responsable analiza la documentación y procede a aprobar o no el proyecto, requiriendo o no modificaciones al mismo, e incluso exigiendo medidas compensatorias o preventivas al promotor en su desarrollo, sin las cuales el proyecto no se puede construir.
Algunos colectivos anti-eólicos afirman que, para que la ciudadanía pueda emitir su valoración sobre el proyecto en la fase de consulta pública, ésta debe disponer antes de todos y cada uno de los informes técnicos – muchos de ellos muy especializados y sobre disciplinas que requieren de un conocimiento técnico profundo de la materia -, lo que constituye una táctica, que tiene como fin dilatar el proceso. Los proyectos que están siendo paralizados ya han obtenido la aprobación ambiental por parte del órgano competente, que ha tenido a su disposición todos los informes técnicos para su toma de decisión.
¿Qué efectos tiene la paralización de los proyectos eólicos?
La pérdida de oportunidad es grave. A modo de ejemplo, según los estudios realizados en el sector en base a la experiencia contrastada de años de desarrollo eólico en España, el retraso de un (1) año en la tramitación de un parque eólico de 50 MW en Galicia tiene un coste para la economía gallega y española de 77,1 M €, con los siguientes impactos:
- El 99% de los gallegos considera que la eólica es compatible con otras actividades como ganadería o agricultura.
- El 89% está de acuerdo con que la lucha del cambio climático pasa porque los gobiernos reduzcan las energías contaminantes y apuesten por renovables.
- El 83% apoya el desarrollo de la industria eólica como medida para avanzar en energías renovables en su entorno.
- El 64% afirma que autorizar la creación de nuevos parques eólicos garantiza la protección de ecosistemas y medioambiente.
Por tanto, desde el sector eólico instamos a la búsqueda urgente de una solución para desbloquear los proyectos actualmente paralizados y evitar que nuevos proyectos sigan el mismo camino. Es necesario solucionar los problemas estructurales que se están viviendo en Galicia, que pueden acarrear efectos muy negativos y que están condicionados por estrategias de colectivos anti-eólicos, que se basan en justificaciones sin rigor técnico, pero con un fuerte componente ideológico y político, y con intereses contrarios al desarrollo territorial y a la penetración de energías renovables en la Comunidad Autónoma.
