- El sector eólico español apoya las medidas presentadas recientemente por la Comisión Europea y advierte que los objetivos de seguridad energética, acción climática y recuperación económica, con el nuevo objetivo de un 45% de renovables para 2030, sólo se podrán alcanzar si las administraciones públicas consiguen tramitar en tiempo y forma las instalaciones de renovables.
- El ritmo de instalación de renovables no ha venido siendo suficiente. En la UE-27, durante 2021, se instalaron 11 GW, siendo el objetivo anual de 32 GW/año.
- En España, durante 2021, se instalaron 0,8 GW eólicos cuando el objetivo anual del PNIEC es 2,2 de GW, y solo 1,7 GW obtuvieron la aprobación ambiental. Si no conseguimos aumentar dicho ritmo estaremos muy por debajo del necesario para cumplir con los objetivos españoles.
- Cada nuevo aerogenerador que se instale en España supone una clara aportación socioeconómica y ambiental, de máxima importancia dada la coyuntura actual:
– la fabricación de tecnología por 5 millones de euros por la industria eólica española y europea y el mantenimiento del empleo en sus fábricas.
– la reducción de importación de gas por valor de 2,4 millones de euros cada año lo que se traduce en un ahorro para los consumidores eléctricos de 1,7 millones de euros/año.
– y evitar la emisión a la atmósfera de 5.500 toneladas de CO2, lo que se traduce en un ahorro en comprar derechos de emisión de medio millón de euros/año.
El sector eólico español apoya las medidas que la Comisión Europea presentó el pasado miércoles (18 de mayo). El «Plan de Acción REPowerEU» reafirma que las energías renovables son el núcleo de la seguridad energética para Europa. De manera decisiva, aborda los cuellos de botella que frenan la expansión de la energía eólica y solar como es la tramitación de permisos. Además, la Comisión afirma que una descarbonización más rápida basada en energías renovables es clave tanto para la neutralidad climática como para la seguridad energética, máxime con el objetivo de energía renovable de la UE del 45 % como parte del paquete «Fit for 55».
El Plan de Acción REPowerEU se presenta en un momento crucial. Respecto a la energía eólica, la UE parte de los 190 GW actuales a 480 GW en solo 8 años, de los cuales 24 GW deben ser instalados en España.
Para Juan Virgilio Márquez, director general de AEE, “lograr el objetivo de instalación de 24 GW en España, necesarios para cumplir el nuevo objetivo del 45%, sólo será posible si se simplifica y acelera la tramitación de los permisos. Las administraciones tienen que conseguir acelerar los procesos lo máximo posible, ya que de ello depende el cumplimiento de los objetivos climáticos, la recuperación económica y la seguridad energética de nuestro país. No nos podemos permitir desaprovechar ni un solo proyecto eólico que se pueda poner en funcionamiento en los próximos 2 años, siempre cumpliendo las premisas de mínimo impacto ambiental.
Además, una tramitación administrativa sin un ritmo adecuado tiene un efecto directo en la cadena de suministro de la eólica existente en nuestro país, ya que condiciona el ritmo de encargos a las fábricas por parte de los promotores.
En la actualidad la industria española cuenta con una capacidad de fabricación de 4 GW al año, lo que requiere, para su permanencia futura en nuestro país, de un mercado anual estable de 2,2 GW que se complemente con el mercado de exportación. Los 5 fabricantes de turbinas eólicas de Europa, con muchas de sus fábricas en España, están sufriendo tensiones derivadas, además de por la situación global de carestía de materias primas y los sobreprecios logísticos y retrasos en el suministro de piezas, por la falta de ritmo generalizado en la tramitación de proyectos eólicos. Es necesario acelerar los procesos de tramitación para lograr los objetivos renovables y no enfrentarnos a escenarios en los que se sustituya la dependencia de un recurso energético externo por la dependencia exterior de una tecnología en la que ahora estamos a la vanguardia”.
El sector eólico advierte que el nuevo objetivo político de un 45% de renovables para 2030 sólo se podrá alcanzar si las administraciones públicas adoptan como prioridad la tramitación en tiempo y forma de las instalaciones de renovables, siguiendo las enmiendas que se han propuesto a la Directiva de Renovables y las recomendaciones que ha hecho la Comisión Europea.
La velocidad en la tramitación administrativa de la UE y de España no ha venido siendo suficiente en el ámbito eólico. En 2021, se instalaron 11 GW en toda la UE27, siendo el objetivo anual de 32 GW/año. En España, en 2021, se instalaron 0,8 GW de potencia eólica cuando el objetivo anual del PNIEC es 2,2 GW/año. Por tanto, si se quiere cumplir con el nuevo objetivo del 45%, hay que instalar en nuestro país, ya no sólo 21 GW de eólica terrestre para cumplir con el PNIEC, sino también los 3 GW de eólica marina de acuerdo con la Hoja de Ruta de la Eólica marina aprobada en diciembre de 2021.
EL PRINCIPAL RETO RADICA EN LA NECESIDAD DE ACELERAR LA TRAMITACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (DIAs)
En 2021 se otorgaron DIAs positivas por 1,7 GW. Considerando que desde la aprobación de la DIA hasta la conexión a la red de los parques pasan dos años como periodo medio, para cumplir el objetivo de 2030, en 2028 deberíamos tener aprobadas las DIAs de más de 22 GW. Lo que significaría que entre 2022 y 2028 habría que aprobar DIAs a un ritmo de 3,2 GW anuales, casi el doble del volumen del año pasado.
Resolver la problemática de la implantación de la eólica en el territorio es una prioridad. Es necesario lograr un entendimiento por parte de todos los actores – sectores económicos, administraciones públicas y sociedad civil– de la gravedad de la situación que estamos viviendo, de lo que realmente está en juego para nuestro futuro y de lo que realmente se requiere en términos de ocupación del territorio.
– Por parte de las empresas se requiere el máximo rigor, un escrupuloso planteamiento medioambiental de los proyectos y un esfuerzo hacia las sensibilidades locales, tanto socioeconómicas, como culturales en los territorios.
– Por parte de las comunidades locales, es necesario avanzar en una mayor concienciación y corresponsabilidad para poder hacer frente al reto: garantizar nuestra biodiversidad y nuestro medioambiente, y protegernos frente a la amenaza climática y la económica causada por la crisis de los precios del gas.
– Por parte de las Administraciones es necesario liderar el ritmo de avance, conseguir una coordinación efectiva entre sus diferentes competencias, simplificar los procesos y arbitrar las situaciones de conflicto que se puedan dar siempre bajo la premisa del bien común, que nunca será tal si fracasamos en el cumplimiento de los objetivos establecidos.
OCUPACIÓN DE TERRITORIO Y APORTACIÓN EÓLICA AL TERRITORIO
Para cumplir con el objetivo del 45% de energía renovable es necesario que se otorguen permisos para instalar 4.600 aerogeneradores, entre terrestres y marinos. En el ámbito terrestre, la ocupación efectiva de terreno por parte de los aerogeneradores y sus infraestructuras será del 0,004% de la superficie española en tierra. En el ámbito marino, las poligonales de los parques marinos únicamente ocuparán un 0,09% de las demarcaciones marinas españolas.
Cada nuevo aerogenerador que se instale en España supone una importante aportación socioeconómica y ambiental:
– la fabricación de tecnología por 5 millones de euros por la industria eólica española y europea, y el mantenimiento del empleo en sus fábricas.
– la reducción de importación de gas por valor de 2,4 millones de euros cada año lo que se traduce en un ahorro para los consumidores eléctricos de 1,7 millones de euros/año.
– y evitar la emisión a la atmósfera de 5.500 toneladas de CO2, lo que se traduce en un ahorro en comprar derechos de emisión de medio millón de euros/año.
AVANCES NECESARIOS PARA AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS PERMISOS
El sector reconoce los esfuerzos y avances que ha venido realizando el Gobierno y las CCAA en materia de regulación para dar claridad y agilidad a la tramitación administrativa. Se han dado pasos cruciales en el paquete de normas ya aprobadas – iniciadas por el RDL 23/2020 -, pero entendemos que aún quedan aspectos que es necesario evolucionar.
A este respecto, entre otros, es necesario seguir avanzando en 5 ejes:
1. Velocidad. Aumentar considerablemente el ritmo de tramitación, principalmente en el trámite ambiental, para conseguir aprobaciones anuales por 2,2 GW, por comparación a los 1,5 GW tramitados en 2021.
2. Interpretación jurídica única. Garantizar la interpretación única de la regulación de ámbito central con la regulación autonómica, en los ámbitos frontera entre las mismas.
3. Coherencia en el alcance de las normas. Garantizar la coherencia a lo largo de toda la cadena regulatoria, es decir, que la nueva normativa que se va aprobando tenga en consideración la repercusión sobre la existente, existiendo múltiples implicaciones sobre la tramitación de los proyectos ya existentes cada vez que se aprueba una nueva norma, y generando una incertidumbre sobre los mismos.
4. Pragmatismo. Apostar por el pragmatismo regulatorio, con rigor total, pero buscando facilitar la labor de los actores y ahorrando esfuerzos innecesarios, como por ejemplo para la tramitación de instalaciones híbridas, sobre-potenciaciones o repotenciaciones.
5. Coherencia en la zonificación ambiental. Lograr una coordinación y coherencia entre la zonificación ambiental vigente en el Ministerio – utilizada como herramienta vinculante para acceder a una tramitación acelerada – y aquellas zonificaciones ambientales existentes en las CCAA.
Por último, es fundamental para la economía española que las medidas propuestas por la Comisión Europea se materialicen en medidas a nivel nacional, autonómico y local que permitan la consecución de los objetivos que tenemos como país.
– Una enmienda a la Directiva de Renovables consagrará el principio de que las energías renovables son de «interés público superior». Las recomendaciones detalladas y los documentos de orientación de la Comisión explican cómo los gobiernos pueden simplificar sus procesos de obtención de permisos.
– De manera crucial, el Plan de Acción REPowerEU reconoce la necesidad de que la energía eólica permita «acelerar drásticamente». Con ese fin, la Comisión ha presentado una nueva propuesta legislativa sobre permisos de energías renovables que se incorporará a la revisión en curso de la Directiva de energías renovables de la UE.
– Esta nueva propuesta impulsa tres aspectos:
1. Consagra en la legislación de la UE el principio de que las energías renovables son de «interés público superior». Esto significa que se puede priorizar su construcción en la crisis energética actual caso por caso y hasta que se alcance la neutralidad climática.
2. Crea áreas renovables de «desarrollo directo» (GO TO Areas) que los gobiernos nacionales deben establecer en la parte posterior de una evaluación ambiental estratégica. En estas áreas, los proyectos tendrán que ser autorizados dentro de 1 año.
3. Mantiene los plazos de permisos existentes – 2 años para proyectos nuevos normales y 1 año para proyectos repotenciados – pero aclara qué permisos y trámites deben entregarse dentro de estos plazos.
