El primer bloque de medidas está enfocado al corto plazo, y se centra en tratar de mitigar de forma inmediata el impacto para los hogares y las empresas durante el invierno, especialmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Se trata de unas medidas que van en la buena dirección y que, en España, la mayoría de ellas se han puesto ya en práctica en los últimos tiempos.
Sin embargo, es importante que estas medidas no provoquen distorsiones en el mercado ni supongan cargas adicionales sobre determinados agentes, en particular sobre las comercializadoras. En este sentido, la Comisión también ha planteado la opción de que estas últimas soporten el aplazamiento de las facturas por parte de los consumidores. Y consideramos que esta medida resulta contraproducente y no debe ser aplicada, puesto que debilitaría a las comercializadoras de energía ocasionándoles graves problemas de liquidez y eventualmente abocándolas a cierres (como se ha demostrado con una medida similar durante la aplicación del estado de alarma en nuestro país). No olvidemos que las comercializadoras compran por adelantado la energía que suministran a sus clientes, adelantan igualmente el pago de los peajes y cargos a la distribuidora y liquidan los impuestos con el Estado, por lo que una situación de impago o aplazamiento le genera un estrés de caja que, con los elevados precios del mercado que estamos viviendo, puede hacer insostenible su supervivencia.
Además de estas medidas inmediatas, la Comisión Europea ha presentado también un paquete de acciones a medio plazo para conseguir que el sistema energético europeo sea más resiliente y flexible en el futuro y que no esté tan expuesto a las volatilidades de los mercados energéticos. En este caso, apuesta por aumentar las inversiones en energías renovables, la eficiencia energética y desarrollar una mayor capacidad de almacenamiento de energía a nivel europeo.
España, sin embargo, había propuesto la implementación de algunas medidas de mayor calado que no han sido del todo recogidas por parte de la Comisión. La primera de ellas era la reforma del mercado marginalista de la electricidad para que los consumidores pudieran beneficiarse de los menores precios de tecnologías más competitivas como las renovables. Al respecto, la Comisión ha decidido solicitar al Regulador Europeo (ACER) un estudio del funcionamiento del mercado, aunque esta agencia ya ha mostrado en diversas ocasiones que el mercado marginalista ha demostrado ser un sistema de asignación de precios eficiente.
La segunda de las propuestas del gobierno español era poder coordinar a nivel europeo los almacenamientos de gas, así como realizar una compra conjunta para mejorar su poder de compra frente a los grandes productores de gas. En este caso la Comisión se ha limitado a decir que lo estudiará.
El Gobierno de España está incluso acelerando la introducción de nuevas energías renovables mediante subastas tratando así de conseguir una rebaja de los precios a medio plazo. Mediante la Resolución de 8 de septiembre de 2021, convocó la segunda subasta para el otorgamiento del régimen económico de energías renovables. Y el objetivo de dicha medida se encuentra alineado con los de la Comisión, siendo el cometido de la misma acelerar la descarbonización del sector eléctrico, reducir el precio de la energía eléctrica, incrementar la diversidad de agentes en el sistema energético e impulsar la economía. Aldro es favorable a dichas medidas, y por ello procedió a presentarse a la tercera reserva de 700 MW, destinada a instalaciones fotovoltaica de carácter general, siguiendo así con la ascendente creencia interna de que la energía renovable y la transición energética repercute de manera positiva en el sistema y de manera global, en todo el mundo.
Teniendo esto en cuenta, la Unión Europea hace bien en no cerrar los ojos ante la escalada de precios que estamos viviendo en toda Europa y proponer medidas para paliarlo, pero quizá se podía haber esperado algo más por su parte en esta crisis de precios energéticos sin precedentes. En este sentido, las medidas propuestas para el corto plazo están siendo ya aplicadas por la mayoría de los estados miembro y en concreto en España. Por otro lado, las medidas planteadas para el medio plazo se encuentran todavía en una fase muy embrionaria y no parece que vayan a poder ver la luz fácilmente.
Ahora nos queda ver qué decide el Consejo que está en reuniones los días 21 y 22 de octubre
Aldro Energía
