En un Consejo histórico, los ministros de Medio Ambiente cumplen con el Acuerdo de París que establecía que se revisasen los objetivos climáticos en 2020, y dan luz verde a la tramitación de la Ley del Clima con el Parlamento El nuevo objetivo, de al menos un 55% para 2030 que hoy han acordado por unanimidad enviar a Naciones Unidas, devuelve a la UE a la cabeza del liderazgo internacional en la acción climática La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido en el Consejo de Medio Ambiente que el objetivo a 2030 es “la señal necesaria para la puesta en marcha de una recuperación europea basada en la ambición climática, en las oportunidades, inversiones e innovaciones que abre y en evitar costes futuros para todos” España ha defendido avanzar de manera urgente con la tramitación de la Ley del Clima, marco solvente que asegura la integración de la agenda climática en todas las políticas sectoriales europeas y la consecución de la neutralidad climática a mediados de siglo
17 de diciembre de 2020. – La Unión Europea ha demostrado hoy que, pese a los retos y dificultades que a las que ha hecho frente este año, ha podido concluir dos de los grandes proyectos previstos para 2020: la Ley del Clima europea y el envío a Naciones Unidas de un objetivo de reducción de emisiones (Contribución Determinada a nivel Nacional – NDC por sus siglas en inglés) de la UE a 2030 más ambicioso antes de que termine el año, cumpliendo así lo establecido en el Acuerdo de París y devolviendo a la UE su liderazgo en ambición climática.
El Consejo de Ministros de Medio Ambiente, celebrado hoy en Bruselas, y al que han asistido la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la directora general de la Oficina España de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, ha acordado por unanimidad, tras el acuerdo en el Consejo Europeo de la semana pasada de incrementar el objetivo de reducción de emisiones de la UE a 2030 hasta, al menos, un 55%, el envío a Naciones Unidas de una nueva NDC de la UE que refleje la nueva ambición climática europea y ha dado luz verde al enfoque general de la Ley del Clima europea, que ya incluye el nuevo objetivo a 2030, tal y como se acordó en el Consejo Europeo la semana pasada.
ACCIÓN RESPONSABLE FRENTE A RIESGOS INMEDIATOS Y SISTÉMICOS
“Una vez integrado el objetivo del 55% en la Ley del Clima, ahora hay que continuar de manera urgente con la tramitación del texto para que pueda aplicarse cuanto antes. Pero, sin duda, el objetivo a 2030 es la señal necesaria para que todos avancemos hacia la neutralidad climática a mediados de siglo y para la puesta en marcha de una recuperación europea basada en la ambición climática, en las oportunidades, inversiones e innovaciones que ésta abre y en evitar costes futuros para todos”, ha destacado Teresa Ribera.
Este nuevo objetivo “es una muy buena noticia para el mundo, aunque todavía está lejos de lo que el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente identifica como una brecha que debemos cubrir, pero es verdad que al menos el 55% está ya más orientado a la otra gran alerta que identificaba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hace dos días escasos: El Índice de Desarrollo Humano debe incorporar también límites planetarios, la incidencia en consumo de recursos y los gases de efecto invernadero”.
En este sentido, Ribera ha valorado el esfuerzo que ha hecho Europa para “integrar nuestra acción responsable frente a los riesgos inmediatos y sistémicos, pero también para incorporar estos valores en nuestra agenda verde y azul, en nuestra agenda industrial y social, en nuestro sector primario, pasos interesantes y positivos en el espacio europeo, pero también más allá”.
Con respecto a los siguientes pasos, la vicepresidenta ha señalado que “el Parlamento Europeo identifica bien algunas cuestiones que nos pueden permitir mejorar, como son las referencias a la adaptación, la incorporación del clima en todos los paquetes sectoriales estratégicos importantes que salgan de la Comisión Europea y la coherencia en el conjunto de las políticas públicas”.
Este objetivo de recortar al menos el 55% no solo responde a las demandas de la ciencia y es necesario para situar a la Unión Europea en la senda hacia la neutralidad climática a mediados de siglo, sino que vendrá acompañado de importantes oportunidades en términos de crecimiento económico y creación de empleo, reducción de costes, modernización del sector industrial y mejora del medio ambiente.
LEY DEL CLIMA, MARCO PARA ALCANZAR LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
Además del objetivo a 2030 y de la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2050, el texto de enfoque de la Ley del Clima establece que el próximo objetivo de reducción de emisiones de la UE será en 2040, y pone en marcha un mecanismo de seguimiento y evaluación cada 5 años del progreso hacia el objetivo de neutralidad climática y de adaptación y la coherencia de las políticas europeas y nacionales con dichos objetivos.
Asimismo, la Ley proporciona un marco para avanzar en los esfuerzos de adaptación a los impactos del cambio climático, por el cual, todos los Estados miembros deben poner en marcha estrategias y planes de adaptación.
A lo largo del proceso para llegar hasta aquí, España siempre ha defendido la importancia de garantizar la ambición en la Ley del Clima europea. La posición española ha sido siempre que esta Ley recogiera un objetivo de reducción de emisiones de, al menos, un 55% en 2030; la necesidad de que todos los Estados miembros avancen hacia la neutralidad climática en 2050 y la importancia de reforzar la adaptación, poniéndola al mismo nivel que la mitigación, un ámbito fundamental para España dada su especial vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
SENDA COMPATIBLE CON EL AUMENTO DE AMBICIÓN
España ya se ha comprometido con la neutralidad climática a más tardar en 2050 y ya contamos con las herramientas para poder cumplirlo. La Estrategia a Largo Plazo, remitida a Naciones Unidas el pasado 10 de diciembre, marca la senda para lograr que las emisiones de gases de efecto invernadero en España sean neutras no más tarde de 2050, señalando las oportunidades que ofrece la descarbonización en términos de empleo, atracción de inversiones, activación y transformación de la economía y mejora de la competitividad empresarial e industria.
Además, también contamos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece la hoja de ruta para la próxima década, va más allá de los objetivos marcados por la Unión Europea para España con un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2030 de un -23% respecto a los niveles de 1990, de un 42% de renovables sobre el uso final de la energía, una mejora del 39,5% de la mejora de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica.
Es decir, los objetivos de España fueron diseñados para ser plenamente coherentes con el aumento de ambición europeo de, al menos, 55% en 2030. Así, España ya ha establecido una senda compatible para alcanzar la neutralidad en emisiones. Se estima que el cumplimiento de estos objetivos vendrá acompañado en 2030 de un aumento del PIB del 1,8% y del empleo de un 1,7%.
REDUCIR LA DEFORESTACIÓN IMPORTADA
Asimismo, la vicepresidenta Ribera ha destacado que España se ha unido a la propuesta para que Comisión Europea trabaje en un paquete normativo para facilitar la reducción de la deforestación importada, aquello que consumimos los europeos que tiene detrás en su cadena de valor, en su origen, un proceso de deforestación en terceros países. “Es importante cuidar nuestros bosques, pero también conocer las consecuencias de aquello que consumimos, y en un mercado tan significativo como es el europeo, estar seguros de que aquello que importamos cumple con los estándares ambientales de protección de bosques a los que nos hemos comprometido en la agenda internacional”, ha resaltado.
NUEVAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS EN LA ANTÁRTIDA
España ha llevado a la mesa del Consejo la necesidad de trabajar activamente para lograr el apoyo que permita la extensión de nuevas áreas marinas protegidas en la Antártida. El establecimiento de áreas protegidas en aguas internacionales constituye una prioridad para España como herramienta eficaz para la protección de la biodiversidad y aumentar la resiliencia de los mares y océanos frente a los cambios climáticos y otros impactos.
Asimismo, en este Consejo se han adoptado las Conclusiones sobre el segundo Plan de Acción de Economía Circular, que incluye una amplia gama de medidas destinadas a desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos y contribuir significativamente a lograr la neutralidad climática para 2050. En este sentido, España considera que es clave la adopción de medidas que garanticen la circularidad en un mercado único, que nos ayuden a ser más resilientes y nos posicionen como líderes a nivel global para mejorar nuestra sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos sin dejar a nadie atrás.
Ha quedado aprobado también una orientación general sobre la modificación del Reglamento de Aarhus, en el que se habían detectado deficiencias en el derecho de acceso público a la revisión administrativa y judicial en materia ambiental en la Unión Europea. Con esta reforma se amplía significativamente el derecho de las ONG a pedir la revisión de actos administrativos de la Unión cuando se considere que han contravenido la legislación ambiental.
SOLUCIONES DIGITALES PARA LA TRANSICIÓN VERDE
Se adoptaron también las conclusiones del Consejo sobre digitalización en beneficio del medio ambiente, un documento en el que se abordan todos los aspectos que relacionan la doble transición, ecológica y digital, que la UE debe acometer de forma prioritaria y que ya está en marcha. Un tema que España considera prioritario porque sin la imprescindible colaboración de soluciones digitales no habrá transición verde.
El Consejo ha tratado además algunas cuestiones de la nueva Estrategia para la Sostenibilidad de las Sustancias Químicas, cuyo objetivo es reducir de forma efectiva la exposición de los seres humanos y el medio ambiente a químicos peligrosos. España, que pertenece al llamado grupo REACH UP formado por una decena de países que reclaman una estrategia de químicos ambiciosa para un entorno libre de tóxicos y al mismo tiempo mejorar la competitividad y la innovación de la industria europea, ha defendido que el marco regulatorio de los productos químicos en la UE debe simplificarse para poder dar una respuesta más rápida y eficaz a los retos que plantean las sustancias peligrosas.
