Al menos 23 de 44 proyectos de generación eólica y solar afectados por políticas recientes que impedían su funcionamiento podrán reanudar sus pruebas preoperativas.
Esto, gracias a amparos interpuestos en contra del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
Dicha política fue justificada por el Cenace ante las afectaciones derivadas del covid-19, pues el gobierno federal consideró que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectaría la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Ante esto dio prioridad a las plantas que utilizan combustibles fósiles, como combustóleo y carbón.
Una vez notificado sobre los amparos, el Cenace permitió a 23 proyectos reanudar sus pruebas; sin embargo, anoche informó que impugnará la suspensión provisional otorgada por un juzgado de Distrito.
AMPAROS PERMITIRÁN REANUDAR PROYECTOS, OBRAS DE ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR
Derivado de los amparos interpuestos en contra del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, al menos 23 de los 44 proyectos de generación eólica y solar afectados por esta política podrán reanudar sus pruebas preoperativas.
Según datos de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex), el mencionado acuerdo puso en riesgo más de 6 mil 400 millones de dólares en inversiones realizadas para la construcción de parques generadores, fomentando con ello la incertidumbre que ya prevalecía en el sector.
La política emitida por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) fue justificada por las afectaciones que están generando la pandemia del covid-19, pues el gobierno federal consideró que la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas afectaría la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, dando prioridad a las plantas que utilizan combustibles fósiles, principalmente el combustóleo, e incluso el carbón.
Ante esta situación la iniciativa privada y diversas organizaciones civiles y ambientales consideraron que esta decisión atenta contra las inversiones, el medio ambiente e incumple con los compromisos internacionales adquiridos por México.
Según la Asolmex, el acuerdo tiene repercusiones negativas en 44 proyectos, que representan 50% de la nueva capacidad que entraría en operación en 2020, de los cuales 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas estaban listas para entrar en operación, y 16 en construcción, respaldados por 6 mil 400 mdd en inversiones.
Las medidas implicarán, además, emisiones mensuales de más de 714 mil toneladas de CO2 que no podrán evitarse, y poner en riesgo cerca de 29 mil 517 empleos”.
Por ello las empresas interpusieron una serie recursos legales y les fueron concedidos amparos a fin de evitar la afectación por esta situación.
Por ello, el Cenace instruyó, mediante oficio, permitir que al menos 23 de estos proyectos reanuden sus pruebas preoperatorias.
El documento hizo referencia a los juicios de amparo promovidos contra la mencionada política y que le fueron notificados al órgano regulador el pasado 19 de mayo, donde a través de diversos oficios se decreta su suspensión.
No se debe aplicar a las empresas quejosas, hasta en tanto no afecten la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional en el sentido de que puedan generar cortes en el suministro eléctrico”.
Menciona que todos aquellos generadores, que, a la entrada en vigor del Acuerdo impugnado, se encontraban realizando en pruebas preoperatorias o que ya estaban programadas, se les deberá otorgar la licencia para reanudarlas.
El Cenace aseguró que fue notificado sobre los juicios de amparo promovidos en contra del Acuerdo.
Sin embargo, impugnará la admisión, suspensión provisional y competencia del Juzgado de Distrito, por lo que hará válidos los instrumentos legales que tenga a su alcance.
Aunque el organismo se encuentra “atendiendo y respetando” la instrucción judicial, consideró que la decisión tomada por los tribunales impacta directamente en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual “está reservado al Estado Mexicano al ser considerado Estratégico y Prioritario”, según se lee en la Ley de la Industria Eléctrica.
La operación del SEN se encuentra fuera del comercio, por así establecerlo la Carta Magna en los artículos invocados. Por ello, el Cenace interpuso una queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa por los amparos que concedió a los 23 proyectos para que estos reanuden sus pruebas.
