Las medidas publicadas el viernes pasado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en las que suspende las pruebas críticas para nuevos proyectos de generación de energías renovables, retrasarán la entrada en operación de 28 centrales eólicas y fotovoltaicas.
Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), aseguró que el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía atenta contra la inversión de energías renovables en el país.
El experto destacó que el coronavirus fue tomado como pretexto para impedir que este tipo energéticos comenzaran a operar y además para que se impidiera la participación de otras empresas que están listas para ofrecer servicios más amigables con el ambiente.
El organismo decidió suspender de manera indefinida estas pruebas, que son necesarias para la puesta en marcha de los proyectos, con el argumento de que es necesario dotar de estabilidad al sistema eléctrico durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.
De acuerdo con información oficial del organismo encargado del sistema eléctrico, 17 proyectos de energías renovables, entrarían en operación en lo que resta de este año y 11 más en 2021. Todos estos proyectos verán retrasados sus planes debido a la medida.
“Tras terminar de construir, es necesario verificar que el sistema de generación sea compatible con el sistema, que opere en las condiciones que el sistema eléctrico demanda, lo interconectas y haces pruebas antes de la operación comercial. Lo que están haciendo es bloquear esas pruebas previas a la entrada en operación, y por lo tanto todas estas plantas no pueden entrar en operación porque suspendiste las pruebas”, explica Víctor Ramírez, analista del sector y vocero de Plataforma México, Clima y Energía.
Así, las 28 plantas no podrían entrar en operación en su fecha programada porque no demostraron que su sistema opera en las condiciones que la red eléctrica nacional necesita debido a la ausencia de pruebas.
Del total de las plantas, 17 generan energía vía solar y el resto utilizan tecnología de energía eólica con aerogeneradores. Los proyectos están ubicados en estados como Yucatán, Campeche, Tamaulipas y Chihuahua.
En total representan una capacidad de generación superior a 4 Gigavatios y representan inversiones de entre 5 y 6 mil millones de dólares, según estimaciones del sector.
Esta medida también afectará a las plantas renovables correspondientes a la tercera subasta de largo plazo y que actualmente están en construcción.
Si bien el Cenace argumenta que tomó estas medidas “para fortalecer el sistema de suministro eléctrico”, según el documento publicado el viernes, voces como la del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguran que se trata de una medida para favorecer las actividades de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Este nuevo acuerdo retoma la ruta de captura regulatoria prevista en el pliego petitorio que la CFE presento? a la Comisio?n Reguladora de Energi?a (CRE) desde agosto de 2019”, asegura el organismo empresarial.
Expertos en competencia están de acuerdo con lo expresado por el organismo cúpula del sector empresarial.
“Es un claro enfrentamiento con el sector privado para ponerles un freno, incluso a inversiones que ya están terminadas. La Comisión Federal de Competencia (Cofece) tendría que revisar las condiciones de competencia que se están violando con este acuerdo”, dice Ana Lilia Moreno, investigadora de México Evalúa.
Para los expertos del ecosistema, esta medida contribuirá a la falta de certeza que ya es percibida dentro del sector después de que la administración actual cambió la regulación para la emisión de Certificados de Energías Limpias (CEL) y decidió cancelar la cuarta subasta de largo plazo y la construcción de dos líneas de transmisión.
