El presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez Olivé, ha dicho durante el 2019 que se añadirán 1.800 megavatios eólicos instalados al parque de generación nacional, para llegar a más de 6.800 megavatios en 13 entidades del país, convirtiendo a México en el segundo productor eólico más grande de Latinoamérica después de Brasil. Aun sin subastas y únicamente mediante contratos bilaterales y generación distribuida, el potencial del país permitirá que con inversiones de 14.000 millones de dólares se llegue a una capacidad eólica instalada superior a 10.000 megavatios eólicos en 18 entidades al concluir la presente administración.
Rocío Nahle, ha explicado a empresarios del ramo que el desarrollo de plantas renovables en el país es el mejor ejemplo de convivencia eficiente entre el sector público y el sector privado
Las subastas para adquisición de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), principalmente, fueron canceladas tanto en su modalidad de largo plazo para incentivar la colocación de plantas renovables como para obtener mejores tarifas de generación mediante ciclos combinados en el mediano plazo. Sin embargo, se reactivarán en el 2021, ya que la nueva administración esperará a que concluya la puesta en marcha de los 56 proyectos comprometidos en las tres subastas anteriores, mientras la empresa eléctrica ejecuta un proyecto integral de transmisión y se fortalece para competir en el mercado.
La titular de Energía, Rocío Nahle, ha explicado a empresarios del ramo que el desarrollo de esta tecnología en el país es el mejor ejemplo de convivencia eficiente entre el sector público y el sector privado, por lo que el gobierno pretende darle continuidad, pero de manera equitativa y equilibrada, sin debilitar a la empresa productiva del estado.
Por lo pronto, hasta febrero de este año se han puesto en operación 10 de los 56 parques nuevos comprometidos en las subastas del 2015, 2016 y 2017. De éstos, seis corresponden al primer concurso y cuatro al segundo, mientras que 11 proyectos más de la primera subasta y 15 de la segunda están en construcción.
Además, todavía quedan cuatro parques eólicos y fotovoltaicos por iniciar obras de construcción de la segunda subasta, mientras que del tercer concurso todos los proyectos están por iniciar obras, pero tienen como fecha límite para su arranque el 2020. Hasta entonces, la Secretaría de Energía evaluará si estos mecanismos de apalancamiento de obras renovables son los adecuados para buscar el crecimiento de la canasta de generación eléctrica nacional.
En términos de la inversión comprometida por parte de las empresas ganadoras de las subastas, misma que suma 10,000 millones de dólares, el avance es de 19%, mientras que en materia de capacidad instalada en estos nuevos parques, donde se comprometieron 7,666 megawatts, principalmente eólicos y fotovoltaicos, ha arrancado la operación de 21% de lo comprometido.
La generación a partir de fuentes únicamente renovables, solar y eólica principalmente, es capaz de proveer en su totalidad el crecimiento de la demanda eléctrica para los próximos 15 años, alrededor de 2.6 gigawatts instalados adicionales al año a una tasa incremental de 3.5 por ciento. Esto costaría la mitad que el desembolso en nuevas plantas de energías fósiles y permitiría al país cumplir con las metas de transición energética reduciendo la exposición a los riesgos del cambio climático, explicó Daniel Chacón, vocero de la plataforma México, Clima y Energía de la Iniciativa Climática de México.
Sin embargo, para ello se requiere una labor de convencimiento a la nueva administración, que pretende incrementar la generación mediante carbón y reconfigurar plantas de ciclo combinado de gas para nueva generación, consideró el analista.
Para este incremento en la demanda, se requieren cerca de 40 plantas de ciclo combinado de gas (la tecnología fósil más barata), que costarían alrededor de 3,000 millones de dólares al año, cuando el costo nivelado de las renovables, de alrededor de 20 dólares por megawatt hora, llevaría a un desembolso de máximo 1,500 millones de dólares anuales, gracias a las caídas en los costos a los que se ha llegado.
