Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (1990-2018)

En 2018 las emisiones de gases de invernadero disminuyeron un 4,3% respecto al año anterior. Después de la disminución de 2018 y del aumento experimentado en 2017, las emisiones alcanzan un incremento respecto del año base de 1990 del 12,91% y una disminución del 26,14% respecto a 2005.

Informe elaborado por: Secretaria Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO, con el asesoramiento de Begoña María-Tomé, coordinadora del Área de Cambio Climático y Energía del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), a partir de los datos facilitados por José Santamarta, economista y experto en cambio climático.

CCOO recupera por segundo año consecutivo la elaboración de un informe sobre la evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en España, iniciativa que desarrolló regularmente en la década pasada.

Para este sindicato es muy importante hacer un seguimiento, tanto de las emisiones de los diferentes sectores, como de las medidas que los gobiernos han de implementar para cumplir con los compromisos internacionales, frenar el cambio climático y transformar el modelo productivo y energético.

El informe científico del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) sobre el 1,5º publicado en 2018 pone de manifiesto que a la amenaza del cambio climático hay que responder colectivamente con celeridad y contundencia. El desafío es muy grande y si no cambiamos la trayectoria en esta próxima década los impactos sobre el sistema productivo y la salud y seguridad de la humanidad van a ser inasumibles.

Además sabemos que la transición es viable tecnológicamente y ofrece grandes oportunidades de reindustrialización y de generación de empleo que hay que aprovechar para limitar los efectos adversos que se pudieran producir en algunos sectores y territorios. Estamos a la expectativa de que el gobierno central y las demás instituciones planifiquen la transición con parámetros de ambición climática y justicia social.

Mariano Sanz Lubeiro

Secretario Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO

Emisiones por sectores

 

 

 

Las emisiones del año base 1990 eran de 288,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes, las del año 2005 ascendieron a 441 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en 2018 fueron de 325,7 millones de toneladas de CO2 equivalente según los datos preliminares a febrero de 2019. En 2017 fueron 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente.

Las emisiones sujetas al Comercio Europeo de Emisiones (ETS, en su siglas en inglés) supusieron un 36% del total en 2018 (40,1% en 2017) disminuyeron un 41,7% respecto a 2005. Por su parte, los sectores difusos representaron un 63,3% de las emisiones totales en 2018 (59,1% en 2017) según los datos preliminares, registrando un aumento de +2,5% respecto al año anterior y situándose en un nivel de emisiones de -13% respecto al año 2005.

Los objetivos europeos para España son, a falta de que el Gobierno fije otros más ambiciosos:

– Para 2020: una reducción del 10% de las emisiones para los sectores difusos y del 21% para los sectores ETS respecto a 2005.

– Para 2030: una reducción del 26% para los sectores difusos y del 43% para los sectores ETS respecto a 2005.

Los compromisos europeos para los sectores ETS muy probablemente se cumplirán, por el anunciado cierre de centrales termoeléctricas de carbón y por el desarrollo de las energías renovables, pero los sectores difusos, dónde se incluye el transporte por carretera, requieren de un esfuerzo mucho mayor.

Adicionalmente las emisiones de gases de efecto invernadero en España tendrían que reducirse un tercio para cumplir con el objetivo nacional previsto en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para 2030.

 

 

 

La disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2018 respecto del año anterior puede imputarse en gran parte a la disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica en un 17,8% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 21,5%, y al aumento de la producción hidráulica en un 84,8% y de la eólica en un 2,9%. El factor determinante fue la mayor producción hidráulica, al igual que en años anteriores. Los años lluviosos registran una disminución de las emisiones y los años secos obligan a quemar más carbón y gas natural, con el consiguiente aumento de las emisiones. La mayor penetración de las renovables, como eólica, fotovoltaica y termosolar, explica que el aumento de las emisiones no haya sido mayor. Sólo la eólica evitó la emisión en 2018 de 28 millones de toneladas de CO2 equivalente.

En nuestro mix de generación eléctrica se dieron en la primera década del siglo XXI cambios importantes por la alta penetración de tecnologías renovables. Esa penetración fue frenada por los gobiernos en los primeros años de la segunda década pero recientemente la notable disminución de los costes de las tecnologías fotovoltaica y eólica y la necesidad de cumplir con los objetivos europeos a 2020 ha hecho que el anterior gobierno (PP) convocara subastas para nueva potencia renovable (9.000 MW) durante los años 2016 y 2017 que previsiblemente entrarán en funcionamiento este año. Más recientemente el nuevo gobierno (PSOE) ha iniciado el desbloqueo del autoconsumo y ha anunciado un plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC) con un importante despliegue de energías renovables que previsiblemente transformará y descarbonizará nuestro mix de generación eléctrica para 2030.

En 2018, según los datos preliminares, el consumo de petróleo creció un 3% (un 2,5% en el transporte por carretera) respecto del año anterior y el gas natural se mantuvo constante con apenas un 0,2% de aumento, según los datos preliminares.

Como hemos señalado en ocasiones anteriores las políticas públicas y en concreto las medidas normativas y los programas de ayuda para incentivar la eficiencia y el ahorro energético en el transporte, la edificación y en el sector servicios no han tenido hasta ahora una dimensión suficiente como para que la disminución de emisiones pueda apreciarse de manera significativa en los sectores difusos.

Estimamos que en el sector del transporte por carretera las emisiones han crecido un 2,5% en 2018 y un 4,7% en el transporte aéreo interior.

España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones desde 1990 y sigue necesitando un importante esfuerzo para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para 2030 y frenar nuestra aportación al cambio climático.

 

Las tablas 1 y 2 y los gráfico 1 y 2 recogen la emisión de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 2018.

Tabla 1 Año Base 1990 – Porcentaje Emisiones en Kt de CO2eq. Año Base – 2005 Variación interanual de las emisiones (porcentaje)
Año base 100,00% 288.492,48 100,00%  
1990 100,00% 288.492,48 65,41%  
1991 102,67% 296.204,04 67,16% 2,7%
1992 106,06% 305.976,11 69,38% 3,3%
1993 102,51% 295.737,62 67,05% -3,3%
1994 108,34% 312.540,18 70,86% 5,7%
1995 113,91% 328.614,07 74,51% 5,1%
1996 111,05% 320.379,31 72,64% -2,5%
1997 116,02% 334.703,80 75,89% 4,5%
1998 119,44% 344.565,81 78,13% 2,9%
1999 128,96% 372.043,27 84,36% 8,0%
2000 134,33% 387.527,93 87,87% 4,2%
2001 133,54% 385.240,59 87,35% -0,6%
2002 139,89% 403.569,26 91,50% 4,8%
2003 142,46% 410.975,15 93,18% 1,8%
2004 147,94% 426.792,95 96,77% 3,8%
2005 152,88% 441.038,21 100,00% 3,3%
2006 150,44% 434.005,89 98,41% -1,6%
2007 154,30% 445.157,52 100,93% 2,6%
2008 142,60% 411.404,41 93,28% -7,6%
2009 128,98% 372.107,49 84,37% -9,6%
2010 123,98% 357.676,78 81,10% -3,9%
2011 123,87% 357.344,00 81,02% -0,1%
2012 121,55% 350.671,71 79,51% -1,9%
2013 112,11% 323.441,20 73,34% -7,8%
2014 113,04% 326.121,00 73,94% 0,8%
2015 117,02% 337.598,74 76,55% 3,5%
2016 113,13% 326.383,41 74,00% -3,3%
2017 117,93% 340.230,88 77,14% 4,2%
2018 112,91% 325.744,23 73,86% -4,3%

 

Gráfico 2. Variación interanual de las emisiones brutas de GEI

(porcentaje)

 

 

Ver Excel

Tabla 1 Año Base 1990 – Porcentaje Emisiones en Kt de CO2eq. Año Base – 2005 Variación interanual de las emisiones (porcentaje)
Año base 100,00% 288.492,48 100,00%  
1990 100,00% 288.492,48 65,41%  
1991 102,67% 296.204,04 67,16% 2,7%
1992 106,06% 305.976,11 69,38% 3,3%
1993 102,51% 295.737,62 67,05% -3,3%
1994 108,34% 312.540,18 70,86% 5,7%
1995 113,91% 328.614,07 74,51% 5,1%
1996 111,05% 320.379,31 72,64% -2,5%
1997 116,02% 334.703,80 75,89% 4,5%
1998 119,44% 344.565,81 78,13% 2,9%
1999 128,96% 372.043,27 84,36% 8,0%
2000 134,33% 387.527,93 87,87% 4,2%
2001 133,54% 385.240,59 87,35% -0,6%
2002 139,89% 403.569,26 91,50% 4,8%
2003 142,46% 410.975,15 93,18% 1,8%
2004 147,94% 426.792,95 96,77% 3,8%
2005 152,88% 441.038,21 100,00% 3,3%
2006 150,44% 434.005,89 98,41% -1,6%
2007 154,30% 445.157,52 100,93% 2,6%
2008 142,60% 411.404,41 93,28% -7,6%
2009 128,98% 372.107,49 84,37% -9,6%
2010 123,98% 357.676,78 81,10% -3,9%
2011 123,87% 357.344,00 81,02% -0,1%
2012 121,55% 350.671,71 79,51% -1,9%
2013 112,11% 323.441,20 73,34% -7,8%
2014 113,04% 326.121,00 73,94% 0,8%
2015 117,02% 337.598,74 76,55% 3,5%
2016 113,13% 326.383,41 74,00% -3,3%
2017 117,93% 340.230,88 77,14% 4,2%
2018 112,91% 325.744,23 73,86% -4,3%

 

 

 

Emisiones por sectores

 

 

La tabla 3 recoge las emisiones de GEI en España por sectores entre 1990 y 2018.

 

Tabla 3. Evolución por sectores en miles de toneladas de CO2 equivalente (1990-2018)
Año   1.  Energía 2.  Procesos industriales 3.  Agricultura 4.  Usos del suelo y forestal 5.  Residuos Total (incluyendo sumideros)
1990   213.171,91 29.707,10 36.302,76 -35.875,42 9.310,72 252.617,07
1991   223.590,02 28.127,35 34.981,41 -35.087,60 9.505,26 261.116,44
1992   234.352,17 26.907,22 34.894,41 -34.359,38 9.822,31 271.616,74
1993   226.185,09 25.753,57 33.647,37 -34.669,18 10.151,59 261.068,44
1994   236.394,44 30.019,12 35.548,06 -32.681,56 10.578,55 279.858,62
1995   250.127,89 31.831,06 35.797,56 -34.577,58 10.857,57 294.036,49
1996   237.515,99 32.891,98 38.810,76 -35.318,87 11.160,59 285.060,44
1997   249.223,86 35.246,71 38.561,44 -34.808,39 11.671,79 299.895,41
1998   256.002,15 36.992,45 39.570,59 -35.174,43 12.000,62 309.391,38
1999   278.734,63 39.916,30 41.068,51 -38.340,99 12.323,83 333.702,27
2000   289.880,95 41.860,88 43.259,24 -39.523,04 12.526,86 348.004,89
2001   290.968,67 38.736,10 42.687,76 -40.586,34 12.848,06 344.654,24
2002   310.365,57 38.033,58 42.042,55 -39.083,50 13.127,56 364.485,76
2003   313.859,74 40.625,60 43.530,34 -38.675,35 12.959,47 372.299,79
2004   329.789,75 41.440,88 42.967,47 -38.815,27 12.594,84 387.977,68
2005   343.553,49 44.082,32 40.532,19 -38.200,77 12.870,21 402.837,44
2006   334.064,90 47.105,47 39.699,57 -40.275,96 13.135,94 393.729,92
2007   342.229,07 48.804,81 40.701,56 -39.516,42 13.422,09 405.641,10
2008   314.503,65 45.947,21 37.300,12 -37.658,26 13.653,43 373.746,15
2009   280.257,19 39.169,70 37.718,44 -35.154,62 14.962,15 336.952,87
2010   265.565,80 40.300,19 37.735,18 -37.419,51 14.075,61 320.257,27
2011   268.373,54 37.392,67 36.963,62 -37.414,84 14.614,18 319.929,16
2012   264.768,20 35.743,12 35.753,54 -35.459,94 14.406,85 315.211,78
2013   238.989,40 34.600,18 35.848,19 -34.415,83 14.003,42 289.025,36
2014   239.076,90 36.420,84 37.535,94 -36.457,26 13.087,32 289.663,74
2015   254.438,34 31.002,09 38.257,92 -38.726,77 13.900,39 298.871,97
2016   243.847,80 30.531,25 38.353,07 -38.229,21 13.651,29 288.154,19
2017   258.913,24 28.247,33 39.524,51 -38.327,81 13.545,80 301.903,06
2018   244.522,25 28.158,59 39.489,63 -38.954,76 13.573,76 286.789,47

 

 

Energía (generación de electricidad, transporte por carretera, aviación, residencial y servicios…). Es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, y el auténtico nudo gordiano, pues en 2018 representó el 85,3% del total si se consideran los sumideros. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera. El resto corresponde a las diez refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios.

Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 2018 el 10%.

La agricultura y la ganadería representan el 13,8% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

Los residuos representan el 4,7% del total de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente. Las emisiones de metano son las más importantes.

 

Gráfico 2. Variación interanual de las emisiones brutas de GEI

(porcentaje)

 

Emisiones por gases

 

 

 

Tabla 2-España-Emisiones de gases de invernadero en España en miles de toneladas de CO2 equivalente (1990-2017)
Año CO2 CH4 N2O HFC PFC Mezclas HFC y PFC SF6 Total   bruto Total neto (incluye sumideros)
Año base 231.061,41 35.233,04 17.929,76 3.039,92 1.164,38   63,99 288.492,48 252.617,07
1990 231.061,41 35.233,04 17.929,76 3.039,92 1.164,38   63,99 288.492,48 252.617,07
1991 240.656,22 34.329,02 17.306,55 2.756,35 1.087,13   68,77 296.204,04 261.116,44
1992 249.361,54 35.211,95 16.809,77 3.494,58 1.026,32   71,96 305.976,11 271.616,74
1993 241.008,53 35.070,35 15.660,48 2.856,40 1.065,88   75,99 295.737,62 261.068,44
1994 253.532,68 36.229,72 17.282,35 4.373,40 1.038,45   83,57 312.540,18 279.858,62
1995 267.226,78 37.197,30 17.167,34 5.867,64 1.055,21   99,81 328.614,07 294.036,49
1996 254.636,61 38.590,77 19.170,61 6.869,57 1.001,48   110,26 320.379,31 285.060,44
1997 267.159,87 39.352,51 18.731,87 8.283,22 1.025,01   151,31 334.703,80 299.895,41
1998 275.694,43 39.834,42 19.342,01 8.595,49 942,60   156,86 344.565,81 309.391,38
1999 299.121,73 40.993,47 20.351,77 10.553,82 855,80   166,68 372.043,27 333.702,27
2000 310.828,32 42.497,05 21.267,90 12.253,59 494,73   186,33 387.527,93 348.004,89
2001 312.737,06 42.934,08 20.086,22 9.047,15 272,90   163,18 385.240,59 344.654,24
2002 332.893,40 43.075,34 19.404,88 7.734,91 280,32   180,41 403.569,26 364.485,76
2003 336.870,26 43.461,53 20.327,89 9.871,03 268,12   176,33 410.975,15 372.299,79
2004 353.368,67 43.138,93 19.638,43 10.187,87 259,27   199,78 426.792,95 387.977,68
2005 368.056,28 42.178,93 18.909,25 11.470,68 210,46   212,60 441.038,21 402.837,44
2006 359.302,06 41.335,47 18.893,89 14.046,17 196,28   232,01 434.005,89 393.729,92
2007 367.222,93 42.204,72 19.254,53 16.051,01 185,91   238,43 445.157,52 405.641,10
2008 335.678,66 40.707,64 17.581,99 17.011,56 179,56   245,00 411.404,41 373.746,15
2009 296.597,15 42.129,56 17.442,66 15.586,64 120,22   231,26 372.107,49 336.952,87
2010 283.108,54 40.322,24 17.835,71 16.070,28 105,10   234,89 357.676,78 320.257,27
2011 284.041,30 40.571,33 16.910,10 15.368,22 89,96 123,95 239,15 357.344,00 319.929,16
2012 278.645,64 39.549,59 16.363,49 15.352,58 54,35 486,06 220,00 350.671,71 315.211,78
2013 251.972,75 38.430,13 16.858,73 15.245,58 67,15 652,99 213,86 323.441,20 289.025,36
2014 254.518,46 38.045,86 17.664,16 15.109,50 63,38 509,64 209,99 326.121,00 289.663,74
2015 271.099,75 39.428,13 17.834,14 8.440,53 92,85 481,99 221,35 337.598,74 298.871,97
2016 260.289,02 39.468,22 17.547,72 8.201,51 90,65 556,67 229,62 326.383,41 288.154,19
2017 274.427,20 40.013,50 18.277,63 6.309,32 127,77 849,85 225,60 340.230,88 301.903,06
2018 260.623,51 39.659,06 17.947,86 6.311,75 125,46 851,65 224,94 325.744,23 286.789,47

 

 

 

Emisiones de dióxido de carbono (CO2)

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España disminuyeron un 5,03% en 2018 respecto a 2017.

En 2018 las emisiones de CO2 representaron el 80,01% del total de las emisiones brutas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en España, sin incluir los sumideros.

Entre 1990 y 2018, sin incluir los sumideros, crecieron un 12,8%, pasando de 231,1 millones de toneladas en 1990 (año base) a 260,6 millones de toneladas en 2018 (ver tabla 2), y se redujeron en 2018 respecto a 2005 en un 29,2%.

El 91% de las emisiones se debe al consumo de combustibles fósiles en centrales térmicas, vehículos, industrias, comercios y viviendas, y el 9% restante en gran parte se debe a procesos industriales sin combustión, fundamentalmente la fabricación de cemento.

Emisiones de metano (CH4)

Las emisiones de metano (CH4) en España aumentaron un 12,6% en 2018 respecto a 1990 y disminuyeron en 2018 un 6% respecto a 2005.

El metano representó en 2018 el 12,2% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros.

En 1990 se emitieron en España un total de 35 millones de toneladas de metano en unidades de CO2 equivalente, en 2005 42,2 millones mientras que en 2018 se llegó a 39,7 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente, según nuestras primeras estimaciones.

La emisión de metano se debe a la fermentación entérica (31% del total), la gestión del estiércol (20%), los vertederos (36%), y el resto a la minería del carbón, emisiones fugitivas del petróleo y el gas natural, y las aguas residuales. Los cultivos de arroz emiten cantidades muy pequeñas.

El potencial de calentamiento de una molécula de metano (CH4) equivale a 21 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC.

Emisiones de óxido nitroso (N2O)

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España disminuyeron un 1,8% en 2018 respecto 2017.

En 2018 representaron el 5,5% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 2018 ascendieron a 17,9 millones de toneladas en unidades de CO2 equivalente.

Las mayores emisiones de este gas se deben a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (35%). El resto corresponde al sector energético, la gestión del estiércol, las aguas residuales y la industria química.

El potencial de calentamiento de una molécula de óxido nitroso (N2O) equivale a 310 moléculas de CO2 equivalente según el IPCC.

Emisiones de carburos hidrofluorados (HFC)

Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero. Los HFC comprenden los HFC-23, HFC-32, HFC-125, HFC-134ª, HFC-143ª, HFC-227ea, y HFC-236fa.

En España durante 2018 aumentaron ligeramente las emisiones de HFC respecto al año 2017.

En 2018 representaron el 1,9% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles en refrigeración, extintores y aerosoles.

El potencial de calentamiento de una molécula de HFC varía mucho según el producto; el del HFC-23 (CHF3) equivale a 11.700 moléculas de CO2 equivalente.

Emisiones de carburos perfluorados (PFC)

La práctica totalidad de las emisiones de carburos perfluorados se debe a la producción de aluminio. Los PFC comprenden los CF4, C2F6, C3F8 y C4F10.

En 2018 se redujeron ligeramente sus emisiones respecto del año 2017.

En 2018 representaron el 0,04% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España

El potencial de calentamiento de una molécula de PFC varía, de 6.500 a 9.200 moléculas de CO2 equivalente.

Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6)

El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos.

En 2018 se redujeron ligeramente las emisiones de este gas en un respecto a 2017.

En 2018 representaron el 0,07% de las emisiones totales brutas.

El potencial de calentamiento de una molécula de hexafluoruro de azufre (SF6) equivale a 23.900 moléculas de CO2 equivalente, según el IPCC de 1995.

 

 

El principal objetivo del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2ºC respecto de los niveles existentes antes de la revolución industrial, realizando esfuerzos para limitarlo a 1,5ºC. Para ello, los países firmantes del Acuerdo se comprometen a fijar un objetivo concreto en materia de reducción de emisiones de GEI.

En el contexto de estos acuerdos, la Unión Europea ha establecido un objetivo de reducción de emisiones del 20% para 2020 y del 40% para 2030 respecto a 1990. Además se ha propuesto disminuir los niveles de emisiones en 2050 en un 80-95% respecto de los existentes en 1990, tal como recoge en el documento “Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050”.

 

Propuestas de CCOO para la reducción de las emisiones de GEI y para la transición energética

Como hemos dicho en muchas otras ocasiones las políticas climáticas en España han sido muy débiles y han estado además arrinconadas por otras políticas, las económicas, las energéticas, las urbanísticas y las de transporte que han fomentado el crecimiento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Estas políticas han sido contradictorias y ajenas a los compromisos internacionales que España ha ido firmando en las últimas décadas. No podemos olvidar que el Convenio Marco Internacional sobre Cambio Climático promovido por Naciones Unidas se firmó en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Rio de Janeiro y que en 1997 vio la luz el Protocolo de Kioto que estableció ya compromisos concretos para los países industrializados.

A pesar de ello en España las emisiones se habían incrementado hasta un 54% en 2007 respecto del año base de 1990, para desplomarse después hasta un 11% en 2013 por efecto de la fuerte caída de la actividad económica y del transporte derivada de la crisis. La recuperación económica de los últimos años ha hecho que desde entonces las emisiones oscilen varios puntos por encima de esa última cifra en función de la hidraulicidad y del recurso eólico de cada año, circunstancias climatológicas que hacen que funcionen más o menos las centrales térmicas de carbón. Es decir que, a diferencia de otros países europeos, no hemos sabido desacoplar la actividad económica del crecimiento de las emisiones.

Ahora estamos en un momento crucial en el que confluyen compromisos internacionales que nos marcan el camino para avanzar en la descarbonización de la economía, informes científicos incuestionables que nos avisan de que hay poco tiempo para hacerlo, tecnologías disponibles que permiten el cambio de fuentes energéticas y la electrificación de la demanda y, finalmente, una sustancial bajada de costes en muchas de esas tecnologías que permiten hacer los cambios con esfuerzos financieros razonables.

En ese contexto España está situada en una posición favorable porque dispone de recursos renovables, tecnologías propias y capacidad industrial para afrontar los retos y convertirlos en oportunidades de creación de empleo.

Lo que faltan son políticas. Políticas públicas, ambiciosas, estables, predecibles y lo más consensuadas posible. Políticas industriales y políticas fiscales. El actual gobierno ha manifestado que quiere ir en la dirección de la transición ecológica y energética que se necesita. El mismo cambio de nombre del ministerio, denominado ahora “para la transición ecológica” y la asunción en el mismo de las competencias de política energética denotan un cambio de perspectiva. También son positivas algunas iniciativas que está tomando para desbloquear el autoconsumo, derogar el “impuesto al sol” y proteger a los consumidores energéticos. Pero no es suficiente. Es exigible una planificación de la transición que considere los elementos señalados antes. Por ello estamos ahora a la expectativa de la presentación del anteproyecto de la ley de cambio climático y transición energética, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y de la Estrategia de Transición Justa.

Ante estos instrumentos normativos y de planificación CCOO hace las siguientes propuestas:

–      Planificar un sistema energético con fuerte penetración de energías renovables (eléctricas y térmicas) para 2030 que avance en la descarbonización de todos los sectores.

–      El sistema eléctrico necesita una planificación específica de la implantación de las energías renovables que en 2030 sólo necesite una reducida aportación de generación con gas, teniendo en cuenta que las centrales nucleares habrán llegado al término de su vida útil. El desarrollo de las renovables eléctricas debe incluir:

o   Incremento anual de nueva potencia renovable a través de subastas específicas por tecnologías, que reserven una parte de la potencia a subastar para territorios en transición.

o   Asegurar que de la nueva potencia renovable una parte suficiente se cubre con renovables gestionables como la solar termoeléctrica con almacenamiento de sales fundidas, la biomasa, el biogás o la hidráulica (incrementando el bombeo y gestionándole adecuadamente para cubrir intermitencias de otras tecnologías).

o   Establecer incentivos a la biomasa y el biogás, especialmente donde hay mucha superficie forestal o agrícola (biomasa) y cabaña ganadera (biogás), con plantas dimensionadas adecuadamente a la disponibilidad territorial de los recursos y con políticas forestales activas.

o   Desbloquear todas las trabas y barreras para el desarrollo del autoconsumo (doméstico e industrial), la generación distribuida y las redes cerradas.

–      Impulsar la electrificación de la demanda de energía en los diferentes sectores (transporte, edificación, agricultura….). En el transporte esto significa promover la fabricación y compra de vehículos eléctricos, el apoyo al despliegue de infraestructuras de recarga y potenciar el ferrocarril (electrificado) para mercancías y pasajeros en cercanías, media y larga distancia.

–      En el transporte las emisiones no se van a reducir solamente por la electrificación de los modos, es necesario planificar políticas de movilidad sostenible, fundamentalmente en el ámbito urbano, que reduzcan las necesidad de movilidad motorizada (por ejemplo con políticas urbanísticas) y fomenten el transporte público y los modos no contaminantes. Además es preciso prestar una especial atención a los desplazamientos por motivos laborales con planes de movilidad que deberían ser obligatorios para empresas de cierto tamaño y para polígonos industriales y áreas empresariales y de servicios.

–      En el ámbito de la edificación es preciso incrementar los programas y las medidas de rehabilitación energética, así como las mejoras de eficiencia en los equipos y de incorporación de renovables térmicas como la solar, la biomasa o la geotermia para climatización, todo ello tanto en viviendas como en edificios públicos y de servicios, asegurando especialmente mecanismos de financiación para sectores sociales en situación de vulnerabilidad.

–      Para la financiación de la transición se debería poner en marcha una reforma fiscal energética, a través de la creación de un impuesto sobre el CO2 (ya existente en otros países europeos) y sobre otros contaminantes atmosféricos que incremente la fiscalidad de los hidrocarburos y reordene la del sector eléctrico, de manera que se grave  a los combustibles fósiles y a la energía nuclear.

–      El mercado eléctrico necesita una modificación sustancial de actual modelo marginalista de fijación de precios en el mercado por otro que se base en los costes reales de generación o en el coste marginal pero para cada una de las tecnologías eléctricas. Para ello hace falta una auditoría de todos los costes del sistema.

–      Hay que acompañar la transición energética con una política industrial planificada y activa que oriente las inversiones hacia nuevos negocios energéticos y renovables, y que desarrolle nuestras capacidades tecnológicas, promoviendo además una parte de la actividad industrial a los territorios afectados por cierres de instalaciones derivadas de la transición.