La solicitud es plenamente coherente con su compromiso de conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en 2050, así como con los criterios de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica.
En paralelo a la solicitud de cierre, Endesa ha presentado de manera voluntaria Planes de Futuro para impulsar una transición justa en los entornos de ambas centrales.
Estos Planes incluyen el respeto del puesto de trabajo de todos los empleados de las dos plantas, 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.
En cuanto a los empleados de las empresas contratistas, la compañía dará total prioridad a su incorporación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de las dos centrales, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se plantea llevar a cabo en las zonas de ambas plantas.
Concretamente, la empresa se propone desarrollar hasta 1.000 MW de nueva potencia solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra, con una inversión de unos 800 millones de euros, y tiene en estudio hasta 300 MW fotovoltaicos en el área cercana a la de Compostilla que supondrían una inversión de unos 240 millones de euros.
Estos proyectos son adicionales a los que la empresa ya tenía previsto desarrollar en las respectivas Comunidades Autónomas, los cuales suman 513 MW eólicos en Aragón, con una inversión de 500 millones de euros, y 20 MW eólicos en Castilla y León, con una inversión de más de 20 millones.
Endesa ha presentado en el día de hoy la solicitud formal de cierre de las centrales de carbón de Andorra (Teruel) y Compostilla (León). De esta forma, la compañía ha confirmado que, como ha transmitido en varias ocasiones a las autoridades institucionales y agentes sociales con los que ha mantenido contactos al respecto a lo largo de los últimos meses, en las actuales circunstancias regulatorias y de mercado es imposible abordar las inversiones necesarias para que estas centrales cumplan con los nuevos límites de emisiones establecidos por la Unión Europea que entrarán en vigor el 30 de junio de 2020.
Esta decisión, que la empresa había anticipado asimismo en el marco de la reciente actualización de su Plan Estratégico, está en línea con los objetivos de la política energética nacional avanzados por el Ministerio para la Transición Ecológica para conseguir un sistema energético totalmente descarbonizado en el año 2050, compromiso que es compartido por todos los países que han firmado los acuerdos de la Cumbre de París COP21.
Antes de presentar la solicitud de cierre, la compañía ha informado de ello a los representantes del Ministerio, a las autoridades de las Comunidades Autónomas de Aragón y de Castilla y León, y a las de los municipios en los que se hallan ubicadas las plantas.
En paralelo a la solicitud, Endesa ha presentado de manera voluntaria Planes de Futuro destinados a promover el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo en las zonas de las dos centrales.
La compañía ha subrayado que estos Planes se hallan abiertos a incluir de manera flexible nuevas iniciativas viables que puedan proponerse en adelante para conseguir esos objetivos.
Plan de Futuro
En el marco de lo establecido en los Planes de Futuro, Endesa respetará el puesto de trabajo de todos los empleados de las dos centrales, 166 en el caso de Compostilla y 153 en Andorra.
Por lo que se refiere a los empleados de las empresas auxiliares, la compañía les dará total prioridad en la contratación para acometer los trabajos de cierre y desmantelamiento de ambas plantas, así como en el desarrollo de las nuevas instalaciones renovables que se propone llevar a cabo en las zonas de las dos centrales.
Los trabajos de cierre y desmantelamiento se prolongarán durante un amplio periodo de tiempo, estimado actualmente entre 4 y 6 años, y generarán en torno a 130 empleos, con puntas de hasta 200, en cada uno de los dos emplazamientos.
Asimismo, los Planes de Futuro de la empresa incluyen elevadas inversiones en nuevos proyectos de energías renovables. Concretamente, Endesa se propone desarrollar hasta 1.000 MW de nueva capacidad solar fotovoltaica en la zona de la central de Andorra que supondrán una inversión de unos 800 millones de euros. En cuanto a Compostilla, la empresa tiene en estudio proyectos fotovoltaicos en la zona de Ponferrada que representarían una inversión de unos 240 millones de euros.
Todos estos proyectos de energías renovables son adicionales a los que la compañía ya tenía previsto llevar a cabo en las regiones en las que se encuentran instaladas las dos centrales y que suman 513 MW eólicos con una inversión de 500 millones de euros en Aragón y 20 MW eólicos con una inversión superior a los 20 millones de euros en Castilla y León.
Además, las instalaciones contempladas en los Planes de Futuro proporcionarían importantes recursos a los municipios correspondientes a través de impuestos y tasas, así como elevados ingresos en concepto de alquileres a los propietarios de los terrenos en los que se desarrollen esos proyectos.
Por otro lado, la compañía, dentro de este Plan, impulsará un programa a fin de que empresas, instituciones y otros agentes públicos y privados puedan presentar alternativas viables, a través de un proceso participativo, transparente y abierto, para buscar proyectos de inversión y creación de empleo en el propio emplazamiento de ambas centrales o en sus zonas aledañas.
En este programa, que se desarrollaría con una alta implicación de los agentes regionales y locales, cualquier interesado podría presentar un proyecto de reconversión. La evaluación de los proyectos sería responsabilidad de un comité independiente que incluiría asimismo una relevante representación de los agentes regionales y locales.
Las nuevas exigencias medioambientales de la Unión Europea
La nueva Directiva comunitaria de Emisiones Industriales (DEI), que entrará en vigor para las instalaciones actualmente incluidas en el Plan Nacional Transitorio el 30 de junio de 2020, establece límites más exigentes a las emisiones contaminantes. La adaptación de las centrales de Andorra y de Compostilla a esta normativa les obligaría a realizar elevadas inversiones cuya recuperación es imposible en las condiciones regulatorias y de mercado tanto actuales como previsibles. Más imposible aún sería la recuperación de las inversiones necesarias para cumplir con los límites BREF, que son todavía más exigentes que los de esa Directiva y que serán de obligada aplicación a partir de agosto de 2021.
En definitiva, la evolución de los precios energéticos, el menor margen que el mercado de generación deja libre para que las centrales de carbón nacional puedan funcionar un número suficiente de horas, el cumplimiento del Plan para que se produzca el cierre ordenado de las minas de carbón en 2018, las nulas perspectivas de que se produzcan novedades regulatorias que aseguren la suficiente recuperación de las nuevas inversiones y la necesidad de sustituir progresivamente centrales térmicas por tecnologías libres de emisiones, a fin de cumplir los compromisos adquiridos en la Cumbre de París COP 21, suman un conjunto muy amplio y relevante de factores que hacen imposible afrontar esas inversiones.
Las dos centrales se encuentran acogidas en la actualidad al Plan Nacional Transitorio, al haber renunciado en septiembre de 2015 al mecanismo de Exención por Vida Útil Limitada, por lo que pueden producir más allá de las 17.500 horas a las que las limitaba ese mecanismo dentro de los límites medioambientales establecidos.
Una vez finalice el plazo de aplicación del Plan Nacional Transitorio el 30 de junio de 2020, estas instalaciones
estarán obligadas a dejar de producir. Hasta entonces, irán dando salida progresivamente al carbón que tienen almacenado, así como a las posibles toneladas adicionales que pudieran ir precisando en el futuro en función de las horas de funcionamiento que les permita la evolución del mercado de generación.
