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En la actualidad, las energías renovables representan menos de una cuarta parte de la capacidad energética instalada en México, una proporción mucho menor al promedio cercano al 50 por ciento de América Latina, pues el petróleo, el carbón y el gas natural generan la mayoría de la electricidad. Al desarrollar la generación de energías renovables, México no solo reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también disminuirá la contaminación del aire y mejorará la seguridad energética, ya que se diversificarán las fuentes de combustible. México tiene un potencial eólico ocho veces superior al nivel de capacidad eólica instalada en este momento. Cuenta con uno de los recursos solares más altos del mundo: 75 veces la capacidad total actualmente instalada en el país.
El 1 de julio los mexicanos eligieron como presidente a Andrés Manuel López Obrador, en gran medida por haber prometido que resolvería los problemas más devastadores del país a nivel nacional: la violencia rampante, la desigualdad económica y la corrupción generalizada. Sin embargo, López Obrador también tiene la oportunidad de catapultar a su país a un papel de liderazgo en un tema que puede beneficiar tanto a México como al resto del planeta: el cambio climático. El presidente electo puede capitalizar el enorme potencial de México en energías renovables. No obstante, aunque su plataforma de campaña ofrece algunas propuestas prometedoras para expandir este tipo de energías, López Obrador deberá sortear varios obstáculos.
López Obrador ha anunciado planes ambiciosos para aumentar la generación de energías renovables tanto en proyectos de gran escala —como presas hidroeléctricas— como en pequeños sistemas de energía descentralizados —como azoteas solares en casas habitación y empresas— en un intento por reducir las importaciones de gas natural de Estados Unidos. El presidente electo prometió incentivar, mediante estímulos tributarios y acceso a créditos, a las industrias locales para que fabriquen partes para plantas de energías renovables. Además, al término de su gobierno, quiere ver en las calles mexicanas 100?000 autos eléctricos que funcionen con energía solar. A lo largo de su presidencia, estas propuestas reducirán las emisiones de México un 6,8 por ciento anual.
Estas son áreas acertadas en las cuales se debe centrar México para acelerar su transición a un consumo de energía con menores índices de emisiones de carbono, pues es uno de los quince países que más generan este tipo de emisiones. Con las políticas adecuadas, el presidente electo podría convertir a México en el líder del hemisferio occidental en desarrollo sostenible, una oportunidad que rechazó su vecino del norte cuando abandonó el Acuerdo de París.
Para llevar a cabo esta transformación, el nuevo gobierno debe basarse en la reforma energética que el presidente Enrique Peña Nieto convirtió en ley en 2013.
La reforma creó incentivos importantes con el objetivo de aumentar las energías renovables, entre ellos la apertura del sector energético a la inversión privada y la creación de Certificados de Energías Limpias (CEL), los cuales deben adquirir los distribuidores de energía para cumplir con las cuotas de generación limpia de megavatios-hora. Alentadas por esta iniciativa, las empresas privadas que han competido por contratos en las subastas de energías renovables que se han llevado a cabo en México tras la reforma, han ofrecido algunos de los precios más bajos del mundo en electricidad. La primera subasta, celebrada en 2016, estableció compromisos para suministrar un equivalente cercano al doble del total de la capacidad solar y eólica que se había instalado en México en los dieciocho años anteriores. En 2015, México era uno de los diez primeros destinos del mundo para realizar nuevas inversiones en energías limpias.
Sin embargo, el desarrollo de proyectos de energías renovables aún enfrenta muchos desafíos. La infraestructura eléctrica de México está decrépita. Debido a que las líneas de transmisión son viejas, se pierde más electricidad durante el transporte y la distribución que en países con ingresos altos. La red eléctrica también necesita expandirse para cubrir las largas distancias entre los puntos de demanda de electricidad —concentrados en poblacionales y centros industriales del centro y sur del país— y los puntos de suministro de energías solar y eólica, ubicados sobre todo en las regiones norte y oeste. El nuevo gobierno de México deberá realizar subastas para otorgar proyectos de transmisión y distribución a empresas privadas y mejorar la planeación del sistema eléctrico con el fin de integrar más fuentes de energía variable (eólica y solar) con fuentes de energía constante (como el gas natural o la energía hidroeléctrica).
A pesar del récord en precios bajos de las energías eólica y solar en las subastas que tuvieron lugar recientemente en México, otras tecnologías, como la geotérmica, aún no pueden competir con las fuentes de combustibles fósiles. A medida que se expandan los mercados de energías renovables, un cuello de botella en la producción local de equipo y servicios también podría dificultar la competitividad. Para garantizar que las energías renovables sean competitivas, el gobierno puede brindar más incentivos a las tecnologías emergentes, así como apoyo a los proveedores locales de equipo y servicios.
Como muchos de los proyectos de energías renovables y de otros tipos en todo el mundo, los desarrolladores en México suelen enfrentar la resistencia de las comunidades locales. Una buena parte del territorio mexicano es propiedad colectiva, lo que implica que los desarrolladores deben consultar con decenas o incluso cientos de personas antes de comenzar un proyecto. A menudo, este proceso se lleva a cabo de manera inadecuada y con una supervisión insuficiente, lo cual genera batallas legales largas y costosas. En enero, la Suprema Corte de México ordenó que se detuviera un proyecto eólico en Oaxaca —un estado que alberga la mayoría de los proyectos de este tipo, y donde el 75 por ciento de la tierra es propiedad colectiva— porque no se consultó de manera suficiente a las comunidades locales, en su mayoría zapotecas.
En el futuro, el gobierno deberá dejar claro el proceso de consulta, tener un papel más proactivo en la mediación y fomentar proyectos de energías renovables impulsados por las comunidades locales, en los que estas compartan la propiedad de la tierra, se beneficien de la energía producida y se incorporen a la cadena de suministro.
La noche de las elecciones, ante un Zócalo repleto, López Obrador confesó su deseo de “pasar a la historia como un buen presidente de México”. Si logra transformar la matriz energética de México, es muy probable que también sea recordado por darle al mundo un ejemplo de transición a las energías limpias.
Para lograrlo, deberá atraer mayor inversión privada al sistema de transmisión y distribución de México, introducir beneficios focalizados en la industria local de energías renovables y dedicar más recursos al mejoramiento del proceso de consulta sobre nuevos proyectos. Aunque no hay duda de que López Obrador tendrá una lista de problemas que resolver cuando asuma la presidencia el 1 de diciembre, fomentar el uso de las energías limpias debe ser una prioridad. Tanto los mexicanos como la comunidad internacional se lo agradecerán.
