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Transición etimológicamente significa pasar de lo viejo a lo nuevo. Tanto en el sector de generación eléctrica, como en el de usos térmicos para climatización o procesos industriales y en el de transporte, la transición tendría que traducirse en la retirada, más pronto que tarde, de las instalaciones y equipos que deterioran el medio ambiente y que además suponen un freno para la incorporación de tecnologías limpias que dinamizarían significativamente nuestra economía.
A diferencia del ejemplo de visión de futuro que Alemania está dando con su Energiewende, con la mayor parte de partidos políticos, organizaciones empresariales y sociales y la ciudadanía alineados con una auténtica transición energética, comprometida con objetivos medioambientales y a la vez conscientes de las oportunidades que para la economía del país tendrá acelerar el cambio, en España parece que el Gobierno entiende ‘transición’ como ‘continuidad mientras sea posible’.
Nuestros responsables energéticos también aseguran, en sus declaraciones, entender los impactos económicos de una transición energética. Seguro que conocen que la instalación de un nuevo parque generador con energías renovables conllevaría un importante crecimiento del PIB y del empleo e incluso que un mix con más renovables abarataría los costes de generación, pero incomprensiblemente, a la vez, vaticinan que clausurar las centrales de carbón tendría unos efectos alarmantes en el recibo de la luz. Esto segundo no es incierto, ya que la sustitución de electricidad fósil por renovable reduce los costes de generación.
Resulta curioso cómo, sin inmutarse, hace tan solo un par de años acusaban a las renovables de ser las causantes de la subida de la electricidad mientras que ahora, la justificación que utilizan ante las subidas del precio del pool es precisamente que no haya habido suficiente generación renovable en el correspondiente periodo.
Además cuesta trabajo comprender que intereses generales defienden, ya que ni a las compañías eléctricas parece interesarles el alargamiento de la vida operativa de las centrales de carbón (ni incluso el de las nucleares) y el perjuicio que causarán al país al no aprovechar la oportunidad que la transición brinda sería imperdonable.
También lo dejaron claro en la composición de la Comisión de Expertos creada por el Consejo de Ministros para elaborar un informe sobre escenarios y alternativas de política energética que informen en la elaboración de la futura Ley. En dicha comisión, el perfil de experto en las energías de futuro, es decir, en las energías renovables, es casi inexistente. Tampoco la han dotado de medios para poder realizar el trabajo con el imprescindible rigor que requeriría un encargo de tanta responsabilidad. Parece que con la precariedad de medios le resulta más fácil al Gobierno intervenir mediante miembros de su confianza para que las recomendaciones no vayan en la línea de una auténtica transición sino de estiramiento de los activos altamente contaminantes, ya sea por la vía de emisiones de gases y partículas o de acumulación de residuos radioactivos sobre los que todavía no existe solución para deshacernos de ellos.
Por ello, las recomendaciones para la Ley de Transición Energética deberían proponer un ambicioso plan de retirada de las viejas centrales térmicas así como de las nucleares al llegar al final de la concesión inicialmente otorgada, al ritmo que resulte factible su desmantelamiento, para permitir su sustitución por tecnologías renovables gestionables con costes que hoy en día son ya completamente asumibles por el sistema.
La garantía de suministro que aportaban dichas centrales puede ser perfectamente sustituida por una gestión de la demanda más activa, por autoconsumo, por contratos de interrumpibilidad (que a partir de ahora se usasen regularmente para reducir los picos del sistema), así como por tecnologías como la biomasa y las centrales termosolares, cuyos costes en un país soleado como España son ya competitivas con nuevos ciclos combinados. Las baterías para los parques eólicos o centrales fotovoltaicas aparecen todavía lejanas para instalaciones de cientos de MW pero podrían jugar también un relevante papel cerca de 2030.
Es cierto que la rápida reducción de costes de las renovables, bien conocidos en eólica y fotovoltaica y ahora también en solar termoeléctrica, pueden sacar de la zona de confort a los responsables de la política energética, pero brindan una gran oportunidad para utilizar la transición energética como una potente palanca para la economía del país y para cumplir con nuestros compromisos con la mitigación del cambio climático.
