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La Plataforma Solar de Almería (PSA) es el centro de investigación más importante del mundo en tecnologías solares térmicas de concentración, liderando proyectos e iniciativas internacionales impulsadas y respaldadas por la Unión Europea.
La PSA está catalogada en España como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) y a nivel europeo está reconocida como Large Scientific Installation por la Comisión Europea, sin embargo las normas impuestas por el Gobierno, diferentes a las existentes en el sector de la I+D en España (Universidades y CSIC), impiden el desarrollo de los proyectos de investigación con éxito.
Las normas impuestas por el Gobierno a los Organismos Públicos de Investigación desde Enero de 2016 están dañando de forma irreversible la excelente reputación de la PSA, reputación que mantiene desde su nacimiento hace más de 30 años. Dichas normas impiden la gestión adecuada de una gran instalación científica y tecnológica como la PSA, que gestiona proyectos internacionales de elevado presupuesto y financiados con fondos ajenos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Esta situación no solo hace que participar en nuevos proyectos de investigación sea imposible, sino que también impide desarrollar correctamente los proyectos en marcha, llegando incluso a la grave situación de tener que devolver los fondos concedidos por la Comisión Europea, en algunos casos con intereses.
No se trata de un problema de liquidez, ni de falta de fondos, ya que la PSA dada su calidad científica y técnica, ha podido conseguir fondos en convocatorias internacionales altamente competitivas de I+D, sino a la prohibición de gastar dichos fondos. Desde agosto de 2016 hasta junio de 2017, la PSA no ha podido adquirir ningún equipamiento. La Orden HAP/1169/2016 del 14 de julio, dada por el Gobierno español con el argumento de reducir el déficit público, impidió la adquisición de material en la PSA, lo cual no tiene justificación ya que los fondos recibidos provenientes de la Comisión Europea no afectan al déficit público español. Con ello no solo se perderá esta inversión en España, sino también puestos de trabajo, prestigio y credibilidad para la financiación de nuevos proyectos de investigación.
Este problema se agrava más y más cada día con la imposición de normas cada vez más restrictivas. La grave situación continúa a pesar de que la PSA ha informado reiteradamente sobre la misma utilizando todos los cauces oficiales a su alcance.
Las normas impuestas por el Gobierno deben de ser cambiadas urgentemente ya que están causando un daño irreparable a las actividad de I+D de la PSA. La transparencia y control debe permitir el desarrollo de proyectos de investigación financiados por la Unión Europea que contribuyen al desarrollo, riqueza y creación de empleo. Este último punto está sobradamente demostrado por proyectos realizados en la PSA cuando las normas de gestión eran diferentes a las actuales.
El actual Gobierno de España impedirá la incorporación a principios de 2018 del 40% de los puestos de trabajo asociados a personal investigador temporal del centro, a pesar de que la PSA dispone del presupuesto necesario para ello. Esta situación condena a la PSA a su desaparición como referente internacional a nivel científico, y a la pérdida de la competitividad para poder seguir teniendo éxito en convocatorias públicas internacionales de I+D que permitan seguir creando desarrollo, empleo y riqueza.
Firma esta petición para demandar que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad cambie todas las normas que sean necesarias para que la PSA pueda llevar a cabo sus tareas de I+D con total garantía.
