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Los partidos políticos están comenzando a abordar lo que podría llegar a ser un imprescindible acuerdo de Estado en la llamada Ley de Transición Energética, este momento tan especial de cambio de paradigma en la generación y el consumo de energía y, en particular, de electricidad. La electrificación de usos anteriormente limitados a combustibles está avanzando rápidamente en sectores como el transporte o la calefacción y se configura como el vector determinante para la reducción de emisiones, siempre que el mix de generación prescinda progresivamente de la quema de carbón y gas.
Alemania, además de un ejemplo a seguir en materia de gobernanza de país, donde los intereses generales permiten coaliciones de gobierno que evitan las improductivas situaciones que tan frecuentemente vivimos en nuestro país, lo es también en el alineamiento en temas energéticos (Energiewende), ya que ha conseguido que no solo los principales partidos políticos sino también la mayor parte de los ciudadanos, perciban los beneficios de la transición energética en términos de seguridad (con el abandono de la nuclear), en reducción de emisiones, en oportunidad de adelantarse a los nuevos modelos de negocio energético y en la gran cantidad de puestos de trabajo que se crearan con esta apuesta tan ampliamente compartida.
Es razonable tener una sana envidia de este modelo de acuerdos a largo plazo y alineamiento político y social en los elementos fundamentales del sistema eléctrico, sobre todo, cuando en nuestro país las decisiones sobre nueva capacidad renovable se toman sin tener en cuenta las auténticas necesidades que nuestro sistema eléctrico tendrá en los próximos años. Ni se realiza un riguroso análisis del impacto que los 6.000 MW no gestionables recientemente subastados tendrán en la sostenibilidad de los activos actualmente operativos, ni se realiza un estudio de los vertidos que se producirán cuándo los nuevos estén conectados.
Cuando un gobierno no ve más allá del precio de generación está abdicando de su responsabilidad de planificar el mix de generación que resulte más adecuado para el país e, incluso, está apostando por un modelo de dudosa sostenibilidad, tanto para los nuevos entrantes como para los operadores existentes.
Hasta ahora la postura de recelo del gobierno hacia nuevas centrales termosolares estaba basada en el precio de generación. Cuándo se les hablaba de las ventajas macroeconómicas para el país o del refuerzo del liderazgo internacional ante el emergente mercado mundial, recibíamos la incomprensible respuesta de que “eso es de otro negociado”. Otra abdicación más. A diferencia de Alemania, en donde ven las oportunidades de la transición energética en materia de empleos y PIB, el Gobierno de España parece no entender que la política energética puede contribuir significativamente al crecimiento de nuestra economía.
Recientemente hemos visto como tres consorcios internacionales –alguno de ellos con participación española– han hecho ofertas de generación a 10 c€/kWh o inferiores para centrales de 100 MW en Dubái, donde las características de la radiación solar son peores que en nuestro país. En estos momentos, ofertas de sistemas con almacenamiento a 10 c€/kWh son competitivas contra los 5 c€/kWh que recibirán del pool la eólica o la fotovoltaica en las actuales ofertas. Y tampoco debemos olvidar que cuando había la misma cantidad de GW instalados de fotovoltaica que de termosolar a nivel mundial –en la actualidad 5 GW– el coste de la fotovoltaica era de cerca de 10 veces el que tiene la termosolar en estos momentos.
¿Por qué, entonces, sigue nuestro Ministerio de Energía cerrado a la incorporación de un cierto número de centrales termosolares en una subasta específica?
Esperamos poder retomar en breve el diálogo inexistente hasta ahora para estudiar esta iniciativa que contribuiría a dotar de la necesaria gestionabilidad al sistema y a apoyar el liderazgo actual de nuestras empresas.
