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AEE prevé unas inversiones superiores a 3.000 millones de euros y la creación de más de 30.000 empleos eólicos en la fase de instalación de los parques. La subasta celebrada ayer podrá ser calificada de eficaz cuando los 3.000 MW estén en marcha y apoyando el cumplimiento de los objetivos europeos a 2020.
La subasta de 3.000 MW celebrada ayer, de la que 2.979 MW han sido adjudicados a la eólica, da esperanza al sector tras varios años de letargo. No hay que olvidar que la eólica es la única tecnología renovable con una industria propia en España en toda la cadena de valor, con más de 200 centros de fabricación en 16 comunidades autónomas. Según las previsiones de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, la instalación de los proyectos supondrá unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.
El resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos a 2020 a un menor coste para el sistema. Ahora sería necesaria una Planificación Energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías. Ello implica que se dé visibilidad al sector renovable con un calendario de subastas que, más allá incluso de los objetivos europeos a 2020, tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los Objetivos de la UE a 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada Transición Energética.
En cualquier caso, la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos a 2020.
AEE confía en que así será y en que todos los actores implicados en el proceso –promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales, etcétera– pondrán todo de su parte para ello.
Es importante tener en cuenta que el contexto en el que se celebra la subasta ha propiciado la agresividad de las ofertas: se trata de una convocatoria aislada, lo que ha obligado a las empresas con proyectos avanzados a acudir para no quedarse fuera del entorno regulado, condición importante para lograr financiación. Ahora bien, el resultado no garantiza la sostenibilidad de los proyectos en el largo plazo sin algún mecanismo que estabilice la volatilidad de los ingresos procedentes del mercado.
Por otro lado, el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten. Los 23.000 MW eólicos instalados en España desde los años noventa lo hicieron en un momento de menor madurez tecnológica y diferentes condiciones financieras y, por lo tanto, con mayores costes, por lo que deben respetarse los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria. Esto pasa necesariamente por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años durante su vida útil regulatoria, potestad que tiene el Gobierno a raíz de la Reforma Energética y que podría ejercer por primera vez en 2020.
Asociación Empresarial Eólica (AEE) es la voz del sector eólico en España. Con cerca de 200 empresas asociadas, representa a más del 90% del sector en España, promueve el uso de la energía eólica, y defiende los intereses del sector.
