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AEE da la enhorabuena tanto al nuevo ministro como al secretario de Estado, confía en que se restablezca el diálogo con la eólica y considera que antes de hablar del futuro (las subastas) es necesario introducir cambios en la regulación que afecta a las instalaciones existentes.
La llegada del nuevo Ejecutivo coincide con el fin del primer semiperiodo regulatorio de la Reforma Energética, que obliga a la revisión de parámetros antes de fin de año.
Si los pronósticos de los precios del regulador no se ajustan a la realidad y se mantienen los errores del primer semiperiodo, el sector cobrará un 56% anual menos durante los próximos tres años
Es decir que, tal y como prevé la normativa, corresponderá al nuevo Ministerio revisar antes de fin de año algunos de los parámetros económicos con los que se fija la retribución de las energías renovables ya instaladas para los próximos años, como es la senda de precios de mercado.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) advierte de que existe un riesgo importante: si las previsiones de precios del mercado a futuro que fije el Ministerio (parámetro fundamental para establecer la retribución) se alejan de la realidad y se mantienen en línea con las del semiperiodo anterior, la remuneración anual del sector puede ser un 56% inferior a la que le corresponde, con lo que las empresas no llegarían a la “rentabilidad razonable” que les promete la ley.
Esto se sumaría a los impactos anteriores: en el semiperiodo que acaba, las empresas han dejado de ingresar 630 millones de euros por la diferencia entre las previsiones de precios y la realidad, con lo que sus ingresos se han quedado incluso por debajo de esta rentabilidad razonable prevista por el regulador en la Reforma. De hecho, en los últimos tres años las empresas han cobrado una media de 6,37 euros/MWh menos por la desviación a la baja de la senda de precios prevista en la ley. De ahí que AEE solicite que los pronósticos se ajusten a la realidad y no sean una decisión política.
De los 630 millones que se han dejado de ingresar en el primer semiperiodo, sólo se compensará al sector con el 36% (con lo que pierde el 64% de lo que le corresponde), debido a que el sistema incluye unos límites diseñados de tal modo que resulta improbable que la compensación sea por el total.
Según los cálculos de AEE, si se toma como referencia un precio de 52 euros/MWh a partir de 2020 –como se hizo erróneamente para el semiperiodo anterior– en vez de los 41 que sería razonable tomando los precios de los contratos de futuros para esos años, la eólica dejaría de ingresar en los próximos tres años otros 600 millones de euros. Esta cantidad equivale al 16% de lo percibido por el sector en el primer semiperiodo en concepto de retribución. Cabe recordar que la retribución de 2016 fue ya un 41% inferior a la de 2013, el año anterior a la Reforma Energética.
Cuando se hayan resuelto estas cuestiones, que suponen un freno a la Transición Energética de España y a nuestros compromisos internacionales –como los objetivos europeos a 2020 y 2030 y el cumplimiento del Acuerdo de París–, será el momento de hablar del crecimiento futuro y, por tanto, de las subastas.
AEE da la enhorabuena tanto al nuevo ministro como al secretario de Estado de Energía y confía en que en esta legislatura se restablezca el diálogo con un sector que exporta tecnología por valor de unos 3.000 millones de euros anuales, da empleo a 22.500 personas y rebaja el precio de la electricidad. En lo que va de 2016, la eólica le ha ahorrado al consumidor medio 46,54 euros respecto a 2015, según cálculos de AEE.
Los antecedentes
La Ley del Sector Eléctrico establece que el regulador debe utilizar los futuros de OMIP para calcular la previsión de precios para los próximos tres años (2017, 2018 y 2019). A partir del tercer año, no hay referencias obligatorias, pero para 2020 sí existe la referencia de los futuros de OMIP, la mejor estimación posible a día de hoy. Lo razonable sería que, para estimar los precios de 2020 en adelante, el regulador se basase en las cotizaciones del mercado de futuros y atendiese a los pronósticos que indican que seguirán una senda bajista. Ahora bien, si apuesta por precios más altos, el incentivo será más bajo.
El sistema establece que las instalaciones renovables anteriores a la ley tienen derecho a una rentabilidad “razonable” para ser competitivas en el mercado del 7,39% antes de impuestos durante los primeros seis años. Para garantizar que así sea, se retribuye a los parques con un incentivo o retribución a la inversión (Rinv) que se calcula en función de una serie de parámetros, incluida una previsión de los precios del mercado eléctrico para los siguientes años. Pasado este tiempo, se revisa si ha habido desviaciones de precios sobre las previsiones en el semiperiodo y, si es necesario, se compensa a las empresas hasta que alcancen la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil regulatoria del parque (20 años). El problema es que los límites mencionados impiden que la compensación sea por el total.
