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El 15% de la población española se encuentra en situación de pobreza energética, cifra que se ha duplicado en los últimos 8 años.
Además, el porcentaje de hogares españoles que se declaraban incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno era del 11% (alrededor de 5,1 millones de personas)[1]. El acceso a la energía, pese a no estar todavía reconocido como un derecho universal como el agua, sí está reconocido de forma implícita en la constitución española en los artículos 43 y 47, donde se establece el derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud. Ahora la pregunta sería, ¿Es posible tener una vivienda digna o proteger nuestra salud de asma, neumonía u otras enfermedades respiratorias sin calefacción o electricidad?
Las medidas que se están poniendo en marcha para hacer frente a la Pobreza Energética (convenios entre ayuntamientos y compañías suministradoras, leyes de Pobreza Energética, etc) van destinadas, en su mayoría, a paliar el problema en la situación extrema, cuando las familias se enfrentan a cortes por impagos. Desde ECODES apostamos por abordar medidas integrales que ayuden a la familia a prevenir estos impagos. Por ello en 2013, pusimos en marcha el programa Ni Un Hogar Sin Energía para ayudar a las familias en riesgo de pobreza energética a reducir sus facturas energéticas: revisando sus contratos, recomendando hábitos de consumo responsable de la energía y sencillas medidas de eficiencia energética. Todo ello gracias a empresas que han aportado materiales o participan con voluntariado corporativo y a Servicios Sociales Municipales y ONGs que nos ayudan a detectar las familias que se encuentran en situación vulnerabilidad energética.
A lo largo del proyecto hemos intervenido en más de 300 hogares en 7 ciudades españolas logrando ahorros medios de 23% solo con recomendaciones de cambio de contrato, lo que supone una media de 146 €/año, y llegando a ahorros de hasta el 35% con medidas de eficiencia energética y hábitos de consumo responsable. En estas visitas hemos detectado que casi la mitad de los contratos analizados están en el mercado libre, el 47%, y nuestra recomendación es un cambio al mercado regulado, dónde este colectivo se encuentran más protegidos y en algunos casos podrán optar al bono social. Precisamente, hay muy pocas familias con el bono social, un 18%, y, sin embargo, un 71% cumplen con los requisitos que se establecen para tener derecho a este descuento. Además, se ha detectado que un 47% de los hogares tiene potencias contratadas demasiado altas lo que se traduce en facturas demasiado elevadas. Estos datos ponen de relevancia la necesidad de incrementar la alfabetización energética de la sociedad para empoderarles y que puedan gestionar sus consumos y contratos de forma ventajosa.
Además del apoyo directo a las familias, desde ECODES, proponemos las siguientes medidas contra la pobreza energética:
1. Reconocer y definir oficialmente, de una vez por todas, la pobreza energética y la figura de consumidor vulnerable.[2]
2. Rediseñar los requisitos para la obtención del Bono Social.
Se debería replantear el actual bono social para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda, el nivel de ingresos familiares y la vulnerabilidad del consumidor y no sólo la potencia contratada o la situación familiar/laboral. También habría que establecer un bono social para el gas como ya hacen otros países.
3. Asegurar el suministro en momentos críticos.
El impago de una factura de energía doméstica, puede llevar a la suspensión del suministro. El corte de la luz en el hogar de una familia en riesgo de exclusión es un hito en su proceso de empobrecimiento que puede convertirse en irreversible. Esta situación, en muchas ocasiones, se vuelve recurrente, llegando a acabar en situaciones críticas de enganches.
Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos han establecido convenios con empresas eléctricas para la paralización de cortes de suministro a personas en riesgo de exclusión controladas a través de los servicios sociales. Estos acuerdos no representan un compromiso e implicación en el problema de estas empresas eléctricas, ya que es el ayuntamiento o gobierno autonómico u organizaciones no gubernamentales actuando como avalistas, quienes realizan el esfuerzo económico, haciendo frente al pago de las facturas adeudadas.. Estudiando las fórmulas adecuadas, el principio general debería ser compartir el esfuerzo entre el sector público y sector privado.
4. Coordinación entre órganos gubernamentales.
La Pobreza Energética implica administrativamente diferentes departamentos como son el de energía, salud, consumo o vivienda. De igual forma implica a varios niveles de gobierno, tanto estatal como regional. Por lo tanto es imprescindible una coordinación eficiente de los diferentes órganos gubernamentales para llevar a cabo políticas coherentes y efectivas que agrupen soluciones no solo correctivas, sino también preventivas.
5. Mejorar la información para el consumidor vulnerable.
Los suministros de energía representan uno de los gastos más elevados de la economía doméstica en todo hogar, más aun en los de personas en riesgo. Empoderar a estas personas en el uso eficiente de sus equipos y sobre aspectos básicos que les permitan entender las facturas, los servicios que están contratando y las ayudas de las que pueden beneficiarse.
