De acuerdo con las estadísticas de la Agencia Internacional de Energía (AIE), los cinco países que más generan energía eléctrica no convencional son China, India, Estados Unidos, Brasil y Nigeria.

En el caso del gigante asiático, en el 2015 generó el 11 por ciento de su electricidad a partir de energías renovables. El éxito de su modelo radica en que el Estado ha invertido cerca de 103.000 millones de dólares, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y Bloomberg. Además, el gobierno chino ha fijado políticas que, a través de incentivos a los empresarios y ciudadanos, promueven la instalación de plantas a pequeña y gran escala. Así han logrado que un modelo, en principio inasequible, esté al alcance de las comunidades más pobres.

 

Estados Unidos no se queda atrás, ya que más de 600.000 casas y establecimientos comerciales se autoabastecen de energía solar, gracias a la facilidad que les dan el gobierno y entidades bancarias para financiar sus proyectos.

“En Estados Unidos, las generadoras de energía habían hecho un presupuesto para los próximos 10 o 15 años con unas proyecciones de aumento en el consumo del mercado. Pero resulta que el consumo de energía comercial, en lugar de estar aumentando, está disminuyendo levemente.

“No es que la gente esté consumiendo menos energía, es que está instalando cada día más soluciones con paneles solares, con energía eólica, y eso hace que no compren más energía sino que la generen”, sostiene Hugo Serrano, fundador de la empresa de energías renovables Fuera de Red y propietario de una casa que se abastece de energía solar.

En el caso de Europa, por ejemplo, Alemania fue el primer país en implementar un plan de subsidios para que los ciudadanos generaran su propia energía en casa.

Los diplomáticos han hecho su trabajo: cerraron el acuerdo climático de París en diciembre del 2015 y los líderes políticos se reunieron la semana pasada en las Naciones Unidas para firmar el nuevo pacto. Pero su implementación es la parte verdaderamente difícil. Los Gobiernos necesitan un nuevo enfoque para una cuestión que es extremadamente compleja, de largo plazo y cuya escala es global.

En el centro del desafío climático reside un reto energético. Aproximadamente el 80 por ciento de la energía primaria del mundo proviene de compuestos de carbono: carbón, petróleo y gas. Al ser quemados, emiten el dióxido de carbono que causa el calentamiento global. Para el 2070 necesitamos una economía mundial casi completamente libre de emisiones de carbono para evitar que el calentamiento global se salga peligrosamente de control.

El acuerdo de París reconoce estos hechos básicos. Hace un llamado al mundo para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (especialmente el CO2) a niveles netos nulos durante la segunda mitad del siglo. Para esto, los Gobiernos no solo deben preparar planes hasta el año 2030 (las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o INDC), sino también hasta mediados de siglo (las llamadas Estrategias de Desarrollo con Bajas Emisiones, o LEDS, por su sigla en inglés).

 

Los Gobiernos del mundo nunca antes intentaron cambiar un sector básico de la economía mundial a escala global y con una fecha límite tan agresiva. El sistema energético de combustibles fósiles fue creado paso a paso, durante dos siglos. Ahora debe revisarse completamente en tan solo 50 años, y no en unos pocos países, sino en todas partes. Los Gobiernos necesitarán nuevos enfoques para desarrollar e implementar sus LEDS.

Hay cuatro motivos por los cuales las políticas usuales no serán suficientes. En primer lugar, el sistema energético es solo eso: un sistema compuesto por muchas partes y tecnologías interconectadas. Plantas generadoras, ductos, transporte oceánico, líneas de transmisión, represas, uso del suelo, ferrocarriles, autopistas, edificios, vehículos, electrodomésticos y muchas otras cosas deben funcionar conjuntamente como un todo.

No es un sistema que se pueda cambiar con pequeños pasos incrementales. Una revisión profunda requiere la reingeniería del sistema en su totalidad para garantizar que todas las partes continúen funcionando de manera eficaz.

En segundo lugar, aún persisten muchas grandes incertidumbres tecnológicas para la transición hacia un sistema energético con bajas emisiones de carbono. ¿Se debe descarbonizar a los vehículos con alimentación eléctrica de baterías, células de hidrógeno o biocombustibles avanzados? ¿Es posible lograr que las plantas generadoras con carbón sean seguras con el método de captura y almacenamiento de carbono (CAC)? ¿La energía nuclear será políticamente aceptable, segura y de bajo costo? Debemos planificar las inversiones en investigación y desarrollo para resolver estas incertidumbres y mejorar nuestras opciones tecnológicas.

En tercer lugar, las soluciones sensatas requieren cooperación energética internacional. Un factor clave de las energías con bajas emisiones de carbono (como ocurre con los combustibles fósiles) es que no suelen estar ubicadas donde se usarán.

Así como el carbón, el petróleo y el gas deben ser transportados a través de grandes distancias; las energías eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica deben ser trasladadas a través de largas distancias mediante líneas de transmisión y con combustibles líquidos sintéticos fabricados con energía eólica y solar.

En cuarto lugar existen, por supuesto, poderosos intereses creados en la industria de los combustibles fósiles y están resistiendo el cambio. Esto queda muy claro en EE. UU., por ejemplo, donde el Partido Republicano niega el cambio climático solo porque ha sido fuertemente financiado por la industria petrolera estadounidense. Esto ciertamente es una especie de corrupción intelectual, si no política (probablemente se trate de ambas).

El hecho de que el sistema energético implique tantas interconexiones complejas genera una inercia tremenda. Pasar a un sistema energético con bajas emisiones de carbono requerirá entonces una planificación considerable, largos tiempos de implementación, financiamiento dedicado y acción coordinada entre muchas partes de la economía, que incluyen a los productores de energía, sus distribuidores, y a los consumidores residenciales, comerciales e industriales. Algunas políticas, como un impuesto a las emisiones de carbono, pueden ayudar a solucionar algunos –pero solo algunos– de los desafíos de la transición energética.

Aquí tenemos otro problema: si los Gobiernos solo planean con 10-15 años de anticipación, como suele ocurrir con las políticas energéticas, en vez de hacerlo con 30-50 años, tenderán a tomar malas decisiones relacionadas con el sistema. Por ejemplo, los planificadores energéticos pasarán del carbón al gas natural (con menos emisiones de carbono), pero tenderán a invertir de manera insuficiente en la transición mucho más decisiva hacia las energías renovables.

De manera similar, pueden optar por elevar los estándares de los combustibles para los automóviles con motores de combustión interna en vez de impulsar el cambio necesario hacia los vehículos eléctricos. En este sentido, planificar con 30-50 años de antelación es fundamental, no solo para tomar las decisiones correctas a largo plazo, sino también para tomar decisiones correctas de corto plazo. El proyecto ‘Caminos para una descarbonización profunda’, de la ONU, ha mostrado cómo diseñar y evaluar los planes de largo plazo.

Ninguno de estos desafíos se lleva bien con los políticos electos. El reto de la descarbonización requiere políticas sistemáticas durante 30-50 años, mientras que el horizonte temporal de los políticos es tal vez un décimo de ese lapso. Los políticos tampoco se sienten muy cómodos con un problema que requiere financiamiento público y privado a gran escala, acciones extremadamente coordinadas de muchas partes de la economía y decisiones frente a continuas incertidumbres tecnológicas. No es de extrañar entonces que la mayoría de los políticos haya rehuido este desafío y que los avances prácticos logrados hayan sido demasiado escasos desde la firma en 1992 de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático.

Un paso clave, creo, es eliminar todas estas cuestiones de la política electoral de corto plazo. Los países deben considerar el establecimiento de agencias energéticas políticamente independientes con alta formación técnica. Por supuesto, las decisiones energéticas claves (como la implementación de energía nuclear o la construcción de una nueva red de transmisión) requerirán una intensa participación ciudadana, pero la planificación e implementación deben estar libres de un exceso de políticas partidarias y cabildeos. Así como los Gobiernos han otorgado con éxito cierta independencia política a sus bancos centrales, deben dar suficiente flexibilidad a sus agencias energéticas para que puedan pensar y actuar para el largo plazo.

En el próximo encuentro climático mundial (la COP22 en Marrakech, en noviembre), el Gobierno de Marruecos y mi equipo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sustentable de la ONU se unirán con otros socios para organizar conjuntamente una conferencia sobre soluciones con bajas emisiones. Esta conferencia reunirá a expertos energéticos de los países miembros de la ONU, empresas y ciudades para trabajar sobre enfoques extremadamente prácticos para la descarbonización profunda. Ahora que el acuerdo climático de París ha sido aprobado, debemos dedicarnos con urgencia a su implementación eficaz.

JEFFREY D. SACHS
© Project Syndicate
Nueva York.

EL TIEMPO