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La noticia es magnífica: la electricidad generada por el viento ya representa el 10% de la producción total. Es una fuente limpia de energía, cada vez más barata. Además, alcanza su máxima capacidad durante la época seca, cuando el país se ve forzado a quemar combustibles fósiles, caros y contaminantes.
El avance lo consiguieron once plantas ya instaladas en diversos puntos de la geografía nacional. Nueve de ellas son privadas (una es propiedad de una cooperativa) y dos fueron construidas por las empresas públicas. Tres de las plantas privadas operan bajo el esquema de explotación temporal por las compañías constructoras, con el compromiso de trasladarlas posteriormente al Estado, como sucedió con la planta geotérmica Miravalles III.
Otras cuatro plantas privadas están en construcción y hay dos en trámite, una de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y otra de un particular. La Asociación Costarricense de Productores de Energía se muestra ávida de incrementar la participación privada. En Guanacaste, dicen, hay buenas posibilidades de desarrollo porque el paso de los vientos por terrenos de poca altura permite contar con aire más denso, capaz de impulsar mejor las turbinas.
Pero la ley limita la participación privada al 15% del total y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) teme a la competencia. El marco jurídico se encargará de frenar el rápido desarrollo de la energía eólica, que en cuatro años pasó del 4,25% al 10% de la producción nacional.
Aparte de la limitación legal, el ICE pretexta la relativa inseguridad del abastecimiento producido por las plantas eólicas porque dependen del viento. En cambio, propone la confiabilidad de sus plantas hidroeléctricas. Pero estas últimas dependen del régimen de lluvias, cada vez menos predecible, como se hace evidente cuando los abonados reciben facturas donde figura el factor térmico.
Aunque la energía hidroeléctrica sea más constante, es difícil explicar la preocupación del ICE por los riesgos que quieran asumir los particulares. Allá ellos si no sopla el viento, y si hay producción en exceso, se podría pensar en exportarla en lugar de importar, como ocurrió en el pasado reciente.
La preocupación del ICE estaría mejor dirigida si se concentrara en las razones que hicieron fracasar el Proyecto Eólico Valle Central, construido por su subsidiaria, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Según la Contraloría General de la República, la planta perdió $2,1 millones en el período 2013-2014 porque el costo de la producción superó el importe de las ventas.
El costo de la inversión por kilovatio instalado es el más elevado de los parques eólicos nacionales, dice la Contraloría. La energía producida “no es competitiva ni reducirá los costos de la electricidad para la CNFL S.A. o de las tarifas a sus abonados; el alto costo de la producción supera el precio promedio al que vende la energía y casi duplica el precio promedio al cual compra al Instituto Costarricense de Electricidad”, añade el informe.
El contraste puede ser molesto para el ICE, pero apunta a los beneficios de la participación privada en la producción de electricidad, con mejoría en los costos y desarrollo de tecnologías más amigables para el ambiente. Lo dicho para el caso de la energía eólica vale también para la solar, cuyo ímpetu se ha visto frenado por la tardía adopción de decisiones indispensables. El país tiene un potencial extraordinario, tanto por sus condiciones naturales como por los recursos humanos disponibles. Es hora de hacer a un lado los prejuicios que obstaculizan el desarrollo.
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