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Doris Capurro pidió dos veces té de frutos rojos el 10 de marzo en la confitería del hotel Alvear para amenizar la tarde, dominada por reuniones de trabajo. Una de ellas fue con ejecutivos de Siemens, la empresa alemana que, entre otras cosas, fabrica aerogeneradores. En términos más sencillos y menos técnicos: molinos de viento capaces de producir grandes cantidades de electricidad. Días antes se había juntado con sus competidores de la norteamericana GE y pasó febrero en Washington, Houston y Nueva York sondeando alternativas de financiamiento para proyectos eólicos con fondos de inversión y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Hasta fines de 2015 Capurro fue la vicepresidenta de Asuntos Institucionales de YPF. Cercana a la ex presidenta Cristina Kirchner, pero también al macrismo (fue una de las mentoras políticas del jefe de Gabinete, Marcos Peña), la consultora le presentó tres veces en cuatro años al comité de dirección de la petrolera su intención de invertir en energía eólica. Se la rechazaron. Una vez afuera, Capurro buscó revancha de inmediato: armó Luft Energía, la compañía con la que espera participar en proyectos de inversión, que considera en términos personales como su deuda pendiente. «Creé una compañía que tiene como objetivo ayudar a emprendimientos que no prosperaron por falta de financiamiento -explica Capurro-. No iniciativas de cero, sino ready to build. Somos una incubadora, un hub de negocios renovables.»
Capurro no es la única que busca hacer negocios con el viento. El cambio de gobierno, los cortes de energía, la venia del ministro de Energía Juan José Aranguren a la inversión en generación y la promesa de un acuerdo con los holdouts reavivó el interés contenido de emprendedores que desde hace años intentan cerrar sin éxito proyectos para generar electricidad con aerogeneradores. Más aún tras la reglamentación de la ley de energías renovables que implementó la administración de Mauricio Macri el 30 de marzo.
Es comprensible. En los papeles, el país tenía algunos de los mejores vientos del mundo, pero tras la reglamentación se sumó otro factor imprescindible para hacer negocios: ahora hay compradores.
La prueba patente de ese cambio es la irrupción de Dow en el segmento. La empresa norteamericana es la química y petroquímica más grande del mundo. En el país produce polietileno, para lo cual le resulta fundamental tener gas y electricidad.
En marzo firmó un memorando de entendimiento con Invap, una compañía de la provincia de Río Negro dedicada al diseño y la construcción de sistemas tecnológicos complejos, para desarrollar el parque eólico en la provincia. La inversión proyectada es de US$ 123 millones.
«Una pata de nuestra estrategia de negocios indica que la matriz energética local se tiene que diversificar. Invap nos vino a ver con un proyecto desarrollado con la necesidad de un socio. Todavía estamos negociando, pero nuestro aporte será convertirnos en comprador de la energía que genere el proyecto y ayudar en la búsqueda de financiamiento con organismos multilaterales de crédito», enumera el ejecutivo. Algo similar había hecho con YPF, con la que cerró una sociedad para producir gas en El Orejano.
Dow está dispuesta a incorporar socios al proyecto. Según Remy, después del anuncio cinco compañías locales importantes lo llamaron para sumarse. Es el resultado de la entrada en vigor de la nueva ley: en 2017 los grandes usuarios de energía deberán cubrir un 8% de su demanda eléctrica con fuentes renovables.
Invap saltó a la fama cuando le vendió un reactor nuclear a Australia en el año 2000. La historia era perfecta: una compañía científica de un país en vías de desarrollo le ganó la pulseada a los líderes globales para instalar tecnología en el Primer Mundo en el medio de la crisis argentina. Sus gerentes creen que hoy están en un momento inigualable. «Creo que hay un contexto en el que las cosas que hasta ahora nos aparecían como dificultosas se muestran más favorables. Por un lado, la ley crea un mercado concreto. Y si la situación financiera mejora, bajará el costo de esta energía», se entusiasma Guillermo Salvatierra, Business Developer de Invap. «Antes, los pocos inversores aparecían con una percepción de riesgo muy alta que suponía una tasa altísima, que lleva a una tarifa cara que a veces no es viable», resumió.
Dow e Invap estudian invertir en Cerro Policía hasta 65 megavatios (MW). Según Salvatierra, el potencial de esa zona supera los 300 MW, por lo que le abre la puerta a desembolsos por US$ 800 millones.
Los colonizadores del sector también están expectantes. Impsa, el gigante tecnológico-metalúrgico de la familia Pescarmona, pasó zozobras el año pasado. Los problemas financieros le costaron algunos de sus negocios: dejará Brasil, donde instaló más de 300 aerogeneradores, y los accionistas cederán una parte de la empresa local a los acreedores. Pese a eso, está más activa que antes debido a los proyectos relacionados con las energías renovables. «La planta de Mendoza está llena. Estamos terminando cuatro generadores de vapor para la central nuclear Embalse, avanzamos con la producción de turbinas hidroeléctricas y estamos fabricando los generadores eólicos para el proyecto Arauco IV, una iniciativa de La Rioja», enumera el nuevo CEO de la empresa, Juan Carlos Fernández.
Impsa fue pionera en inversiones eólicas (tienen unos 55 equipos instalados en el país), considera que mejoraron los tiempos para las compañías con esa clase de intereses y espera sumarse a la brisa. Por eso construyó una nueva planta de energía eólica en Mendoza, para hacer equipamientos y sistemas. La empresa puede producir 150 aerogeneradores por año de 2 MW cada uno. Hoy está produciendo 26 unidades, con un diámetro de pala de 100 metros. «Vamos a ver que empresas extranjeras se van a instalar en el país. Esto es positivo, por más que tengamos más competidores», anticipa Fernández, quien fue testigo del mismo proceso en Brasil.
La firma Genneia -que cuenta entre sus accionistas al banquero Jorge Brito y a Fintech, el fondo de inversíón de David Martínez, nuevo dueño de Telecom- tiene el Parque Eólico Rawson, el más grande de la Argentina. Cuenta con 43 aerogeneradores y produce la electricidad suficiente para abastecer a 100.000 hogares. En el marco de la visita del presidente de Estados Unidos Barack Obama, la Cámara de Comercio de ese país en la Argentina organizó una reunión de empresarios. Allí, Walter Lanosa, gerente general de la firma, sostuvo que la compañía tiene un compromiso de instalar 220 MW adicionales en Puerto Madryn y más de 500 MW en otras provincias. «Estamos hablando de inversiones comprometidas por US$ 450 millones y de un potencial de inversión de otros US$ 1000 millones», completó.
La nueva reglamentación no sólo creó un mercado, sino que dotó de recursos a la oferta. En su último viaje a Estados Unidos junto al presidente Mauricio Macri, Aranguren sostuvo que espera atraer inversión en energías renovables por US$ 5000 millones en los próximos tres años, para instalar 3000 MW. Para algunos especialistas, esa cifra suena inalcanzable en ese período.
Además creó un fondo de $ 12.000 millones para hacer proyectos. Una parte del financiamiento lo pondrán los usuarios del servicio eléctrico, que lo pagarán en sus facturas.
Las energías renovables también despiertan críticas. Aunque pocos lo dicen en voz alta, entre los más molestos están los barones de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes la molestia por los aumentos en las tarifas de luz se les suma al hecho de tener que obtener el 8% de su suministro de fuentes más caras. Un trabajo hecho el año pasado por Alberto Calsiano, el especialista de la UIA en temas energéticos, echa luz sobre su posición. «El costo de la generación con energías renovables se debería distribuir entre toda la demanda», sostiene. .
Tampoco está claro qué pasará con quienes tienen proyectos en marcha bajo la legislación anterior.
Casi todos coinciden en que las promesas actuales de la energía eólica saldrán a la cancha el mes próximo, cuando el Gobierno lance la primera subasta pública de renovables con las nuevas reglas de juego. Sólo allí se verá cuáles son las ambiciones que puede abrigar el sector en el futuro energético local.
Impulso oficial El gobierno nacional acaba de crear un fondo de $ 12.000 millones para proyectos de energía renovable
Renovación y cambio Los jugadores que ya piensan en verde
Gastón Remy
Presidente de Dow
La multinacional del rubro petroquímico se asoció con la empresa estatal Invap para desarrollar un parque eólico en Río Negro, con una inversión de US$ 123 millones.
Juan Carlos Fernández
Ceo de Impsa
La empresa de la familia Pescarmona ya superó sus problemas financieros y avanza con nuevos proyectos en Mendoza, La Rioja y Córdoba.
Doris Capurro
Presidenta de Luft energía
Después de dejar YPF, creó su propia empresa para financiar proyectos de recursos renovables, apuntando principalmente a la energía eólica.
Walter Lanosa
Gerente general de Genneia
La firma, dueña del parque eólico más grande del país (en Rawson), tiene en marcha un programa de inversiones por US$ 450 millones.
LA NACION
