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Mientras a Colombia le hacían falta algo más del 5% de su generación eléctrica para evitar los racionamientos de luz, debido a la escasez de agua que el fenómeno de El Niño ha causado en las hidroeléctricas que representan cerca del 80% de esta producción diaria, inversionistas privados tienen registrados, con estudios de conexión, 19 proyectos de energías eólica y solar, que pueden producir el 6,5% de la electricidad que necesita el país, esperan una reglamentación.
EL HERALDO conoció que la mayoría de estas iniciativas, que reposan en una especie de banco de proyectos de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, tienen a la Región Caribe como epicentro de generación: están formulados 12 proyectos eólicos –aprovechamiento del viento– para La Guajira, con una producción de 1.591 megavatios (MW), y hay otros 7 solares, de los cuales 4 están propuestos en el Cesar, 2 en Atlántico y 1 en Sucre, con capacidad para 120,2 megavatios. (Ver tabla: Los proyectos propuestos)
“Todo está frenado por incumplimiento de la Ley 1715 del 2014 que, casi dos años después de su aprobación en el Congreso y de haber sido firmada por el presidente Juan Manuel Santos, no la han reglamentado”, denuncia el senador José David Name Cardozo, creador de la llamada Ley de energías limpias o renovables.
Afirma que el retraso “sí” beneficia al sector hidroeléctrico, pues subraya que “como hay escasez de energía los precios se han disparada, afectando a los consumidores”.
Name señala directamente al viceministro de Energía, Carlos Eraso, y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, de “haber engañado al presidente Santos y al país” al decirles que la generación hidráulica “podía soportar la matriz energética nacional” en medio de la severa sequía.
FALTA POR HACER
El Ministerio de Minas y Energía adoptó en febrero de este año el Plan de Expansión de Referencia Generación-Transmisión 2015-2029 elaborado por la UPME.
En un comunicado, el director de esta entidad, Jorge Valencia, informó que fueron estudiados y definidos 8 posibles escenarios para la matriz energética de generación, con base en la dotación de recursos naturales, el registro de proyectos y las solicitudes de conexión, “encontrando que se requieren entre 4.208 y 6.675 megavatios de expansión para la próxima década”.
Este escenario contempla una “mezcla óptima” de todas las fuentes de energías, tanto convencionales como no convencionales, aunque principalmente se sustenta en la generación térmica a base de carbón (1.000 MW), eólica –en el norte de La Guajira– (1.200 MW), hidráulica (cercana de 1.500 MW), aproximadamente 500 MW en proyectos solares, geotérmicos y de biomasa y 700 MW en plantas de generación menor.
Sin embargo, empresarios del sector de las energías limpias consideran que “falta mucho por definir”.
Así lo estima Andrés Aranguren, gerente de Green Caribbean, empresa que tiene registrado un proyecto de 19,9 MW de generación solar en Valledupar, con inversión de USD30 millones.
Dice que “el principal problema es la falta de claridad en las posiciones del Gobierno” y señala que los esfuerzos que este haga no deben apuntar solo a los “incentivos cortos y breves”.
Se refiere a que además de los descuento en los aranceles para la importación de equipos, la exclusión del IVA y la deducción en el impuesto de renta, contemplados en el Decreto 2143 del 4 de noviembre de 2015 expedido por el Ministerio de Minas y Energía, también “debe existir una tarifa especial , clara y definida para las energías limpias”.
Señala que hay proyectos que fueron presentados incluso antes de que se expidiera la Ley 1715, “lo que significa que el país está rezagado en este tema, mientras el mundo cambia”.
“Si esta política se hubiera trazado hace 10 o más años, esa energía que hoy nos está haciendo falta la tendríamos disponible con estas fuentes energéticas, que son más amigables con el medio ambiente y es hacia donde avanza el mundo”, agrega Aranguren.
La petición de una tarifa especial radica en que construir proyectos eólicos o solares sigue siendo –a pesar de que los precios han bajado– más costoso por la tecnología que utilizan.
A LA ESPERA
En similar sentido, el ingeniero Andrés Cortes, de la empresa barranquillera Technoelite, que tiene registrados dos proyectos de energía solar en Baranoa y Polonuevo, Atlántico, para generar 19,3 MW y 10 MW, respectivamente, con inversiones de 24 y 17 millones de dólares, manifiesta que la falta de reglamentación hace que las empresas que tratan de impulsar estos proyectos “atrasen la ejecución y que sean menos atractivos en Colombia”.
Además de la Creg, en la reglamentación de la Ley 1715 tampoco han cumplido, en lo que les corresponde, los Ministerios de Hacienda y Agricultura, ni la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. “Lo que han hecho el Minminas y la UNEP es la parte mínima de lo que toca. Apenas el 10%”, dice Name.
El consultor César Lorduy opina que la falta de una reglamentación “oportuna, expedita y motivada” de la citada ley, para promover el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, “es la prueba que demuestra el modelo privilegiado dado a la energía hidráulica en el país”.
Considera que si los proyectos registrados ante la UPME estuvieran operando “nos brindarían energía suficiente para no depender de la que hoy le compramos a Ecuador y sería un gran respaldo para el Sistema Eléctrico Nacional ante la escasez de agua”.
BAJAR COSTO DE ENERGÍA
Óscar Roballo, directivo del proyecto Awarala Central Eléctrica, que se construye en Sucre, reconoce el paso que dio el Minminas con el Decreto 2143, pero, igualmente, sostiene que “hay muchas cosas por aclarar y reglamentar”. “Ha sido lento este proceso”, opina.
Destaca que el objetivo de estos proyectos “es entrar a fortalecer la matriz energética nacional, para evitar o prevenir crisis como la actual”.
Awarala, localizado en zona rural de Toluviejo, está proyectado para generar, las 24 horas del día los 365 días del año, 19,9 megavatios –es una mezcla de energía solar con inducción mecánica–. La inversión es de 43,5 millones de dólares.
En un pronunciamiento enviado a EL HERALDO, la presidenta de la recién creada Asociación de Energías Renovables de Colombia, SER Colombia, Azahara López, destaca que si bien la Ley 1715 es una “buena base para facilitar una reglamentación que cambie el modelo comercial y regulatorio del país”, se requieren otros mecanismos que favorezcan una “mayor diversificación de la matriz energética”.
Desde SER Colombia, que agrupa a 23 empresas dedicadas a las energías renovables no convencionales, la ejecutiva considera que el país debe “fomentar los contratos de energía a largo plazo para dar una señal sólida y eficiente a los inversionistas” de este sector.
Al respecto, el consultor Carlos Diago destaca que impulsar la energía eólica y solar “favorecería a los usuarios” porque “no seguirían privilegiando a las hidroeléctricas” que ganan miles de millones de pesos durante emergencias como la que vive el país.
“En un mercado con más ofertas, los precios bajan y los usuarios tienen la opción de escoger los mejores precios”, dice y cuestiona que por las “manipulaciones del mercado” no exista la posibilidad de que las comercializadoras firmen contratos de compra de energía a largo plazo.
Cita el caso de Electricaribe y explica que esta empresa, que atienda a la Costa, abrió en 2015 más de 10 convocatorias para comprar energía, pero quienes se la ofrecieron “presentaron precios costosos, prohibitivos, imposible de trasladar al usuario, por lo tanto”.
Por esa razón Electricaribe ha aumento desde septiembre de 2015 su exposición en bolsa. “¿Qué significa esto? Que la energía que está adquiriendo a precio de escasez, a 302 pesos/kilovatios, incide sensiblemente en la tarifa y aumentó de $155 en septiembre a $198 en febrero”, subraya.
LA COSTA, NICHO DE RENOVABLES
Destaca Carlos Diago que zonas de la Costa como La Guajira y Cesar serían un “bastión energético nacional de fuentes no renovables”.
Explica que cuando en las épocas de sequía hay menos agua y se afecta la generación hidroeléctrica, se favorece la producción de energía eólica y solar.
La UPME incluso destaca la capacidad eólica de la península guajira, donde los estudios señalan que es una de los mejores de Suramérica. Allí funciona desde 2004 el Parque eólico Jepírachi, que produce 19,5 megavatios. Es propiedad de EPM de Medellín y está conectado al sistema nacional. Nació como un “plan piloto” de parte de esta empresa para “aprender a manejar” esta tecnología, explica el ingeniero Santiago Villegas, director de Planeación.
La conclusión que han sacado en EPM es que el país debe aprovechar este tipo de recursos para complementar la matriz energética. Es decir, tener más posibilidades de hacer frente a crisis como las que ha desatado peor El Niño de toda la historia, como ha sido definido el fenómeno que tuvo al país a las puertas de un nuevo apagón nacional, como en 1992.
Igual ventaja en el país ofrece la producción de energía solar en La Guajira y Cesar, o en regiones como Arauca, Casanare, Vichada y Meta, donde los niveles de radiación se asimilan a los mejores del mundo, en el caso del desierto de Atacama en Chile o los estados de Arizona y Nuevo México en EEUU, dice la UPME.
DE INTERÉS: 3.495,9 MW A LA ESPERA
Además de los proyectos registrados y con estudios de conexión ante la UPME, fuentes consultadas señalaron que en materia de energía eólica hay 14 propuestas más con estudios de conexión, aunque no registrados, que plantean generar 2.154 MW y 9 que han presentado carta de intención, por 1.150 MW.
En energía solar hay 3 proyectos con estudios de conexión, pero no registrados, para 189,9 MW. Toda esta canasta energética que también tendría como centro de operaciones a la Región Caribe, fundamentalmente a La Guajira y el Cesar, sumaría 3.493,9 megavatios, es decir 12,5% de la electricidad diaria que demanda el país.
Por los riesgos eléctricos a los que con mayor frecuencia se ve expuesto el país por la escasez de lluvias, tal como hoy acontece, y los altos precios de la energía que hay que pagar, tanto en los sectores residenciales como productivos, es necesario pensar, estratégicamente, en el “desarrollo y uso” de otras fuente de energías renovables, entre ellas la eólica y la solar.
Así lo plantea la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, en el estudio Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia, elaborado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en 2015. El documento conocido por EL HERALDO puntualmente habla de la “alta dependencia” nacional que existe de los recursos hidroeléctricos y advierte que análisis recientes han “pronosticado que la vulnerabilidad a las sequías crecerá significativamente” debido al cambio climático.
Llama la atención, asimismo, que en el mundo existen ejemplos de países –como Uganda y Albania– que dependen de la generación hidroeléctrica y han tenido que “enfrentar continuas crisis energéticas a causa de sequías”.
Y recalca que al momento de optar por la generación térmica, esos naciones han quedado expuestas a “riesgos asociados a la volatilidad de los precios del mercado internacionales de los combustibles fósiles”, petróleo, gas, carbón.
En el caso de Colombia, dice la UPME, la matriz eléctrica depende de la hidroenergía que, a diciembre de 2014, representaba el 70% de la capacidad instalada y un 70% a 80% de la generación eléctrica anual. Esto, concluye el estudio, “conduce a considerar” la necesidad de integrar otras fuentes y tecnologías renovables a esta canasta –además de las energías eólica y solar, la generación geotérmica y la cogeneración moderna a partir de la biomasa– con el fin de “reducir la dependencia” en las fuentes convencionales, tanto hidroeléctricas, a gran escala, como térmicas.
¿Por qué razón?
En el caso de la energía hidráulica se ve afectada por fenómenos como El Niño y el cambio climático; la térmica está sujeta a la subida de los precios y al agotamiento local del gas natural –se prevé que deberá importarse a partir del 2017 o 2018– y del petróleo –las reservas nacionales alcanzan para unos 7 años–. El carbón que es el único combustible fósil con reservas para 170 años.
Naciones como China, Alemania, España, Estados Unidos, Noruega, Japón y en Latinoamérica Brasil, Chile y Uruguay han avanzado notablemente en el uso de las fuentes no convencionales de energía renovables. Los uruguayos esperan alcanzar este año un 30% de abastecimiento de su electricidad con energía eólica.
En Colombia, en cambio, existe un “relativo subdesarrollo” de estas fuentes energéticas, en especial porque el Gobierno Nacional y los “tomadores de decisiones” del sector no han definido la “necesidad de trazar una hoja de ruta o una estrategia” para aprovechar dichos recursos.
Agrega el análisis que a pesar de que se han fijado algunas metas para la participación de estas fuentes en la canasta eléctrica, los objetivos “no se han cumplido” por la “inexistencia de una política” firmemente establecida que apoye y promueva su desarrollo y utilización.
En cuanto a los precios de la energía eléctrica en bolsa, la UPME recuerda que ha mantenido una tendencia constante al alza del 2000 al 2014, llegando a precios cercanos a los 500 pesos/kwh. Destaca que mientras esto sucede con la generación térmica e hídrica, en países donde hay energías renovables los precios han disminuido.
Cita, por ejemplo, que los contratos de largo plazo para energía eólica suscritos en Perú, Brasil y Uruguay, a través de subastas entre 2006 y 2012, estuvieron en el rango de los 80-180 pesos/kwh.
Considera el estudio que de apoyar las energías renovables de manera estratégica, Colombia podría “agregar un impulso adicional a su crecimiento económico al reducir los costos de energía para importantes sectores industriales”, siempre y cuando se desarrollen proyectos competitivos con respecto a las condiciones de los mercados.
Finalmente, ante el potencial de recursos de las energías renovables disponibles en el país, la UPME sostiene que el “contexto actual” es adecuado para que las autoridades responsables de las políticas energéticas “dediquen esfuerzos al fomento de estas tecnologías que podrán traer beneficios” en el mediano y largo plazo, a través de decisiones que “se traduzcan en un marco normativo y regulatorio favorable” para la participación en el mercado eléctrico nacional.
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